En medio de la crisis política del gobierno de Gabriel Boric, el diputado y presidente del gremialismo reafirma que, pese a los nuevos antecedentes conocidos del caso Monsalve, no impulsarán un libelo contra el Mandatario porque quieren evitar generar inestabilidad institucional. Eso sí, insiste en que la ministra Tohá debe dejar el cargo.
Si la revelación de una denuncia por violación a una autoridad de gobierno con sede en La Moneda configuraba por sí misma un escándalo, la reacción del Presidente y los distintos ministros -sin ningún libreto en común- terminó por detonar una crisis, acaso una de las más graves que ha enfrentado la administración de Boric. Una serie de altos y bajos que aún no parece terminar.
La parlamentaria, a diferencia de otras voces de su propio partido, también defiende a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la gestión que ha tenido en esta crisis. “Me parece bastante injusto cuestionarla a ella por actos y hechos que son de exclusiva responsabilidad de Monsalve”, sostiene.
En la conversación, según un informe de radio Biobío, Eduardo Cerna habría comunicado a Ángel Valencia los antecedentes que mantenía sobre la contingencia, incluyendo el rol que cumplieron efectivos de inteligencia en el caso Monsalve. Tras esto, se dirigió a La Moneda a hablar con la ministra del Interior.
Tras 32 años de militancia, Manuel Monsalve fue expulsado por unanimidad del Tribunal Supremo del PS, a propósito de la denuncia por violación ingresada en su contra.
La jefa de gabinete ha estado en el centro de las críticas a propósito del caso Monsalve.
La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando todas las actividades que desplegó el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, previo a la denuncia por violación presentada en su contra. A la revisión de las cámaras del Hotel Panamericano y el restaurante Ají Seco, ahora se suma la incautación de registros audiovisuales que hace la Municipalidad de Santiago. Para hacerse de los dispositivos, personal de Inteligencia simuló estar indagando un secuestro en la capital.
Fue la primera jefa de Inteligencia de todas las ramas policiales y de las Fuerzas Armadas. Fue también a quien contactó el exsubsecretario para desplegar una serie de maniobras previo a la denuncia por violación que se presentó en su contra el 14 de octubre. Cercanos a la mujer dicen que fue engañada por Monsalve y es que el perfil de la removida jefa de Inteligencia -dicen en la PDI-, nunca fue de "calle", sino más cercana al mundo político. De ahí que no pocos piensan que se encumbraba como la próxima directora de la policía civil hasta que este escándalo se cruzó en su camino.
En Palacio miran atentos cómo avanza la indagatoria del Ministerio Público y la Contraloría, que podría llevar a Boric o Tohá a declarar en calidad de testigos. En el gobierno y en particular en la Subsecretaría del Interior también se encendieron las alarmas ante la versión de la abogada de la denunciante de que habría sido amedrentada por un funcionario de la repartición antes de acudir a la PDI.
La titular de Interior dijo que los chequeos de la policía uniformada hasta el momento no han arrojado resultados positivos sobre eventuales actuaciones en el marco de la denuncia contra el exsubsecretario del Interior y que en las próximas horas habrá una respuesta oficial de la institución policial al oficio de la Fiscalía.
El fiscal Xavier Armendáriz solicitó un informe sobre eventuales procedimientos llevados a cabo en el Hotel Panamericano donde habría ocurrido el presunto ataque sexual y en el restaurante donde se reunieron previamente Monsalve y la denunciante.
"Descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona”, manifestaron los abogados del exsubsecretario.
"Si el señor Monsalve, ocupando su cargo, ejerció indebidamente sus atribuciones, forma parte de la investigación penal", planteó el subsecretario del Interior.
Los gremialistas solicitaron emprender acciones judiciales por obstrucción a la justicia y otros delitos. "El gobierno no puede seguir con la misma actitud pasiva que mantienen desde hace más de una semana", señalan.
