Los parlamentarios de la comisión acordaron que el plazo para recibir las indicaciones será hasta el viernes 26 de abril.
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Los abogados de la comunidad Pu Wapi aseguran que en el duro revés sufrido este jueves en la comisión regional de Aysén se usaron "argumentos racistas" y sostienen que el efecto práctico de la votación inhabilita de manera a los integrantes de dichas comunidades para presentar nuevas solicitudes para administrar los espacios costeros marinos.
El desestimiento de dos de las cuatro comunidades que originalmente levantaron las peticiones de ECMPO “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscaban administrar poco más de 621 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén, acusando nunca haber conocido de ellas, además de la extensión del territorio marítimo solicitado y la falta de armonía con los diversos usos, fueron los principales argumentos de los delegados del gobierno, así como de los seremis y directores regionales de servicios con competencia. Todos los alcaldes y representantes de los pescadores artesanales se sumaron al rechazo.
“Cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, si es que se llegaran a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantía. Entonces, por eso es que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces, por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge.
Desde los gremios de Sofofa entre Arica y Coquimbo, enviaron un comunicado donde expresaron su preocupación por el tema. “Hacemos un fuerte llamado a que prime la cordura, ya que, de aprobarse, sentaría un precedente que podría implicar un fuerte desincentivo a la inversión en todo el borde costero de la macrozona Norte”, indicaron.
Este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la región austral sesionará para ver si acoge o no dos propuestas que entregarían más 600 mil hectáreas de territorio marítimo a dos comunidades indígenas, donde más del 80% tiene uso preferente para actividades como la acuicultura y la extracción de recursos bentónicos. Del total de integrantes, 28 son autoridades locales, entre ellos 14 representantes del gobierno y nueve alcaldes.
La versión de La Moneda para no transparentar los encuentros realizados en la casa del lobbista perdió credibilidad entre los parlamentarios del sector. A ello se suma que las alternativas jurídicas para justificarse ante Contraloría también se van agotando.
La compañía, que comercializa sus productos bajo la marca El Golfo, señaló mediante una carta interna a sus empleados, que buscará que el proyecto sea modificado en su tramitación en el Congreso.
"La industria hizo sus comentarios y también planteó su visión de largo plazo. De eso se trató la conversación", dijo el titular de Economía en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, a la que concurrió, junto a la ministra Rojas, para explicar por qué no reportaron esa audiencia como lobby.
"Si yo hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de la salmonicultura iba a haber alguien que, junto con tener participación en la salmonicultura, también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido o no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera”, comentó el ministro de Economía, Nicolás Grau tras su encuentro con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett.
“Nuestra visión es que, dado el tema que se tocó en la reunión y la forma en la que se tocó ese tema, no era necesario registrarla por plataforma (de la Ley de Lobby)", dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, tras ser consultado por el encuentro con empresarios que sostuvo en casa de Pablo Zalaquett.
Tras el inicio oficial de la tramitación, se conocieron los detalles del proyecto, que cuenta con más de 210 páginas, 375 artículos permanentes y 28 transitorios. Además, el informe financiero que acompañó al proyecto revela que la iniciativa generaría un mayor costo fiscal por más de $5.000 millones, lo que sería compensando completamente por una mayor recaudación, cercana a los $9.000 millones. La Cámara ofició a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre procedimientos judiciales y de apelación ante posibles sanciones administrativas.
Si bien el proyecto de ley será ingresado en los próximos días, el Ejecutivo detalló algunos de los aspectos técnicos de la iniciativa, remarcando en la redistribución de los recursos en favor del sector artesanal. Desde los sectores industriales dijeron estar "desconcertados" por no haber sido invitados al anuncio del proyecto, y que lo interpretan como "una señal para invisibilizar y estigmatizar a nuestro sector".
El Presidente Gabriel Boric se trasladará hasta Quintay -bahía donde funcionaron las principales balleneras del país- para realizar el acto de lanzamiento del proyecto que buscará reemplazar la polémica legislación aprobada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, mientras Pablo Longueira fue ministro de Economía. Aunque la elaboración del proyecto incluyó más de 200 encuentros con organizaciones, pescadores y la industria, parlamentarios oficiales acusan falta de trabajo prelegislativo para acordar partes del contenido.
Tres de los cuatro parques nacionales y zonas adyacentes en las que existe actividad acuícola industrial, quedarán libres de salmonicultura, gracias al compromiso de dos de las tres empresas que realizan allí sus actividades.
