Ambos legisladores del Frente Amplio pertenecen a corrientes distintas y son cartas para postular al Senado por la Región de Valparaíso. Por ende, son competidores naturales de un mismo espacio electoral.
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Enmienda del diputado Jorge Brito (Frente Amplio) señala que "el estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se deberá respetar el estado físico y mental del animal, por lo que estará estrictamente prohibido generarles estrés y dolor innecesario, tratarlos de forma cruel, o prolongar su agonía”.
Ante la polémica por las indicaciones de legisladores de derecha, que fueron copiadas de un informe jurídico encargado por la entidad, la Sociedad Nacional de Pesca señaló que el gobierno también extrajo algunas propuestas.
El nuevo Consejo Marítimo Nacional, que reúne a más de 200.000 trabajadores, agrupa a representantes de sindicatos, federaciones, gremios, pymes y empresas de actividades mercantes, pesqueras, salmoneras y portuarias de todo el país. En una declaración catalogan de “refundacional” el proyecto para la nueva ley de Pesca y sostienen que las iniciativas no consideran “ la opinión mayoritaria de los actores de cada sector”.
El ejecutivo refuta en duros términos la propuesta legislativa del Ejecutivo, y asegura que el sector se encuentra en el peor de los escenarios, ya que arriesgan a quedar sin gran parte de las pesquerías, tras años de pérdidas que estaban comenzando a revertir. En el caso de Camanchaca, asegura que han realizado inversiones por más de US$175 millones desde que está vigente la actual ley, que aún no recuperan. “Es una amenaza directa a todos los pescadores industriales en Chile”, sostiene.
El acuerdo con la comercializadora de energía, también perteneciente al holding Empresas Copec, supera los 23 GWh anuales hasta el 2027, con renovaciones sujetas a metas de sostenibilidad. A ello se suman iniciativas de eficiencia energética que buscan reducir en un 18% el consumo de gas licuado y en un 15% el combustible diésel para la flota pesquera.
Según detallaron en un comunicado, este buque fue construido en Valdivia por el astillero ASENAV alcanzando 30,8 metros de largo (eslora), 9 metros de ancho (manga) y mide hasta 3,9 metros de alto (puntal). Una de sus principales características es su calado de 3 metros.
Los parlamentarios de la comisión acordaron que el plazo para recibir las indicaciones será hasta el viernes 26 de abril.
Los abogados de la comunidad Pu Wapi aseguran que en el duro revés sufrido este jueves en la comisión regional de Aysén se usaron "argumentos racistas" y sostienen que el efecto práctico de la votación inhabilita de manera a los integrantes de dichas comunidades para presentar nuevas solicitudes para administrar los espacios costeros marinos.
El desestimiento de dos de las cuatro comunidades que originalmente levantaron las peticiones de ECMPO “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscaban administrar poco más de 621 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén, acusando nunca haber conocido de ellas, además de la extensión del territorio marítimo solicitado y la falta de armonía con los diversos usos, fueron los principales argumentos de los delegados del gobierno, así como de los seremis y directores regionales de servicios con competencia. Todos los alcaldes y representantes de los pescadores artesanales se sumaron al rechazo.
“Cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, si es que se llegaran a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantía. Entonces, por eso es que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces, por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge.
Desde los gremios de Sofofa entre Arica y Coquimbo, enviaron un comunicado donde expresaron su preocupación por el tema. “Hacemos un fuerte llamado a que prime la cordura, ya que, de aprobarse, sentaría un precedente que podría implicar un fuerte desincentivo a la inversión en todo el borde costero de la macrozona Norte”, indicaron.
Este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la región austral sesionará para ver si acoge o no dos propuestas que entregarían más 600 mil hectáreas de territorio marítimo a dos comunidades indígenas, donde más del 80% tiene uso preferente para actividades como la acuicultura y la extracción de recursos bentónicos. Del total de integrantes, 28 son autoridades locales, entre ellos 14 representantes del gobierno y nueve alcaldes.
La versión de La Moneda para no transparentar los encuentros realizados en la casa del lobbista perdió credibilidad entre los parlamentarios del sector. A ello se suma que las alternativas jurídicas para justificarse ante Contraloría también se van agotando.
La compañía, que comercializa sus productos bajo la marca El Golfo, señaló mediante una carta interna a sus empleados, que buscará que el proyecto sea modificado en su tramitación en el Congreso.
