En la jornada de ayer se dio a conocer que la familia del exteniente venezolano decidió viajar al país trasandino luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político.
12 jul 2024 09:46 AM
En la jornada de ayer se dio a conocer que la familia del exteniente venezolano decidió viajar al país trasandino luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político.
La viuda y el hijo del teniente (r) Ronald Ojeda viajaron a Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político. Esto, tras argumentar que en Chile se encontraban en peligro, luego del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano.
El núcleo familiar del exmilitrar venezolano -quien fue secuestrado y asesinado en Chile- se trasladó al país transandino argumentando razones de seguridad.
La familia del exmilitar venezolano concretó su llegada a Argentina este jueves, esgrimiendo razones de seguridad.
Previo a su secuestro, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda salió del país por un paso no habilitado, ya que como refugiado no podía hacerlo. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2023 decidió arriesgar su condición en Chile para reunirse con el capitán Angello Heredia, quien planificaba un alzamiento contra Nicolás Maduro. Los planes no resultaron en Venezuela y tras retornar fue víctima de lo que hoy es investigado como un crimen transnacional con motivos políticos. Aquí la historia.
La ministra del Interior abordó este martes la detención de Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, un ciudadano venezolano que vivió cuatro años en Chile y que es sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal.
Ministerio Público enviará huella detectada en el cuerpo del fallecido exmilitar al extranjero y también elevó solicitud a tribunales para reparar y extraer información de sus celulares. Pese a los avances, la viuda, a través del abogado que la representa, advierte que se estarían pasando a llevar sus garantías como víctima al no poder acceder al expediente del caso, por lo que solicitarán audiencia para que se discuta la reserva que rige sobre la causa.
La titular de Interior retrucó los dichos de la alcaldesa de Providencia, quien aseguró que en el documento entregado al subsecretario Manuel Monsalve se incluía a ciudadanos venezolanos vinculados posteriormente a crímenes cometidos en el país.
Por su parte, el subsecretario del Interior desmintió a la alcaldesa de Providencia y aseguró que, de los tres sospechosos por el crimen de Ojeda, “ninguno de estos nombres están en el listado".
La alcaldesa de Providencia acusó que hace dos años le entregó al subsecretario del Interior un listado con 75 nombres de personas que pertenecerían al crimen organizado, entre ellos, de los sospechosos por dichos casos emblemáticos. Sin embargo, la autoridad de gobierno lo descartó y llamó a la jefa comunal a "aclarar" sus declaraciones.
“Si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos, si igual no hacen nada con ello”, acusó la jefa comunal.
El ministro de Justicia, en diálogo con Desde La Redacción de La Tercera, además apuntó que “es muy evidente la forma y modo distinta en que las autoridades chilenas abordamos las instituciones” en comparación a lo que sucede en el régimen de Nicolás Maduro.
La titular de Interior apuntó que mediante este acuerdo, si los prófugos son atrapados en Venezuela, podrían enfrentar a la justicia en territorio nacional y luego cumplir la condena en el país de origen.
El titular de Justicia defendió el trabajo de la Fiscalía chilena y aseguró que las constantes acusaciones de Tarek William Saab se deben a "la inquietud que probablemente pueda tener él o algunos personeros del gobierno venezolano respecto a la investigación de la Corte Penal Internacional, de los antecedentes de lo que puede irrogar el origen del crimen de Ojeda".
El fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, indicó que, de encontrarlos y detenerlos en su territorio, los sujetos serían procesados por la justicia venezolana, puesto que su Constitución no permite la extradición. Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, exigió que los sospechosos sean trasladados y juzgados en Chile, usando de argumento el tratado suscrito entre ambos países el 2 de junio de 1962.