David Cabedo (RN), quien obtuvo el cuarto lugar de las preferencias; además de los independientes Miguel Pino (sexto) y Genaro Balladares (quinto); sumado al DC Gustavo Toro (segundo), acusan una serie de irregularidades que darían pie -a su juicio- a que la autoridad competente pueda impugnar su elección.
El ex PS fue reelecto el domingo, pero su intento por poner a los suyos en comunas de la capital no tuvo éxito. Además, mañana el concejal DC Gustavo Toro, quien salió segundo tras Aguilera, presentará en el Tribunal Electoral un recurso de impugnación de las elecciones de alcalde en San Ramón. La jugada busca trabar la ratificación del edil a la espera de la audiencia de formalización que la Fiscalía Metropolitana Sur pidió adelantar para el 21 de junio, una semana antes de la fecha programada para el comienzo de su nuevo mandato.
Encerrona, disparos al aire y frases directas de "te vamos a matar" son algunos de los hechos que Gustavo Toro (DC) denunció ante la Fiscalía Sur. Tras evaluarse el nivel de riesgo y la calidad de candidato que tiene el funcionario municipal, Carabineros dispuso un plan de resguardo a cargo de un efectivo del departamento de Protección de Personas Importantes (P.P.I.).
De acuerdo a antecedentes preliminares, en gimnasio de la comuna, que se encuentra en cuarentena, se habría estado entregando mercadería y vales de gas en horario de toque de queda.
Durante la madrugada de este lunes, en tres puntos de la Región Metropolitana se registraron protestas bajo el llamado de exigir soluciones habitacionales. Grupos de aproximadamente 50 personas cortaron el tránsito portando pancartas y banderas. Los asistentes se retiraron pacíficamente y no se reportan detenidos.
El médico internista hace un crudo análisis de la realidad que ve a diario en el servicio que dirige y al que llegan principalmente pacientes de La Pintana, La Granja y San Ramón, municipios que tienen algunos de los índices más altos de mortalidad por coronavirus en la Región Metropolitana.
El Ministerio Público requirió audiencia para levantar cargos en contra del edil Miguel Ángel Aguilera Sanhueza (exPS) por diversos presuntos delitos de corrupción. El jefe comunal es cuestionado desde 2017 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En marzo pasado, La Tercera publicó un reportaje en que abordó el plan de expansión de Miguel Ángel Aguilera, en la zona sur de la RM a través de candidatos a concejales y a alcaldes. Plan que fue posible gracias a los cupos que le ofreció la FRVS, los que fueron gestionados por Juan Droguett, quien se desempeñaba como encargado provisional de la colectividad en la región.
El parlamentario se refirió a los nexos de su colectividad con el jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien es cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. "Si hay algún vínculo que compruebe el Tribunal Supremo, no va quedar ninguna persona relacionada con ese tipo de situaciones", dijo.
El timonel de la DC junto a la precandidata presidencial, expresaron su solidaridad al postulante a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro. Quien actualmente se desempeña como concejal, acusa persecuciones, encerronas y amenazas por parte de narcotraficantes, y denuncia vínculos del actual edil de la comuna, Miguel Ángel Aguilera, con delincuentes y grupos ligados al narcotráfico.
Actual edil -que tiene un requerimiento de destitución abierto en el Tribunal Electoral por faltas a la probidad- buscará la reelección como independiente tras haber sido expulsado del PS hace dos años por motivos de corrupción. En la oposición y el oficialismo reconocen que si bien se trata de una contienda cuesta arriba por el apoyo que Miguel Ángel Aguilera sigue teniendo en el territorio, tanto Unidad Constituyente, el Frente Amplio y Chile Vamos buscarán desplazarlo en los comicios de abril.
Se trata de uno de los cargos más importantes de la estructura organizacional del partido que encabeza el senador Álvaro Elizalde y que tiene por misión el establecimiento de vínculos territoriales.
Se dice que Chile está lleno de fallas, no es cierto. Hay muchas fallas, sí, pero constituyen un peligro localizado que debe ser investigado y estudiado en forma específica, para dilucidar su carácter activo.
La entidad comunal encabezada por el alcalde Miguel Aguilera deberá poner término a los vínculos contractuales e informar de ello en un plazo de 60 días hábiles.
