El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, remarcó que "el juez Muñoz parece confundir los fundamentos de esta acusación. No estamos aquí para discutir si sus fallos fueron acertados o no".
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La corporación destinará toda la jornada de este martes para analizar ambos libelos por separado.
Existe la posibilidad que el senador Francisco Chahuán (RN) opte por la inhabilidad, tal como lo hizo en el pasado en una acusación contra una ministra de Corte de Apelaciones. Eso sí, el RN fue enfático en señalar que primero debe escuchar los alegatos para tomar una decisión.
A las diez de al mañana comenzarán las sesiones de las acusaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
El libelo presenta dos capítulos, los que se discutirán por separado para Muñoz y para Vivanco, si solo uno de ellos se aprueba para cada ministro, éste quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
Persisten las interrogantes respecto del caso que mantiene al magistrado bajo amenaza de acusación constitucional. Y es que pese a que fue inhabilitado, el planteamiento que emitió en un proyecto de fallo antes de que la causa fuera anulada, fue tomado de manera íntegra por quien lo reemplazó.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que no habían "precedentes de una acusación contra más de un juez sobre la base de hechos sustancialmente distintos".
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Los parlamentarios que votaron a favor de acusar al ministro Muñoz en la Cámara respondieron que nunca se han cuestionado sus fallos, sino que el libelo en su contra es respecto a dos acciones donde habría favorecido a su hija, la jueza Graciel Muñoz. Esta semana, el Senado resolverá el destino de él y de la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco.
El magistrado enfrentará una acusación constitucional en el Senado, que, de ser aprobada, podría destituirlo de su cargo. El libelo se funda en la presunta entrega de información privilegiada de parte del ministro a su hija, la jueza Graciel Muñoz, en torno a un proyecto inmobiliario en el que ella invirtió.
“Conmigo se está cometiendo una injusticia”, asegura sin dudar el poderoso ministro de la Corte Suprema. El magistrado enfrenta una acusación constitucional en el Senado que, de aprobarse, pondrá fin a sus 42 años en el Poder Judicial. “Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias no pueden ser revisadas por otro poder del Estado”, enfatiza y agrega estar confiado en que los senadores escucharán su defensa sin ser prejuzgado.
Así, en el año 2024 después de Cristo, el Congreso Nacional de la República de Chile decidió renunciar a siglos de civilización basada en las responsabilidades individuales, y volver a los tiempos bíblicos en que las culpas eran colectivas, y los castigos, también.
Pocas veces se consigue asiento para un espectáculo como el de estos días: los tres poderes del Estado entreverados en un proceso autodestructivo que se ve sólo en años excepcionales, los años de los cometas.
"Me parecería muy lamentable, que se utilizara una acusación constitucional, en esta o cualquiera otra, para expulsar a un ministro de la Corte por una decisión o por un conjunto de decisiones jurisdiccionales", dijo el titular de Justicia.
