A comparación de lo que se veía hace 30 o 40 años, hoy los asentamientos en Chile han dejado de ser una alternativa transitoria y han pasado a convertirse en pequeñas localidades con calles, bazares e iglesias.
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La Sala Constitucional del máximo tribunal tiene una nueva jurisprudencia en materia de ocupación de terrenos. Si hace algunos meses atrás ordenaba la coordinación de las autoridades para darles una solución a los ocupantes, ahora los ministros entregan una mayor protección al derecho de propiedad ordenando el abandono del lugar. Si eso no ocurre, mandata a las instituciones a ocupar la fuerza pública en un plazo de seis meses. Este es el nuevo escenario que surgió luego de una sentencia despachada a fines de noviembre y redactada por el magistrado Jean Pierre Matus.
Datos preliminares de un estudio de la PUCV revelan que esta área pasó de tener 403 hectáreas tomadas en 2021 a 650 en 2022. El aumento va aparejado de un crecimiento del 67% de causas por usurpación y loteos irregulares, según detalla la Fiscalía. Y hay más: el problema también se extiende a San Antonio y el litoral central.
El pequeño poblado ubicado a kilómetros de San Carlos de Bariloche se ha convertido en el escenario de violentos incidentes. La quema de una caseta de Gendarmería y la toma de terrenos en los últimos días ha acrecentado un problema que se arrastra desde hace años, y al que aún no se encuentra una solución definitiva.
Al menos cinco miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) habrían sido parte del ataque incendiario y armado contra una caseta custodiada por Gendarmería el domingo, aseguró Patricia Bullrich. Según testigos, detalló la exministra de Mauricio Macri, también hay sospechas de la presencia de dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Hace una semana, 50 personas organizadas llegaron en un bus para intentar ocupar un sitio de la comuna, una recurrente forma de operar, acusan desde el municipio. Este año se han evitado cuatro intentos de tomas, aunque la proliferación de estos asentamientos irregulares está incontrolable: hay 28 tomas y desde 2019 a la fecha han aumentado un 482%.
En el marco de las movilizaciones estudiantiles, el titular de Educación sostuvo que "estas legítimas demandas que compartimos nosotros tienen una vía de solución a través del diálogo, y de la coordinación anticipada de las distintas autoridades".
Distintos actores que se ven implicados de una u otra forma en el proceso que significa una toma de terreno, dan su testimonio. La escasez de atribuciones, o la falta de aplicación de estas por parte de las autoridades, pero también la carencia de viviendas o los altos valores de arriendos, y otros elementos, confluyen para que, según relatan los mismos consultados, esto sea una verdadera “bola de nieve”.
A través de centros de estudiantes y colectivos independientes, los alumnos de establecimientos emblemáticos comienzan a exigir planes de retorno a clases, aunque advierten que esto no implica dejar de lado las demandas que tienen desde antes de la llegada de la pandemia.
Esobar fue capturado ayer luego de que se encontrara el cuerpo del niño de 3 años y medio desaparecido hace 9 días en la comuna de Arauco.
La PDI encontró el cuerpo del menor escondido entre la vegetación de un camino rural en Arauco, a tres kilómetros del sitio donde se reportó su desaparición. Los policías detuvieron al tío abuelo, en quien detectaron rasgos sexuales “atípicos” y una conducta sexual “exacerbada”.
Durante un balance del sexto día de búsqueda del menor desaparecido en Arauco, Patricio Kuhn indicó que, aunque aún no hay resultados positivos, aún faltan por procesar fotografías del sector captadas por la FACh.
El pequeño de tres años desapareció mientras arriaba animales con su tío abuelo. El operativo para ubicarlo movilizó ayer a casi 400 personas en Caripilun, en una segunda jornada de pesquisas ininterrumpidas.
El general Marcelo Araya indica que el escenario en la región es "complejo". Explica por qué no se detuvo a los manifestantes en las afueras de la Municipalidad de Curacautín el fin de semana, señalando que se intentó proteger a los comuneros que estaban en toma. Añade que hay una alta presencia de armas de fuego y ataques planificados al personal policial.
Mediante una carta, académicos criticaron la decisión de la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés Alessandri: "Esta medida reproduce una política en la que los estudiantes no son responsables de los costos de sus movilizaciones".
