El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La última petición decía relación a que su abogado estaba enfermo y que sus nuevos defensores debían estudiarse una causa extensa y compleja. Sin embargo, la respuesta del tribunal fue la misma: no ha lugar.
La Tercera Sala de la Corte Suprema falló en 2020 a favor de Julio Ponce: por tres votos a dos, aplicó una instrucción del Tribunal Constitucional y redujo la multa por el caso cascadas desde 1.700.000 UF a 75 mil UF. Votaron a favor Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval y Diego Munita. En contra estuvieron Sergio Muñoz y Pedro Pierry. El defensor de Ponce era Pedro Hernán Águila, pero cuando la causa llegó a la Suprema fue cambiado por otro abogado: Jorge Bofill. Abogados consideran muy difícil una revisión de ese fallo.
La abogada es cuestionada por realizar audiencias desde Europa por la opción de teletrabajo durante la pandemia del Covid-19.
Graciel Muñoz Tapia, magistrada del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, recibió una "amonestación privada" de parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel por teletrabajar desde Italia durante la pandemia. Ahora, se suma una denuncia de una ONG, esta vez en sede penal, para que se investiguen presuntos delitos de falsificación de instrumento público en el trabajo remoto de la hija de Sergio Muñoz.
La suspendida ministra de la Corte Suprema utilizó sus redes sociales para referirse a las conversaciones entre ella y el abogado Luis Hermosilla conocidas durante el fin de semana y en las que ambos se piden diversos favores mutuos.
La contra iniciativa del máximo tribunal fue anunciada justo durante la recta final de debate en el Congreso, cuando los diputados ya aprobaron algunas modificaciones que suavizan el polémico proyecto de López Obrador que se votará en el pleno del Senado este miércoles.
Una serie de whatsapp en los que el abogado Luis Hermosilla habla de su vida privada, forman parte del expediente y cuyas copias el Ministerio Público ha entregado a intervinientes del caso Audio. En tribunales superiores hay molestia y advierten que se podría configurar una conducta delictiva, ya que la Corte el 28 de junio le recordó al Ministerio Público que tenía el deber de "no revelar transcripciones de mensajes que nada tienen que ver con la investigación". La Fiscalía Nacional le pidió cuentas a la fiscal regional oriente.
Desde enero a julio, según cifras de la Defensoría Penal Pública, 1.226 personas que cumplieron la medida cautelar de prisión preventiva fueron declaradas inocentes -a través de diversas salidas procesales- por la justicia pese a haber estado tras las rejas. Del total, un 12,2% corresponde a mujeres.
El cientista político presentó una demanda contra Gonzalo Vial Concha e Inversiones Graneles del Sur S.A. en la que pide $683.500.000 en indemnización por lucro cesante, daño moral y costas judiciales. “Está demanda lo que busca es reparación", explicó Dávalos, quien recordó que el caso en el que lo involucró Vial, en una querella por estafa, duró más de ocho años. "No entiendo la razón de esta demanda si ya se había alcanzado un acuerdo entre las partes. Es un aprovechamiento, y desconozco el motivo", respondió Gonzalo Vial.
Hay un evidente riesgo para la libertad de prensa cuando los tribunales interpretan en forma excesivamente garantista las normas que restringen la publicidad de un juicio.
El máximo tribunal fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra del otrora magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El máximo tribunal rechazó el requerimiento de los diputados de Chile Vamos, republicanos, y de Amarillos, quien pedían la salida del persecutor a quien acusaban de falta de imparcialidad en las causas del estallido social del 2019.
El máximo tribunal determinó que el Ministerio Público sólo puede imputar el delito de cohecho en contra del otrora persecutor jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz, quien fue detenido y quedó en prisión preventiva acusado de entregar información a un delincuente. La indagatoria fue abierta y encabezada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el mismo que hoy está en la mira de su propia institución por un hecho similar. Al interior del Ministerio Púbico dicen: "Ni Netflix se atrevió a tanto".
La propuesta incluye modificaciones como plazos máximos para resolver casos y un inédito proceso de elección ciudadana de jueces. Los trabajadores del sistema judicial argumentan que se trata de un atentado contra sus derechos laborales y la independencia de ese poder.
