¿Cuarentena? Quiénes, cuándo y dónde: las dudas sobre los puntos de fiscalización

Fue a fines de la semana pasada, la mañana del viernes 5 de junio para ser más preciso. En plena calle, en la intersección de Avenida Matta y Santa Rosa, en el centro de Santiago, y mientras efectivos policiales realizaban un control a automovilistas y transeúntes ante un nutrido grupo de periodistas que habían sido citados por el gobierno, cuando la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que se restringirían por segunda vez, en menos de dos meses, los permisos temporales que se entregan a las personas para salir de sus casas en medio de la cuarentena. Además, indicó, se reforzarían los puntos de control diario para sancionar a las personas que incumplieran con las medidas de aislamiento social.

“Estamos reforzando con todos los servicios públicos el rol fiscalizador, para estar presentes en las calles y transmitirles que vamos a estar fiscalizando con toda la fuerza que nos entrega la ley para proteger la vida y la salud de todos los chilenos”, señaló Martorell en esa ocasión.

No faltaba nada para que se cumplieran los 100 días desde que se había detectado el primer caso de coronavirus en Chile y “la batalla de Santiago”, como la llamó el exministro de Salud Jaime Mañalich estaba lejos de dar tregua. Todo lo contrario. Las tasas de contagio, el incremento de pacientes en unidades de tratamiento intensivo y en el número de fallecidos en la Región Metropolitana hacían pensar más bien que íbamos camino a una derrota.

La extensa cuarentena que pesa sobre 38 comunas de la Región Metropolitana y que ya se extiende por un mes no ha logrado el efecto esperado: aplanar la curva de contagios y descomprimir los ya saturados centros hospitalarios.

Muchas personas, demasiadas, simplemente no están respetando el quedarse en casa.

No era una situación desconocida para la autoridad. Desde hace a lo menos tres semanas, diversos estudios, hechos por distintas instituciones, entre ellas el Instituto Data Science, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, junto a Telefónica; la Fundación Ciencia & Vida y la Universidad de Chile, por mencionar sólo algunas, llegaban a conclusiones similares, pese a ocupar metodologías diferentes: la movilidad en el Gran Santiago en promedio no bajaba del 40% y en algunas comunas de la zona surponiente de Santiago supera el 62%.

No era el único indicador de que algo anda mal. El número de permisos temporales para salir de casa, otorgados a través de la plataforma comisaríavirtual.cl, supera los 700 mil diarios en la Región Metropolitana, donde hasta entonces había cerca de cinco millones de personas bajo medidas de restricción.

Ese mismo viernes 5 de junio, al anochecer, en dependencias de la Guarnición Militar de Santiago, durante la reunión semanal de evaluación de las medias de seguridad adoptadas en el marco del estado de excepción por la crisis sanitaria y donde se planifican las acciones de la semana siguiente, se tomó la decisión de hacer ajustes a la forma en que se venía haciendo hasta entonces el control del cumplimiento de la cuarentena.

En la cita, que se hace todos los viernes a las 19 horas, participan los ministros de Interior, Gonzalo Blumel; de Defensa, Alberto Espina (Defensa); los subsecretarios Katherine Martorell (Prevención del Delito) y de la Defensa, el exvicealmirante Cristián de la Maza; el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Rodrigo Álvarez, y el jefe de Zona de la Región Metropolitana, general de Ejército Carlos Risotti.

“El fortalecimiento de los controles se debe a la grave irresponsabilidad que, lamentablemente, muchos habitantes de la Región Metropolitana incurren al infringir flagrantemente las normas de la cuarentena. La instrucción precisa y directa es fortalecer los patrullajes, los controles en las vías de mayor tránsito y las zonas donde existe mayor contagio y, por lo tanto, salir a la calle reviste mayor peligro”, dijo a La Tercera el ministro de Defensa, Alberto Espina.

“Más que el número de controles, lo que cambiamos fue la estrategia”, señala el general Risotti. Si antes la fiscalización se hacía de manera selectiva, ahora la orden es que se debe fiscalizar a todos los automovilistas y peatones. Ejemplo de ello fueron los puntos de control el fin de semana pasado en la autopista Costanera Norte, en la que se controlaron simultáneamente las cuatro pistas, provocando un taco de varios kilómetros.

“Hemos dejado de lado los patrullajes que veníamos haciendo en los principales ejes estructurantes de la ciudad, para focalizarnos en los puntos críticos y en las vías de mayor flujo de tránsito”, añade el jefe militar a cargo de Santiago.

Según Risotti, cada día se hacen en la Región Metropolitana unos 30.000 controles policiales y militares. El 70% de estos ocurre durante las horas del día, para fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena. El 30% restante es de noche, con motivo del toque de queda. Una tarea para la cual han tenido que desplegar a 14.338 efectivos, en turnos de 12 horas continuas. Para alcanzar estas cifras, los mandos militares debieron trasladar a la capital a unos dos mil uniformados que estaban destinados en el norte y el sur del país. Más aún cuando cerca del 10% de los efectivos de Carabineros y de la PDI están en cuarentena preventiva u obligatoria por contagio.

Entre las tareas diarias que se están realizando de control y fiscalización en medio de la pandemia, se contabilizan 22 aduanas sanitarias (seis a cargo del Ejército, 15 de Carabineros y una del Ministerio de Salud). Además, de 30 controles fijos en rutas de alto flujo de tránsito, 13 puntos de control permanente, 15 patrullajes diarios de control de toque de queda, 21 puestos de control de seguridad de instalaciones estratégicas, 15 puestos de control en hospitales y clínicas, y un número no especificado de controles selectivos de cuarentena.

Así, desde el inicio de las medidas de restricción de movimiento y aislamiento hasta el jueves 11 de junio, se habían efectuado en la Región Metropolitana 3.292.296 controles, durante los cuales se había detenido a 34.359 personas. Del total de detenidos en ese lapso, 21.125 fue por violar la cuarentena.

La definición de los lugares donde se establecen puntos de control se hace cada mañana, a las 9 horas, en una reunión en la que participan el intendente Felipe Guevara, el general Risotti, representantes de Carabineros, PDI, de la Seremi de Salud, Onemi y los gobernadores. Allí se evalúan las medidas que van adoptando, en función de la estrategia sanitaria para el control de la pandemia.

“Hay una evaluación permanente de nuestras medidas”, asegura el general Risotti. “A veces nos damos cuenta de que los controles que estamos ejerciendo no están dando los resultados que esperábamos, porque la población en la Región Metropolitana se comporta de diferentes formas. Tenemos que evaluar tanto el comportamiento de la pandemia como el de las personas”, añade el oficial a cargo de la seguridad en la capital.

Para la evaluación también se toma en consideración la información que traen los oficiales de enlace entre los municipios y el alto mando militar. Cada comuna tiene destinado un enlace, que participa en las reuniones de seguridad de los municipios. Una medida innovadora, creada para esta pandemia.

Para los alcaldes, sin embargo, las medidas de control de la cuarentena tomadas por el gobierno y la autoridad militar no han sido suficientes y no han tomado en cuenta el conocimiento de los ediles de sus territorios. “Nos citaron a una reunión a comienzos de abril en el Ministerio de Defensa, donde se nos dijo que los municipios seríamos una pieza clave en la definición de los puntos de control, se nos colocó a un oficial de enlace a quien le entregamos mapas de las comunas con los lugares críticos, de mayor afluencia de público, y después nunca más nos pescaron”, se queja la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Opinión que es compartida por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Pese que todas las semanas los alcaldes planifican junto a los comisarios de Carabineros y jefes de la PDI en los territorios los puntos de fiscalización en ferias y calles de alto tránsito que se llevarán a cabo, aseguran que no hay una coordinación con las acciones que ejecuta el mando militar y el gobierno. Muchas veces, como no les informan los lugares donde se harán los controles desde la autoridad central, varios alcaldes han tenido que revisar las cámaras de seguridad ciudadana para verificar dónde se están instalado controles militares.

Los ediles afirman, además, que desde que se inició el plan del gobierno de entrega de cajas de alimentos, la presencia militar en las calles se redujo ostensiblemente.

El general Risotti admite que han tenido que hacer ajustes en la dotación de personal, para asumir la tarea de escoltar y proteger los camiones con cajas de alimentos. Pero asegura que esto no ha reducido la presencia militar destinada a los patrullajes.

Para mejorar la eficacia de estas fiscalizaciones, el gobierno ha insistido en dar urgencia a un proyecto que se encuentra entrampado en el Senado, el que incrementa las penas a quienes infrinjan el Artículo 138 del Código Penal, llegando incluso a sanciones de tres años de presidio.

Desde la oposición, sin embargo, cuestionan el acento que se ha puesto esta semana en el mayor control y sanción de quienes incumplen las cuarentenas, mientras no se avanza en un plan de financiamiento y de apoyo directo a las personas para que puedan quedarse en casa.