El delivery que enreda al secretario del Senado: Imágenes muestran que no se llevó comida tras cita en restaurante

-Cuénteme, señor Guzmán, ¿cómo se pueden defender los parlamentarios de la mala imagen y los problemas que enfrentan?

-Bueno, el secretario del Senado debe convertirse en un escudo protector del Senado y de los senadores en el ámbito administrativo, que va a ser 100% su responsabilidad.

Quién hizo la pregunta fue un parlamentario y quien respondía era el entonces fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán, al exponer ante la Comisión de Régimen Interno del Senado. Era comienzos de abril de 2019 y Guzmán postulaba al cargo de secretario de la Cámara Alta. Unos días después, la instancia lo propuso y el abogado del Ministerio Público, con 30 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones en sala, fue ratificado en el puesto mejor pagado de la corporación.

El camino de Guzmán para lograr este cargo no estuvo libre de escollos. De hecho, un día antes de que su nombre fuera puesto en la tabla de la Cámara Alta para ser confirmado, la Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado emitió un comunicado en que rechazaba su nominación, calificándola de “errada e impertinente”. En el documento planteaban sus resquemores principalmente por ser un agente externo al Congreso y porque -además-, a juicio de ellos, el fiscal no daba garantías de conocimiento e imparcialidad. Quien ocupara ese cargo, para el gremio, “de ningún modo” podía haber “tenido bajo su supervisión investigaciones que, a la postre, pudieran afectar al Senado y al Ministerio Público”.

A eso se sumó una declaración de una de las agrupaciones de funcionarios del propio Ministerio Público, quienes lo acusaban de “haber abandonado sus deberes” para postular al cargo en el Poder Legislativo. Pese a todo, Guzmán logró sortear esas barreras y fue ungido como secretario del Senado el 16 de abril de 2019.

Todo iba en relativa calma hasta el 7 de julio pasado. Ese día, Radio Biobío publicaba una fotografía en que aparecía él junto a dos funcionarios de la Fiscalía Sur -anteriormente sus subalternos-, en una cita fechada el 25 de junio. Sonrientes, en la foto se veía al abogado asesor Roberto Contreras y al fiscal Patricio Rosas compartiendo con copas y botellas. Para entonces, había 62 comunas bajo cuarentena, los restaurantes estaban cerrados -solo abiertos para delivery- y los tres funcionarios públicos estaban sin mascarilla, sin distancia social y, aparentemente, esperando que llegara la comida a la mesa.

La picá del “Loyola” es conocida entre los abogados de la zona sur de la Región Metropolitana. Ubicada en calle Monja Alférez, estaba a sólo pasos de donde, por años, funcionó la Corte de Apelaciones de San Miguel, una “segunda casa” para Guzmán, pues -antes de ser nombrado fiscal regional- se desempeñaba como abogado “de corte”.

En el “Loyola”, dicen abogados del foro, se podían obtener “los mejores locos mayo de la ciudad”. No era una exageración. Quizás por eso es que la primera versión que entregó Guzmán para el reportaje de la emisora intentaba explicar que desde su domicilio, ubicado en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, se había trasladado 18 kilómetros para ir por comida al que parecía ser uno de sus restaurantes favoritos. “Cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial”, le respondió a Biobío.

Lo cierto es que las explicaciones de Guzmán no fueron suficientes y, ese mismo día, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros -quien lo sucedió en el cargo- abrió una investigación penal que luego quedó en manos de la fiscal Marcela Cartagena.

La persecutora desarrolla diligencias para establecer si Guzmán y los integrantes del Ministerio Público infringieron las medidas impuestas por la autoridad sanitaria para controlar la propagación del Covid-19 y si se les imputará bajo el Artículo 318, la norma penal que se ha a invocado en contra de más de 89 mil personas que en estos meses han sido sorprendidas sin salvoconducto u ocupando de forma irregular permisos que tienen otros fines.

Una de las primeras diligencias ordenadas por la fiscal Cartagena fue levantar las cámaras de seguridad que hay en los alrededores del restaurante “Loyola” para poder reconstruir lo que ocurrió esa jornada. El local, tras conocerse la situación, fue clausurado por la autoridad sanitaria, no sólo por la investigación en curso, sino por supuestas infracciones higiénicas. Quienes han tenido acceso a las imágenes aseguraron a La Tercera que se descarta la versión entregada por Guzmán de que habría ido a buscar un “delivery”. La misma fuente asegura que “a la salida del local no se ve al exfiscal Guzmán ni con comida, ni con libros”.

Según tres fuentes consultadas que han revisado las imágenes, el secretario del Senado llegó en su vehículo fiscal –manejado por un chofer- hasta el restaurante, pasadas las 13 horas del 25 de junio. Estuvo por un lapso de una hora y media, y pasadas las 14.30 –según el registro- se retiró junto a Rosas y Contreras. Conversaron por unos instantes en el frontis del local, los funcionarios del Ministerio Público, manos en los bolsillos, y Guzmán, con sus manos en los costados, sin comida, sin libros. Rosas y Contreras se despidieron y emprendieron rumbo –según el registro- a la Gran Avenida (donde se ubica la Fiscalía Sur), mientras que el secretario del Senado esperó a su chofer, quien lo pasó a buscar.

La escena, dicen fuentes del caso, complicaría la situación judicial de Guzmán. Esto, porque Cartagena evalúa pedir su formalización. Si bien al igual que el resto de funcionarios del Congreso, Guzmán contaba –amparado en su autonomía y al hecho de no formar parte de la administración del Estado- con una tarjeta que les permite trasladarse, sin los permisos colectivos, ni salvoconductos que, por ejemplo, si adoptó el Ministerio Público para su trabajo, lo cierto es que dicha prerrogativa es sólo para ir de la casa al trabajo y no contempla otras “paradas”. Pero más complejo aún, dicen las mismas fuentes, es establecer si Guzmán faltó a la verdad ante sus superiores jerárquicos, la Comisión de Régimen Interno del Senado. Según La Tercera PM, la explicación que dio el secretario del Senado fue la siguiente: que fue al “Loyola” “para el retiro de un delivery y que el grupo se instaló en la mesa para esperar un pedido que se demoró”. A esto se sumó, según sostuvo el artículo, que el principal objetivo del encuentro era que Rosas y Contreras le entregarían un libro sobre derecho constitucional, y algunos textos digitalizados, además de fallos del Tribunal Constitucional que Guzmán necesitaba consultar.

Al respecto y consultado por sus descargos, el secretario del Senado sostuvo “No he visto las imágenes a las que se refiere, pero me sorprende que ustedes las tengan” y descartó “total y absolutamente” haber faltado a la verdad a sus jefes.

A la situación que enfrenta por el “mariscal” se añadió otro hecho complejo, vinculado a la causa penal en que la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) imputan tráfico de influencias al senador RN Manuel José Ossandón. Según el Ministerio Público, el parlamentarios habría hecho gestiones ante los municipios de Pirque y Puente Alto para destrabar unos permisos que permitirían operar a una empresa de su hijo.

En una declaración de uno de los hombres más importantes de la administración del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se reveló un supuesto llamado que habría hecho el secretario del Senado a una funcionaria de ese municipio, el 5 de julio pasado, comentando la investigación que complica al parlamentario de RN.

Según la versión de este testigo, la mujer le dijo que Raúl Guzmán la llamó para hablar sobre los motivos por los cuales la causa cayó en manos de la Fiscalía Oriente, siendo que geográficamente corresponde que la tomara la Fiscalía Sur, que dirige Héctor Barros. En el diálogo, Guzmán le habría señalado a la mujer que este último no quiso tomar la causa del senador, y que él -Guzmán- le estaba informando “por lealtad”.

La situación abrió una arista que es indagada ahora por el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, quien ordenó a la PDI desentrañar esta hebra que involucra a Ossandón y a Guzmán en el caso.

Consultado por esta información, el secretario del Senado dijo a La Tercera que “le preciso que el senador Ossandón me llamó cuando estaba enfermo, no recuerdo si ya estaba hospitalizado, y me pidió que llamara a una asesora suya muy cercana para que le diera el número telefónico de un abogado que tiempo atrás yo le había recomendado, ante una consulta que él me hizo respecto a quién podría asumir su defensa. Yo llamé a esa persona y le di el número telefónico del abogado, que es el que asumió su defensa, don Ricardo Freire”. Sobre hablar con un funcionario o funcionaria de Puente Alto, sobre el caso en particular, sostuvo: “No. No me he comunicado con funcionarios de ese municipio y no tendría por qué hacerlo”.