Fin al CAE: la batalla ideológica detrás de uno de los proyectos más emblemáticos de Boric

“Siempre se tuvo claro que este era un tema en el que se iba a cumplir. Ningún gobierno cumple todo su programa, pero hay cuestiones que son realmente compromisos muy importantes e ineludibles. Y este era, evidentemente, uno de esos”, afirma el sociólogo y experto en Educación Cristián Bellei, quien fue coordinador del programa de gobierno en materia de educación de Gabriel Boric. A lo que se refiere es al proyecto de ley que fue presentado al Congreso el martes pasado, que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior.

Se trata de una de las principales banderas de lucha que el Frente Amplio viene levantando desde la época en que sus dirigentes eran parte del movimiento estudiantil, y uno de los compromisos de campaña más sentidos por sus bases, por lo que, afirma Andrés Couble, secretario general del FA, “jamás estuvo en duda que se presentaría el proyecto”.

Hasta hace pocos meses, sin embargo, esa certeza no era tan nítida. “Si preguntabas hace casi un año en Hacienda sobre esta reforma, te respondían que no iba a entrar nunca al Congreso, y en el oficialismo, sectores del Socialismo Democrático públicamente criticaban que se pusiera como una prioridad la condonación de las deudas del CAE”, señalan académicos y dirigentes políticos que participaron de la discusión del proyecto y, por lo mismo, testigos de la profunda evolución que tuvo la propuesta.

De hecho, tan sólo en mayo pasado, luego de que el gobierno reafirmara la intención de insistir en su promesa de condonar la deuda del CAE -hay más de un millón y medio de deudores-, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tuvo ácidas críticas a la idea: “Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que sólo se hace por motivaciones electorales”, dijo, y remató: “Populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”.

Las palabras de la timonel socialista causaron molestia en el gobierno y, particularmente, en el Frente Amplio y el PC. Para entonces, las propuestas que se estaban discutiendo entre los equipos técnicos del Mineduc y Hacienda se alejaban de la demanda original que levantó en 2011 el movimiento estudiantil y de lo que se expresó en la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021, cuando se hablaba de una condonación universal, aunque gradual, de la deuda del CAE.

Quienes conocen cómo fue el extenso proceso de negociación al interior del gobierno para el diseño de esta propuesta aseguran que el FA ya había cedido a la idea de mantener posiciones maximalistas en la materia. Las últimas propuestas “más refundacionales” sobre la condonación del CAE y el financiamiento de la educación superior se habrían terminado en agosto de 2023, con la salida de Marco Antonio Ávila de la cartera de Educación, afirman estas fuentes. A partir de ese momento, la dupla a cargo del Mineduc -el ministro Nicolás Cataldo (PC) y el subsecretario Víctor Orellana (considerado uno de los ideólogos del FA)- reimpulsaría el debate al interior del oficialismo con una mirada mucho más pragmática y flexible, lo que permitió facilitar la búsqueda de entendimientos con Hacienda y el resto de las fuerzas políticas.

Mario Marcel, ya para noviembre del año pasado, cuando se suscribió en el oficialismo el acuerdo con los compromisos que presentaría el gobierno antes de la discusión del Presupuesto 2025 -y que incluía el fin del CAE- había fijado los criterios que tenía que contemplar ese proyecto.

Para el titular de Hacienda, la solución tenía que tener “responsabilidad fiscal” y ser “autocontenida”. Es decir, que no implicara al Fisco desembolsar más dinero del que actualmente aporta al financiamiento de la educación superior. Además, debía incluir criterios de equidad y justicia, y no incentivar a aquellos jóvenes que teniendo posibilidades de pagar la deuda contraída dejaran de hacerlo. No sólo eso, aseguran fuentes de Hacienda, Marcel también estableció que la solución debía incluir beneficios tributarios para premiar a los jóvenes que estaban al día y hacían un esfuerzo por pagar sus deudas del CAE, un criterio que no fue del gusto de los frenteampistas.

Según los cálculos del gobierno, la deuda del CAE es de cerca de US$ 11.900 millones y sigue creciendo. Fue precisamente la enorme carga fiscal que esta ya representa lo que convenció a Marcel de que había que sumarse a la búsqueda de una solución que englobara tanto la crisis que arrastra la deuda del CAE, como la creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

“Hubiéramos preferido que la propuesta no incluyera mantener la lógica del copago, aunque se haya reducido para el décimo decil (pertenecientes al grupo de mayores ingresos socioeconómicos). Nosotros queríamos que fuera universal, pero entendemos las exigencias que nos impone la realidad y la situación económica del país”, reconoce un dirigente del FA. En el partido del Presidente admiten que ese es el mayor reparo que genera la propuesta que anunció el gobierno, pese a lo cual respaldan la iniciativa. Como premio de consuelo, en el FA aseguran que la propuesta sigue teniendo un componente de universalidad, en la medida en que permite a todos los estudiantes acceder a un porcentaje de condonación, incluso, para los que se endeudaron bajo otros instrumentos distintos al CAE, como el Fondo Solidario y los créditos Corfo.

A mediados de año, cuando aún no estaban afinados los detalles técnicos del proyecto, la directiva del FA -que encabeza Constanza Martínez- junto a representantes del Mineduc desplegaron una ofensiva “para morigerar las expectativas” y frenar reacciones adversas, no sólo entre su bancada parlamentaria, sino también hacia la base militante. Se hicieron encuentros con los miembros del Frente de Educación y Ciencias del partido y con representantes del Frente Estudiantil, para sociabilizar los grandes ejes de la propuesta.

Desde la derecha, no obstante, remarcan que el proyecto que presentó el gobierno, aunque se aleja del compromiso de campaña de Boric de condonación universal, sigue siendo en su matriz “profundamente frenteamplista”.

“El proyecto que ha presentado el Ejecutivo, si bien es distinto a lo que prometió en campaña, mantiene la raíz ideológica que ha promovido el Frente Amplio y que dice relación con la homogeneización del sistema educativo bajo la lógica de hacer de la educación lo que ellos llaman un derecho social, en el que no existe ninguna señal del precio que refleje las características de cada uno de los proyectos educativos”, señala el exministro de Educación de Piñera y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa.

“En ese sentido, la fijación de precios (o aranceles) y el hecho de que los recursos se recuperen sobre la base de un nuevo impuesto son coherentes con la matriz ideológica del gobierno y derivan en una mayor intervención del Estado en los proyectos de educación superior y en pérdida de autonomía de las mismas”, recalca Figueroa.

Críticas que van en línea con las que han manifestado rectores y representantes de universidades privadas.

Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, los ejes evidentes de este proyecto son dos. Por un lado, la reestructuración de las deudas del CAE y la creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. “Lo que busca este proyecto es traspasar a los deudores del CAE que no pagan a un sistema de recaudación tributario, el que, tal como está planteado en el informe financiero de la Dipres, pareciera ser extremadamente efectivo. Por lo tanto, lejos de una condonación, de lo que se trata es del traspaso de los deudores a un sistema gestionado por el Servicio de Impuestos Internos de manera de asegurar el pago de las deudas y con eso generar ingresos para el Fisco. Con ello busca reequilibrar las finanzas públicas respecto del CAE, las que por culpa de la lógica del FA de prometer la condonación del CAE, de sacar el CAE del Dicom y del registro comercial, hizo que la morosidad aumentara muchísimo”.

Por otro lado, señalan desde Acción Educar, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior rompe con el itinerario de ampliación de los párametros financieros que estableció la gratuidad que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet en su último mandato. En ese sentido, el proyecto del gobierno sube los puntos del PIB tendencial no minero que se requieren para aumentar los deciles que pueden acceder a gratuidad. “Con esto el FA empuja una toma de control más rápida del sistema de educación superior”, afirma Rodríguez.

Para el excoordinador del área de Educación del programa de gobierno de Gabriel Boric, Cristián Bellei, estas críticas son injustas. “En Chile las universidades son autónomas y este proyecto no toca en absoluto la autonomía ni la libertad de enseñanza. Ahora, si alguien me dice que quiere la autonomía para contratar a un amigo por 17 millones de pesos por media jornada para hacer unas clases el día que pase por ahí, esa libertad no es la que estamos defendiendo”, afirma Bellei.

A su juicio, es indispensable que existan mecanismos de control de las vacantes, como lo señala el proyecto del gobierno, porque uno de los problemas que generó el CAE no sólo fue el endeudamiento con los bancos privados, sino que, además, en su diseño no previó el comportamiento de la oferta institucional, ni la demanda, las que crecieron explosivamente, generando un mayor costo fiscal.

“Sacar la lógica del mercado e introducir una lógica de derecho social, con eficiencia, me parece que es un tremendo aporte y esas ideas básicas siempre han estado en quienes defendemos la educación como un derecho social que tiene que tener un financiamiento público y social”, remarca Bellei.

En ese mismo sentido, en el FA aseguran que hace varios años ya se dio en el interior del bloque el debate respecto de si la educación superior debía ser totalmente gratuita y financiada por el Estado. Muchos, entre ellos el propios Bellei, consideraban que no.

“En un país de ingresos medios como Chile, que tiene necesidades sociales importantes, me parece bien que quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estudiar tengamos que contribuir. La diferencia más importante aquí con el proyecto que envió Piñera es que no se contrae una deuda específica por su interés individual, sino una deuda de ciudadanía, una deuda social por la oportunidad que tuvo. En ese sentido, unos van a pagar más y otros menos, pero entre todos vamos a pagar la educación de las futuras generaciones”, señala sobre el cambio de paradigma que busca el proyecto enviado por el gobierno al Congreso esta semana.