María Luisa Brahm, presidenta del TC: “Antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”

Desde que se desató en el país la emergencia sanitaria por el coronavirus, solo ocho personas asisten de manera presencial al edificio de Huérfanos 1234, que alberga al Tribunal Constitucional. Una de ellas es su presidenta, María Luisa Brahm, quien no ha dejado de ir ni un solo día desde que asumió este cargo, hace casi ocho meses, el que -asegura- nunca buscó. En medio de la pandemia, esta semana lideró una tramitación exprés sin precedentes, que le permitirá al gobierno sacar de las cárceles a miles de presos mediante la Ley de Indulto Conmutativo, entre ellos, mujeres embarazadas y con hijos pequeños. “Había que actuar con sentido de urgencia, había muchas vidas en riesgo”, dice la abogada al defenderse de los roces internos que este proceso provocó en el organismo.

Pero Brahm, 61 años, nacida en Puerto Montt, sabe pelear. Así lo ha demostrado en varias ocasiones en su trayectoria pública, tanto en el Instituto Libertad de RN, luego como jefa de asesores del Presidente Piñera en su primer mandato, y después como miembro de este tribunal, del cual es parte desde el 2013. Un ejemplo claro: el voto de Brahm fue clave para que el TC declarara constitucional el aborto en tres causales en Chile, aun cuando tenía a una gran parte de la derecha en contra y ella, a fin de cuentas, representa uno de los sillones de ese sector en la institución.

Poco dada a hablar con la prensa, la abogada quiso dar esta entrevista para mostrar qué está haciendo para cambiar la cara a una institución que venía en desprestigio.

¿Qué la motivó a ser presidenta del TC?

A ver, yo nunca pensé, ni quise, ni busqué ser presidenta del TC. A mí esto me fue solicitado por otros ministros. Me lo pidieron reiteradamente y llegó un momento en que lo vi como una responsabilidad, porque tenía que haber un cambio urgente y yo tenía las capacidades. Así que acepté el desafío. Aquí no solo había problemas en lo jurisdiccional, con un atraso inentendible en la tramitación de las causas, también en las relaciones con los demás poderes del Estado. El TC era una isla que no se relacionaba con ninguna institución. Qué decir en la gestión interna, se exigía modernizar este tribunal. Todo eso ha generado costos, sin duda, pero alguien tenía que hacerlo y decidí ser yo, con el apoyo de los ministros que me eligieron.

¿Cuáles son esos costos? ¿Sus enfrentamientos con algunos de los ministros?

No, en lo absoluto. Esto no tiene que ver con temas personales, tiene que ver con las dinámicas de las instituciones que van más allá de lo personal. Es un tema de gestión. A las seis semanas de asumida, el rol de asuntos bajó de 300 a cero. Se realizaron muchos plenos extraordinarios, audiencias, disminuyeron los tiempos de alegatos de los abogados, se empezó a aplicar la ley de plazo de 30 días para dictar sentencia. ¿Se podía hacer mejor? Sí, se podía. Además, se fijaron de manera muy clara los criterios para los cuales se iban a proponer las tablas por parte de esta presidencia, las que tienen hoy prioridad son las causas de tramitación masiva y fácil despacho, luego las que tenían incidencia en investigaciones por delitos contra los derechos humanos, aquellas que tenían como gestión pendiente un recurso de protección o de amparo, porque son causas urgentes, esas se ven rápidamente en el Poder Judicial y no podían estar demoradas en el TC meses y hasta años. Se siguió respetando la antigüedad del ingreso de las causas, pero con criterios y transparencia.

Hay quienes plantean que hay que eliminar el TC. ¿Por qué cree que pasa eso?

Yo creo que el desprestigio del TC se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones. Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones. El país tiene todo el derecho de querer hacer modificaciones en cuanto al número de ministros, su preparación académica, la forma de designación, pero para mí es necesario un TC y me parece que el desprestigio es por el incumplimiento del rol de manera oportuna y con calidad.

Esa demora, sobre todo en casos de DD.HH., fue una crítica que abordó en una inauguración del año judicial el propio expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito…

Estoy totalmente de acuerdo con esa crítica del Poder Judicial. Hubo varios años anteriores a que yo asumiera en que se produjo una tramitación muy lenta de las causas, con el incumplimiento legal de los plazos para dictarse sentencia, causas que pasaban dos años de tramitación, dependiendo, además del caso, había una selección de la sala a la que iban, había poco rigor y se veían muy pocas causas. Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses en que no había pasado nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Eso produjo mucho malestar no solamente entre las partes, sino que también en los tribunales, porque cuando un requerimiento entra al TC se produce la mayoría de las veces la suspensión de la causa de base. Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción.

¿A qué se refiere?

Una vez me tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC.

¿Pero usted dice que la situación de corrupción es al interior del TC?

Yo creo que esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios y eso pasaba porque en el tribunal encontraban tiempo. Sí, lo encontraban. Era propicio para eso.

¿Eso pasó en la era de su antecesor, Iván Aróstica?

Quien decidía y proponía qué causa se ve en el pleno es el presidente del tribunal.

¿Él permitía estas dilaciones?

Yo creo que él proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos. Se acumulaban causas y no se gestionaba internamente y eso permitió que el TC fuera ocupado de forma instrumental para suspender juicios. Muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar, y lo encontraron. Eso afectaba no solo al requerido, también al Poder Judicial, y ese fue el reclamo del entonces presidente de la Corte Suprema enfocado en lo que estaba ocurriendo en las causas de derechos humanos y tenía toda la razón. Imagine que se trataba de causas que ya de por sí habían demorado muchos años en su tramitación en el sistema penal antiguo y que solo eran vistas por una sala del TC que la suspendían por mucho tiempo, que dilataban su tramitación y que una vez se veían tampoco se dictaban las sentencias. La situación era muy compleja, lo que nos dijo Brito fue duro, pero súper merecido.

¿Se propuso revertir esa situación?

Bueno, es cosa de ver cómo todo eso cambió. Yo vi hechos y sobre esos hechos es que se tomaron decisiones como tramitaciones rápidas, se estableció como causas preferentes las que incidieran en investigaciones por violaciones a los derechos humanos, con sentencias que debían salir más rápido y con mayor transparencia. Una vez al mes se sube a nuestra página web el estado de tramitación de las causas de DD.HH. Hoy día yo te puedo decir que desde el año 2015 a la fecha han ingresado 68 causas de esa materia, 28 de las cuales no llegaron a término, tres se están tramitando hoy día y 36 se han dictado sentencia de fondo, de las cuales 31 han sido rechazadas y tres parcialmente acogidas. O sea, en realidad venían en búsqueda de tiempo, porque les iba mal al final. Es decir, con un fin dilatorio, nada más. Ya nadie que busque tiempo por buscar tiempo puede venir acá, no hay refugio.

Se propuso una tramitación exprés y así fue con la Ley de Indulto, pero le trajo críticas internas. ¿Qué pasó?

El tema Covid-19 lo hemos tomado con el máximo sentido de urgencia, ya lo habíamos hecho con otros temas, ya que todo lo relacionado con pandemia es urgente. ¿Qué más urgente que cuando detrás de una ley hay, además, la vida de cientos de personas que son presos o presas o gendarmes? Porque aquí entre los grandes olvidados también está Gendarmería. Entonces, con ese sentido se dio cuenta de requerimiento, se fijó el 7 de abril para admisión a trámite, y se produjo el plazo para que contestaran el Presidente y el Congreso. La idea del TC siempre fue tramitarlo en el menor tiempo posible. Fijamos un itinerario que era claro: el día 13 eran las audiencias públicas, luego la vista de la causa, los alegatos e íbamos a tratar de sacar la sentencia ese mismo lunes o a más tardar el martes.

Los ministros José Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero se molestaron con usted y en el fallo la acusan de falta de imparcialidad por no querer acumular el requerimiento de senadores UDIy RN -que acusaban discriminación a los reos de Punta Peuco- con el de diputados oficialistas que ingresó el lunes 13.

Eso no es así, yo estoy tranquila en relación a que se cumplió la ley. No es una obligación acumular y no era procedente, de partida eran distintas normas las impugnadas y estaban en estados procesales que hacían imposible su acumulación, salvo que fuera una maniobra dilatoria de aquellas que empezaron el domingo anterior, cuando el abogado requirente pidió suspender la audiencia para estudiar los antecedentes, lo que se le negó; luego ingresó esa misma noche una ampliación del requerimiento por parte del senador Francisco Chahuán que también se rechazó.

Acumular … ¿Qué significaba acumular? Ir al ritmo del segundo requerimiento y había vidas de personas que estaban en juego, que eran las que tenían que salir de las cárceles y las vidas de los propios gendarmes. De un punto de vista procesal no correspondía, cumplimos como TC con las normas legales, se hizo la vista, se tomó el acuerdo y se dictó sentencia. Había un sentido de urgencia como todo el país que ha tomado medidas de todo tipo en una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo no hacerse cargo de esta realidad? Pero le aseguro todo esto con estricto cumplimiento de la ley.

Se filtró un chat del ministro Vásquez en que la acusaba de abuso de poder, ¿Qué opina?

Yo no contesté el chat privado, menos lo voy a contestar en público.

Pero denota una fractura, es una acusación grave...

No me voy a hacer cargo de nada de eso, lo que sí le digo es que yo no me voy a dejar avasallar por nadie, de ninguna forma. Yo voy a actuar como estimo correcto hacerlo.

¿Percibe machismo en las pugnas al interior del TC?

Nunca he sentido machismo en mi vida profesional. Fui criada con ocho hermanos, cuatro hombres primero, cuatro mujeres después, puertomontina, provinciana, crecí en igualdad de derechos y obligaciones. Fuimos trabajadores y exigentes con nosotros mismos, porque así fueron nuestros padres. En mi trabajo yo nunca he sentido alguna discriminación por ser mujer… Ahora, que a alguien le moleste que una mujer sea su jefa o presida algo, no es problema mío. Es problema de esa persona. Solo eso tengo que decir.

¿Cree que va a poder defender la existencia de un TC?

Un TC es necesario en este país y en cualquier otro, porque existe una Constitución que define los poderes y delimita las potestades de los organismos públicos, y además reconoce y protege las libertades de las personas. Es una ley superior a la cual tienen que someterse gobernantes y gobernados y es común en cualquier república democrática. Alguien tiene que velar porque esa ley superior sea respetada. Por definición, una Constitución necesita un organismo que defienda sus normas para que estas se cumplan y no por la vía de normas de menor rango se altere lo que se definió como un acuerdo político previo, de que 'esto es lo que nos va a regir' en cuanto a organización pública y en cuanto a derechos y deberes de las personas.

Se suele acusar de ser una “tercera cámara” modificando los acuerdos de una mayoría…

La descripción de que somos una tercera cámara si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede. Sí somos una tercera cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, que es el control de las leyes, y eso se produce en dos momentos antes de que sean leyes, o sea, durante la tramitación o aprobadas con control preventivo, o de manera posterior a través de las inaplicabilidades. Ahora, acá vienen de todos los sectores políticos y les va bien o mal, independientemente de quién sea quien presente el requerimiento y quiénes sean los jueces que están. Un ejemplo, los últimos dos requerimientos: el penúltimo fue presentado por parlamentarios del Frente Amplio que objetaban una norma de la Ley de Presupuestos y fue acogido, y el último es a propósito del proyecto de Ley de Indultos que fue presentado por parlamentarios de Chile Vamos y fue rechazado. El hecho de ser "tercera cámara" no significa que se vote de una determinada manera o no, es regirse al mérito constitucional y evidentemente acá acuden quienes perdieron en el Congreso y se produce el conflicto que dirime el TC.

¿Cree necesaria una nueva Constitución?

Nuestro país ya se dio un itinerario, que lo tuvo que cambiar a propósito de la pandemia, y el país va a decidir en el plebiscito si va a haber o no un cambio. Nosotros como jueces tendremos que respetar la Constitución que exista, cualquiera que esta sea. Ahora, obviamente el hecho de que se haya producido esta situación, reflejó que había un problema en el país de que el origen de la Constitución del 80 no genera la unidad que una norma de tal trascendencia necesita para ser legitimada y validada por todos. Entonces, desde esa perspectiva, independientemente de su contenido, que puede ser razonablemente adecuado para lo que necesita el país, el origen es el que genera más ruido. Si eso nuestro país decide que hay que cambiarlo, así será. Y este TC actuará en consecuencia.