50 días de movilizaciones en Puerto Coronel: las razones del gobierno para no invocar la Ley de Seguridad del Estado

Cincuenta días va a cumplir esta semana el paro en Puerto Coronel, el mayor terminal marítimo en la Región del Biobío, con un incierto futuro debido a las miradas opuestas sobre el origen de la disputa que por un lado tienen los trabajadores y, por otro, la compañía. Y en medio de esto un Ejecutivo que no ha querido inmiscuirse demasiado y que a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, ha dicho que “el conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del gobierno”, argumentando que ha habido otros dilemas en la zona donde el gobierno sí ha podido “jugar algún rol”, según dijo en CNN.

Lo anterior ha llevado a que distintos actores hayan emplazado al Ejecutivo a tomar otro rol -uno más activo- para desbloquear los accesos del terminal, toda vez que hasta aquí ya se estiman en US$ 75 millones las pérdidas para la economía.

En distintos tonos, diversas agrupaciones y organizaciones han conminado al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. Porque si, por ejemplo, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, dijo en Tele 13 Radio que este era “un paro ilegal, esto no es una negociación colectiva”, la Cámara Argentina de Fruticultores también fue clara, no descartando acciones legales por el paro que comenzó el 26 de marzo y que les ha salpicado directamente con su operativa, dado que las cargas están siendo derivadas a las terminales de la zona central del país.

El fin de semana, a su vez, fue la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) la que también manifestó “su más profundo rechazo”, argumentando que la no resolución “establece una grave señal de debilidad del Estado en materia de seguridad de la infraestructura crítica del país”.

“Solicitamos que las autoridades nacionales y regionales actúen a la brevedad y con decisión para recuperar el orden público y restablecer el libre tránsito en el lugar”, pidió la organización.

La semana pasada, desde la propia empresa Puerto Coronel habían acusado que ante el intento de retomar la operación el bloqueo en sus accesos sigue, con los trabajadores eventuales movilizados impidiendo -con piedrazos- el ingresos al puerto de buses con más 100 personas, ante lo cual la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) del Biobío y el gobernador de la zona llamaron al gobierno a tomar acciones, esperando la acción de Carabineros

Sin embargo, desde la propia Moneda siguen manteniéndose a firme en su postura de dejar que las partes destraben el conflicto, aun cuando el Ministerio del Trabajo ha intentado mediar. En tal sentido, este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en Radio ADN que si bien “esta es una paralización que tiene una justificación un poco confusa, pero entiendo que la empresa ha dado algunos pasos para darle salida a esta situación”.

“Hemos solicitado a la delegada presidencial en innumerables ocasiones que adopte las medidas necesarias para restablecer el orden público, desbloquear los accesos del terminal y resguardar la entrada y salida segura del puerto. Sin embargo, a más de 35 días de iniciado el bloqueo ilegal, no hemos recibido el apoyo de las autoridades”, lamentó Puerto Coronel hace algunos días.

La idea por la que presionan las partes es para que la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, ordene un pronto desalojo. Pero desde la vereda del gobierno aseguran que las peticiones o acciones de esa índole se alejan de las herramientas que realmente pueden utilizar. ¿La razón? Las vías que se encuentran ocupadas son las internas del puerto y no las públicas. Y que, en tal sentido, han actuado cuando las movilizaciones sí han alterado el orden público o el libre tránsito, como la semana pasada, cuando presentaron una querella por alteración al orden público y daños a la vía férrea, ocasionados con motivo de las movilizaciones.

Asimismo, la delegada también ha desechado la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado, argumentando que las exportaciones de Puerto Coronel constituyen una actividad privada y no esencial, por lo que no puede aplicarse la Ley 12.927. “A lo que apunta es a poder proteger los servicios públicos y los servicios que son esenciales para la población. En este sentido, cuando tengamos evidencia que aquí hay un servicio esencial que pudiera estar vulnerado -en este momento no lo tenemos, sino más bien es carga privada que no está pudiendo transitar- sin duda es algo que podemos analizar”, señaló la autoridad este domingo en reacciones que rescata Radio Biobío.

Sin embargo, los llamados de atención a Dresdner también se han replicado por parte de la CPC del Biobío: “Nuestra delegada presidencial tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar la seguridad y el libre tránsito en las distintas comunas de la región, por lo tanto consideramos que es momento de actuar con medidas efectivas ante este acto ilegal”.

Mientras, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, solicitó formalmente la intervención del subsecretario del Interior: “Está generando un daño grave a la región, ha causado severos trastornos económicos y logísticos en el área”, criticando además el rol del Ministerio de Transportes, y de Defensa: “Los puertos están a cargo del Ministerio de Transportes y no hemos visto su acción en esta materia. Los puertos tienen concesiones marítimas y las concesiones marítimas las gestiona el Ministerio de Defensa. Los puertos requieren tener un entorno de seguridad a su alrededor”.

Pero, ¿por qué no han logrado ponerse de acuerdo las partes? Quizás mucho tiene que ver con que ni siquiera coinciden en el inicio del problema. Por un lado, la empresa, cuyos dueños son los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), ha dicho que el paro de los trabajadores eventuales (prestan servicios, pero no contratados como empleados) comenzó porque estos rechazaron que se comenzara a ejecutar la política de alcohol y drogas, lo que conllevaba que se tengan que someter a test aleatorios y posibles sanciones. La norma, en rigor, está vigente desde 2017, pero solo se reactivó luego de un accidente en que Puerto Coronel asegura hubo al menos una persona involucrada que había consumido cocaína.

Y es que, además, la empresa, que ya inició acciones legales, también ha señalado que no hay demandas laborales en conflicto y que conforme pasan los días aparecen nuevas peticiones.

Pero desde la trinchera de los trabajadores la mirada es muy distinta. Dicen, de hecho, que todo radica en la reducción de los operarios por cada turno, lo que han ido, según su mirada, “cediendo” hace tiempo.