$ 800 mil en costas: CDE busca que senador Navarro pague tras perder recurso que impugnaba el manejo de la pandemia

Tres requerimientos ha oficiado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la oficina del senador Alejandro Navarro, para insistir en el pago de $ 800 mil que se adeudan por concepto de costas judiciales, luego de que se rechazara -en abril de 2020- un recurso de protección presentado por el parlamentario y que impugnaba la implementación y fiscalización de medidas sanitarias impuestas en el rubro del transporte.

El senador junto a dirigentes de los sindicatos de Lincosur y Lisanco -dos empresas de transporte público de la Región de Coquimbo- presentaron el 16 de abril del año pasado una acción judicial contra la intendencia regional, la Seremi de Salud y el jefe de la Defensa Nacional de la zona. En el escrito, el parlamentario y los trabajadores reclamaron la falta de precauciones e insumos necesarios contra el Covid-19, como guantes y mascarillas, para los empleados durante el cumplimiento de sus labores. También se exigía un plan de sanitización química para los buses y se reclamó la falta de fiscalización.

La acción fue rechazada con costas por la Corte de Apelaciones de La Serena, en un fallo que sostiene que sí se adoptaron las precauciones y que eran adecuadas al contexto.

“Las medidas pretendidas por el recurrente, si bien se condicen armónicamente con las disposiciones normativas atingentes, que ante la actual situación sanitaria dan cuenta que la orgánica pertinente evidencia que las decisiones de salubridad pública obedecen a un procedimiento basado en consideraciones técnico-científicas, guiadas, asumidas y ejecutadas por la autoridad pertinente, conforme los protocolos y sistemas de actuación propios de las políticas públicas que se asumen ante la actual contingencia, estas han sido debidamente adoptadas, no habiéndose aportado por el recurrente antecedentes que hagan suponer una omisión que vulnere las garantías constitucionales aludidas”, se afirma en el escrito.

Habiendo transcurrido más de un año desde esta instancia, sentenciada en julio de 2020, el Consejo de Defensa del Estado ha insistido en el cobro en una serie de oficios, tanto al parlamentario como a los dirigentes.

La última notificación se cursó el pasado 6 de septiembre. Consultados por La Tercera, el Consejo de Defensa Nacional aseguró que “en relación con el cumplimiento del pago de las costas a las que fueron condenados los recurrentes en el recurso de protección señalado, cuya suma asciende a 800 mil pesos, aún no consta en el proceso el pago”.

A su vez, el senador Alejandro Navarro sostuvo que “me ha sorprendido que una acción que busca defender la vida y las condiciones de los conductores en medio de la pandemia sea rechazada con costas”. Con todo, explicó que los requerimientos se enviaban a su dirección en el ex Congreso Nacional, que se encontraba cerrado, por lo que no fue notificado de esta deuda.

“Vamos a cancelarla. Lo que tengo que hacer es cumplir, si bien afecta a los dirigentes, la voy asumir yo. Lo más probable es que solicitaremos pagarla en cuotas mensuales, pero se va a pagar”, aseveró.

La notificación de las costas pendientes advierte que se enmarcan en un “apercibimiento de lo dispuesto en el numeral 15° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección”, lo que implica que, en caso de incumplirse la sentencia, las personas se arriesgan a sanciones que pueden ser una amonestación privada, censura por escrito, multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales y suspensión de funciones hasta por cuatro meses.