Abbott pide a fiscales analizar conveniencia de mantener a imputados en prisión preventiva en medio de la pandemia

Ya son 100 privados de libertad y 129 los funcionarios de Gendamería contagiados de coronavirus en el sistema penitenciario a nivel nacional, de acuerdo al reporte diario de hoy. En este contexto, el gobierno indultó a 1.860 condenados para descongestionar las cárceles, quienes comenzaron a salir con arresto domiciliario total el pasado viernes. Además, la Defensoría Penal Pública aspirar a liberar a cerca de 3.000 personas en prisión preventiva, es decir, que aún no están condenados y son un grupo de riesgo que podría ser contagiado de Covid, como adultos mayores, mujeres con hijos en los penales o embarazadas. También, apuntan a liberar a los primerizos (personas tras las rejas que es primera vez que cometen un ilícitos). Así, entre el 3 de marzo y el 14 de abril, lograron sustituir la cautelar en 242 personas.

No obstante, esto no solo ha sido tema de interés en el gobierno. Los efectos de la pandemia en las cárceles fue materia de discusión en la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, donde el 1 de abril se acordó reducir el número de prisiones preventivas e incluso se han hecho gestiones para acelerar el proceso de las libertades condicionales, las que hasta el 16 de abril de este año llegaban a 1.550 concedidas, a diferencia de las 750 otorgadas en abril de 2019.

Al día siguiente de esta cita, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo en una declaración pública que debido a las condiciones que atraviesan los recintos penitenciarios, se va a “concordar la sustitución de las prisiones preventivas por arrestos domiciliarios, solo en los casos en que no exista mayor riesgo para la víctima ni para la sociedad”, y cuando no se trate de delitos graves.

Entre los fiscales, esto se vio esto solo como una instrucción muy general y vaga. Algunos persecutores consultados estiman que ahora hay que ser doblemente cautelosos en seleccionar los casos en que se va a solicitar la prisión preventiva. Además, indican que los delitos que se siguen cometiendo durante la pandemia son los más graves, por lo que los fiscales no tienen pie para no pedir una prisión preventiva ante un robo con intimidación o robo con homicidio.

En este contexto, ayer Abbott envió el oficio N° 314 a todos los fiscales del país con un instructivo, que tiene por objetivo de usar los mismos criterios establecidos en el proyecto de ley de indulto conmutativo para beneficiar a imputados privados de libertad por delitos menos graves. “La envergadura de la crisis los obliga a considerar que el efecto concreto, tanto de una condena como de la prisión preventiva e internación provisoria, es lo mismo, esto es la privación de libertad y en consecuencia constituye un eventual factor de propagación del virus”, señaló.

De acuerdo al documento de cuatro carrillas, pidió que cada fiscalía regional realice un registro de todas las personas que tiene en prisión preventiva. También requirió que analicen la conveniencia de dejar en prisión preventiva a hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60, mujeres con hijos en cárceles o embarazadas e imputados con riesgo de contagios de Covid.

Además, solicitó que consideren la gravedad del delito, la pena y el avance de la investigación para ver la modificación de la medida cautelar. “Si el tribunal no acoge o sustituye la prisión preventiva, los fiscales deberán considerar ponderadamente lo señalado precedentemente, y solicitarán la medida cautelar del artículo 155 letra a del Código Procesal Penal, en su calidad de total, siempre y cuando esta medida con constituya un peligro para la víctima”, indicó. En este mismo punto, dijo que que en los casos de violencia intrafamiliar los fiscales insten a que el arresto domiciliario lo cumplan los imputados en una casa distinta a la de la víctima y “se deberá informar a ella de esta sustitución”.

Agregó que no se aplique este cambio de medida cautelar para los imputados que hayan reiterado delitos o de “imputados que estén en prisión preventiva por no haber comparecido a los actos del procedimiento”.