Antesala al aniversario 25° del MP: fiscal nacional enfrenta tenso consejo de persecutores por denuncias que lo vinculan con Hermosilla

Formalmente, el Consejo General de Fiscales que se desarrollará a partir de las 9 de la mañana de este lunes 14 de octubre tiene dos temáticas a abordar: la agenda legislativa que los atañe, por el progreso de los proyectos sobre fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial, y lo referente al programa especial de protección de testigos.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, gran parte de la expectación de los persecutores está puesta en las acciones que podría emprender el fiscal nacional, Ángel Valencia, frente a la arremetida de Luis Hermosilla por las filtraciones en el marco del caso Audio.

Y es que como transmiten fiscales consultados por este medio, en la instancia se debe abordar el asunto, que también involucra a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en tanto estiman que la situación está dañando la imagen de la institución en su conjunto.

Además, hay quienes están interesados en que el máximo persecutor aborde con claridad por qué no transparentó desde un inicio que había mantenido una reunión con Hermosilla y Andrés Chadwick tras haber sido confirmado en el cargo. Esto, porque en ese encuentro no solo se conversó sobre la causa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, sino porque en ese momento el otrora ministro del Interior era investigado en calidad de imputado -y continúa siéndolo- en la causa por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.

Ese, según comentan las mismas fuentes, podría ser uno de los momentos más tensos de la jornada, pues de ser abordado, algunos de los asistentes podrían transparentar que el hecho de que no mencionara aquello con anterioridad dañó las confianzas.

Como indican integrantes del ente persecutor, hay cierta “desilusión” en las filas, porque en encuentros anteriores que habían mantenido, Valencia les había asegurado -según comentan- que con Hermosilla solo tenía los whatsapps que transparentó en una entrevista con CNN, por lo que ahora dicen haber quedado “desconcertados”.

Los más críticos, de hecho, manifiestan que si cualquier fiscal hubiese actuado de esa forma tendría, por lo bajo, un sumario aperturado en su contra, porque la señal hacia la ciudadanía es “pésima”, pues además consideran que “se ha mentido a través de los canales institucionales”, lo que catalogan como “inaceptable”.

En la misma línea, fiscales han transmitido que se requiere que Valencia comunique las decisiones que adopta frente a causas complejas o polémicas a la interna, pues en varias ocasiones sus subordinados, dicen, terminaron enterándose por la prensa de asuntos “delicados”. No hay una bajada comunicacional que se les haga llegar, como alegan en privado, ante la eventualidad de que se les consulte públicamente del tema. Como ocurrió, deslizan, en el episodio de los whatsapps.

Claudio Uribe, exfiscal y otrora presidente de la Asociación de Fiscales (ANP), no titubea al expresar que el fiscal nacional “se equivocó” al no transparentar todos los contactos que ha tenido con Hermosilla, porque aun cuando todos eran conscientes de que él tenía cercanía con el mundo político, debió prever este tipo de “dificultades”.

“Era necesario que transparentara todo. Echo de menos una postura más firme respecto de la independencia de los fiscales, y creo que se ha hecho necesario abordar lo referente a la selección de los fiscales regionales, para que no haya ningún espacio de duda respecto de las capacidades que cada uno puede tener”, mencionó.

Por lo mismo, consultado respecto a los cuestionamientos que enfrenta Ángel Valencia, el actual presidente de la ANP, Francisco Bravo, manifestó que el consejo de este lunes “es una gran oportunidad para dar señales de transparencia, especialmente de parte del fiscal nacional, pues como lo que diga el consejo no es vinculante, es un espacio para que él aborde el asunto”.

Se espera, mencionó, que se puedan abordar y discutir pautas que permitan fijar directrices claras respecto de las relaciones que se mantienen en el ejercicio del cargo con intervinientes en las diferentes causas, para que así se registren de manera adecuada esos eventuales encuentros. “No hay espacio ni margen para algo distinto a que eso quede totalmente transparentado con miras a lo que viene hacia futuro”, complementó

“Es evidente que la situación (de la reunión con Hermosilla y Chadwick) tiene complicado al fiscal, no es un misterio ni algo que se pueda obviar, porque que eso se devele a más de una semana de ocurrido genera suspicacia y genera legítimas desconfianzas”, sumó.

No hay espacio, como advierte, para que el consejo exprese un respaldo a su gestión, como en su momento se hizo con el exfiscal Jorge Abbott. “No se vería bien que se hagan defensas corporativas. Sería un pésimo favor. Acá hay que tomar una decisión categórica con que no se van a tolerar conductas alejadas de la probidad y la transparencia, y que se investigará y sancionará como corresponde a quien se aleje de ello”, acotó.

En la misma línea, el fiscal José Morales, otrora contendor de Valencia en la carrera por presidir el Ministerio Público, aseguró: “Como fiscal desde el inicio de la reforma, creo que es esperable que en esta instancia se fijen reglas claras y uniformes respecto del inicio de investigaciones de oficio por filtraciones, y que el fiscal nacional pueda tener la tranquilidad de hacer su trabajo y así cumplir con lo que la ciudadanía demanda”.

Además, explicó que la institución está “expectante” de los avances que ha tenido el trabajo respecto de fijar herramientas tecnológicas que les permitan proteger la seguridad y trazabilidad de las carpetas investigativas.

El consejo de este lunes, cabe hacer presente, se da luego de que este jueves los diputados PC Luis Cuello y Boris Barrera ingresaran una denuncia contra Valencia por infracción a la Ley del Lobby, por no registrar la mencionada reunión con Hermosilla y Chadwick, por lo que también se espera que el tema se trate.

Pero esa no sería la única acción que se podría sopesar en el encuentro, pues en diferentes sectores políticos se ha conversado la posibilidad de avanzar con una solicitud de remoción en su contra.

Para eso se requeriría que 10 parlamentarios presenten la petición ante la Corte Suprema, aludiendo “incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

Como se indica en la norma, la Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto, y para acordar una eventual remoción deberá reunir el voto conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.