“Tenemos una agenda bastante exigente, tenemos en primer lugar el fast track de seguridad, económico, adicionalmente se están tramitando reformas tan importantes como el de pensiones (...), el CAE va a ser después (del 30 de septiembre)”.

Con esas palabras, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fijó los plazos que maneja el gobierno para presentar el proyecto de condonación de la deuda por el Crédito con Aval del Estado (CAE), que ha sido una de las principales banderas del Ejecutivo, incluso como estrategia de campaña para llegar a La Moneda.

En ese contexto, es que desde las bancadas de la oposición han estado atentos al diseño del gobierno en esta materia, tanto en el timing que maneja como de los contenidos de la propuesta.

De hecho, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), ha sostenido una serie de reuniones de trabajo prelegislativo con parlamentarios de todos los sectores. Desde la oposición, no han dudado en mostrar los dientes respecto de la propuesta, acusando que el gobierno lo utiliza como estrategia electoral con miras a las elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre próximo.

Aunque en la derecha hay quienes se abren a un reconocimiento a quienes estén al día con el pago de la deuda universitaria, entre las bancadas prima la postura de negarse a la propuesta, bajo el argumento de que no es responsable fiscalmente.

El jefe de la bancada de los diputados de la UDI, Gustavo Benavente, criticó a Palacio y señaló que “lo único que quería era condonar el CAE, así lo prometió en la campaña y muchos le creyeron, hoy el mismo gobierno ha dicho que es imposible condonar”. Pese al tono del jefe del bloque gremialista, al mismo tiempo sostiene que “cualquier cosa que se haga con el CAE, cualquier fórmula que se estudie tiene que necesariamente pasar por hacer un reconocimiento claro y efectivo con aquellos estudiantes que cumplieron con sus compromisos”.

En ese sentido, añadió Benavente, “si hay alguna especie de beneficio para los actuales deudores, también tiene que haber un reconocimiento y un beneficio para aquellos que cumplieron fielmente con sus compromisos adquiridos”.

En RN, en tanto, existe mayor apertura a lo que pueda proponer el Ejecutivo. La jefa de bancada de los diputados de esa tienda, Ximena Ossandón, aseguró que al interior de su bloque están “dispuestos a aprobar todo aquello que sea técnicamente razonable y que sea fiscalmente responsable”.

Sin embargo, respecto de la decisión del gobierno de retrasar la presentación del proyecto, Ossandón consideró que es porque desde La Moneda “no tienen claridad de que su proyecto avance”.

Desde Evópoli también se mostraron firmes para plantearse en contra de la postura. El jefe de la bancada de diputados, Jorge Guzmán, sostuvo que “la crisis en educación es profunda y no nos prestaremos para reformas mentirosas, que sigan perjudicando y dañando el futuro de los estudiantes de Chile”.

“Gobernar es priorizar, y la prioridad debe estar dada en atender la crisis educacional, la pérdida de aprendizaje, crisis de salud mental, deserción escolar, violencia y falta de matrícula. Abordando esas necesidades, que son urgentes, también podremos avanzar en un sistema más justo de financiamiento y pago del CAE”, consideró Guzmán.

En republicanos, el jefe de la bancada, Luis Sánchez, acusó que la propuesta del CAE “revela la falta de foco en las verdades urgencias y necesidades de los chilenos, que son la crisis de seguridad, migratoria, falta de empleo, no el CAE que puede ser un problema que quizás va a requerir en algún momento, pero no es el momento legislativo de hoy”.

Consultado por el contenido de la iniciativa que podría llegar al Congreso, Sánchez se mostró cauto frente a los detalles de la misma. Sin embargo, consideró que es “una falta de respeto a todos los chilenos que el gobierno nos obligue a discutir este tema hoy día, mientras la crisis de probidad, delincuencia y control migratorio, que es lo que tiene preocupado a los chilenos”.

Desde Demócratas y Amarillos también le cerraron la puerta a la iniciativa gubernamental.

La jefa de la bancada de Demócratas, Joanna Pérez, señaló que “no podemos abordar las promesas de campaña porque tenemos otras urgencias”, apuntando a la crisis de seguridad y el desempleo.

“El CAE en esto no entra, no es posible porque es una cantidad cuantiosa de recursos”, sentenció la jefa del bloque.

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, consideró que la medida debe ir en la línea de que aquellos que tengan los recursos para pagar la deuda lo hagan, “quienes no pueden pagar deben tener un tratamiento especial, que significa que si no está trabajando o no gana lo suficiente, no se le puede cobrar, su deuda no puede seguir avanzando”.

Al mismo tiempo, el timonel de Amarillos acusó que la iniciativa “es una medida demagógica, es una puesta en escena electoral previa a las elecciones municipales y del próximo año”.

A pesar de las posturas que existen en la oposición, desde los diferentes bloques aseguran que no ha existido coordinación para tener un relato o postura común a la hora de que llegue el proyecto a sede legislativa.