Sorprendidos y atentos a los próximos movimientos de Clínica Las Condes están en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), luego que la compañía de propiedad de Cecilia Karlezi y los médicos anunciara acciones legales por impagos en la atención de pacientes por Covid-19.

Detrás de la arremetida figura el abogado Enrique Barros Bourie uno de los litigantes más reconocido de la plaza y profesor de Derecho Civil. El caso reafirma el carácter frontal de la administración que encabeza Alejandro Gil, pareja de Karlezi y actual presidente del directorio que acumula una serie de desavenencias internas con el cuerpo médico. Barros en este caso es secundado por el abogado José Miguel Valdivia, quien es especialista en Derecho Administrativo y apuntarían a una eventual responsabilidad extracontractual de Fonasa.

Pero para tener mayor claridad en este conflicto, debemos mirar hacia atrás. Desde marzo del año pasado, la Unidad Centralizada de Gestión de Camas (UGCC) -institución creada para administrar las camas del sector público y privado durante la pandemia- ha derivado alrededor de 11.000 personas pacientes del sistema de atención público con diagnóstico positivo y negativo de Covid-19 a recintos privados de salud. De esta cifra, se han enviado cerca de 7000 beneficiarios con Covid positivo a los establecimientos privados.

Desde la pandemia, en Clínica Las Condes 345 pacientes con examen positivo se han hospitalizado por SARS - CoV -2 y en Fonasa insisten en que han cumplido con todas sus obligaciones y que están a la espera de que CLC firme el contrato. Sin embargo, al no firmarlo, el recinto privado no puede recibir ningún fondo del Estado, pues de hacerlo estaría incumpliendo la normativa vigente de la Contraloría General de La República.

Frente a la cruzada legal anunciada por CLC, en Fonasa insisten en que el 13 de julio del año pasado enviaron a la clínica el contrato con los términos de referencia para la prestación de servicios. No obstante, a la fecha, dicho documento no ha sido firmado por el recinto médico. ¿La razón? Una serie de dudas de los ejecutivos de CLC y que ha generado un constante intercambio de correos y llamados telefónicos por parte del equipo jurídico de Fonasa que dirige Luis Brito, abogado y fiscal del servicio.

Si bien el eventual conflicto legal es incierto, puesto que las acciones que en sede civil podría ejercer CLC son variadas, y van desde una demanda de indemnización de perjuicios a una acción de responsabilidad extracontractual, en Fonasa ya recopilan los antecedentes para sostener una buena defensa.

Eduardo Cordero, abogado socio del estudio Guerrero-Olivos explicó que un juicio de responsabilidad extracontractual puede tomar años. A su juicio, uno de los temas relevantes a tomar en cuenta en este caso es que Clínica Las Condes se encuentra en una compleja situación financiera.

“Todo el despliegue de la logística durante la época de pandemia CLC ha tenido que cubrirlo con recursos propios y no ha recibido los pagos del Estado. Entonces, hay una situación crítica que tiene que evaluar, ya no desde el punto de vista jurídico, sino que más que nada del punto de vista económico”, acotó Cordero, quien representó a 500 médicos en uno de los últimos quiebres con la administración por el cambio en sus contratos.

Entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre del mismo año, CLC sufrió pérdidas por $12.234 millones. Mientras, en el mismo periodo del año anterior registró ganancias por $4.565 millones y el trabajo de la administración es retomar la senda de utilidades del negocio.

Marcelo Mosso director de Fonasa en conversación con La Tercera PM explicó que “seguimos esperando que ellos nos envíen el contrato firmado para empezar a pagar y cuando nos envíen todas las factura de pacientes. Y bueno, y si van a ser acciones legales, esperaremos las acciones legales y defenderemos los intereses del Estado”.

“Tenemos 71 clínicas al día de hoy, que mantiene este tipo de convenio para enfrentar el Covid-19 y todas se han renovado para el 2021. En el caso de la Clínica las Condes, el contrato que se debía firmar, se les envió con fecha 13 de julio del año 2020 y a pesar, que le hemos insistido, por distintos medios, que deben firmarlo, a la fecha, no lo han hecho. Ellos tienen muy claro, que la Ley obliga a Fonasa a tener firmado, tomado de razón por parte de Contraloría, para poder cursar pagos”, añadió.

Los montos involucrados por la atención de pacientes Covid es relativo y depende de la gravedad. Según cifras de Fonasa, en promedio el costo en un recinto privado puede variar desde un millón de pesos a $17 millones. Aquí los equipos legales evalúan una serie de variables y en el caso de CLC ni siquiera ha enviado la prefactura a Fonasa, dijo Mosso. Por lo mismo, no es posible -dijo la autoridad- conocer a cuánto asciende el monto adeudado.

Por medio de un comunicado al regulador del mercado de valores, CLC explicó que “con ocasión de la pandemia por Covid-19 y de las medidas gubernamentales adoptadas durante el año 2020 y en particular, la que integró a Clinica Las Condes, a la red pública de salud, esta sociedad se vio en la obligación de contraer pasivos extraordinarios por una cantidad que supera $20.000 millones y utilizar la caja disponible por una cantidad superior a los S8.000 millones -entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 2020- para sustentar sus costos y las remuneracione de su personal de salud”.

Sin embargo, declinó aclarar el monto que involucrará la demanda que presentará en los próximos meses en contra del Fisco.

En un comunicado de prensa, CLC aseguró que Fonasa “pretende imponer a CLC la firma forzada de un contrato, el que fue rechazado por la sociedad dado su evidente afectación al interés social”. “resulta incomprensible que, atendidas las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro país y el ingente esfuerzo que este prestador de salud y todos sus funcionarios han practicado para contribuir a la red integrada de salud, Fonasa utilice como excusa para no pagarle a este prestador el hecho que no se haya suscrito un contrato que a todas luces afecta el interés social de esta Sociedad”, concluyó.

Mientras, en el CDE miran con atención el caso, aunque aclaran que mientras no sean requeridos por el Ministerio de Salud (Minsal) no pueden intervenir en el conflicto. A modo de ejemplo, la entidad no intervino en la disputa de Espacio Riesco, debido a que el asunto fue resuelto sin iniciar acciones legales. CDE declinó efectuar comentarios sobre este artículo. Sin embargo, conocedores del caso creen que CLC podría seguir la misma estrategia para obtener los pagos.

Si el Minsal requiere el apoyo del CDE, el caso llegaría a ser analizado por el Comité Civil, que es presidido por Paulina Velozo, ex Ministra secretaria general de la Presidencia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Luego la Procuraduría Santiago dirigida por la abogada Ruth Israel López tomaría el caso.

El deber del CDE es defender los intereses del Fisco, considerando que la eventual estrategia de CLC apuntaría a incumplimientos de responsabilidad extra contractual al no existir a la fecha un contrato firmado entre el recinto privado y Fonasa. Sin embargo, también está abierta la posibilidad de que sea la propia Fonasa quien se defienda en tribunales, puesto que es un organismo autónomo. Todo dependerá de la eventual acción civil que presente CLC.