Directora del INDH pagará de su bolsillo defensa ante la Corte Suprema luego que consejeros desestimaran costearlo con dinero fiscal

A las 9 de la mañana, el pasado lunes 8 de julio, tuvo lugar una nueva sesión del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual -como todas las semanas- debía tratar la serie de temas que aborda el organismo. Pero en esta oportunidad hubo un punto que llamó especialmente la atención de varios de los asistentes.

En medio de la instancia, la directora, Consuelo Contreras, planteó: ¿Quién se hace cargo de su defensa ante la justicia?

Judicialmente, la directora del organismo, a quien le resta un año para dejar el cargo, enfrenta dos procesos que tienen un origen común. Y es que luego de que el INDH acordara querellarse por presunto tráfico de influencias en la designación de los ministros de las diferentes instancias del Poder Judicial, la directora -y otros seis consejeros- fueron acusados por el delito de prevaricación por parte del exministro de Defensa Mario Desbordes.

A esto, además, se sumó una solicitud de remoción interpuesta por los diputados de oposición, quienes ingresaron el requerimiento ante la Corte Suprema, para que sea la máxima instancia judicial la que decida si existen antecedentes para remover a Contreras y al consejero Francisco Ugás, quien fue acusado de aprobar la querella por tráfico de influencias, que surgió del caso “Operación Topógrafo”. Esto, pese a que también era abogado en esa causa.

Ante ese escenario judicial es que la directora del organismo planteó y solicitó a sus pares la necesidad de que el INDH se haga cargo de los costos de su representación judicial ante el proceso de remoción que debe analizar la Corte Suprema.

Esto, basado en el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, el cual en su artículo 90 plantea que quienes integran el Estado “tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.

Si bien no se trataba de una votación como tal, la solicitud de Contreras buscaba recoger la opinión de los consejeros, quienes en su gran mayoría descartaron que fuera el INDH el que deba asumir el costo de aquello. Lo anterior se fundamentó en que, a su juicio, los integrantes del organismo no son funcionarios públicos, por lo cual no correspondía que el organismo asumiera los cuantiosos gastos de una defensa de ese tipo.

Sin embargo, quienes conocen el tenor de lo ocurrido afirman a La Tercera que algunos plantearon que se podría “asumir colectivamente” el pago de su defensa, como una especia de “vaquita”. Y es que si bien la gran mayoría descartó inmediatamente la postura de la directora, hubo dos consejeros que sí apoyaban que fuera el INDH el que asumiera el costo.

Ese mecanismo es el que se usó el 2018 cuando el exdirector Branislav Marelic llevó a los consejeros que aprobaron su remoción ante la Corte Suprema. En esa ocasión la institución tampoco asumió los gastos de esa representación, sino que fueron los propios miembros los que se repartieron los costos.

Pese a eso, durante jornada de este jueves, señalan quienes conocen de la situación, Contreras se inclinó por pagar ella misma su propia defensa.

A diferencia de lo planteado por la directora, el resto de los consejeros que también están ante el mismo escenario judicial no solicitaron aquello. Por ejemplo, en la solicitud de remoción el consejero Ugás tendrá un representante privado y costeado por él mismo.

En la causa penal por prevaricación presentada por Desbordes en contra de los consejeros Juan Carlos Cayo, el propio Ugás, Paula Salvo, Constanza Valdés, Haydee Oberreuter y Lieta Vivaldi contarán con representación de la Defensoría Penal Pública (DPP), algo a lo que también se sumará -en esta causa- la directora. En el caso de la remoción, aún no se determina quién asumirá la representación de Contreras.

Pese a las diferencias en el INDH, el tema judicial es algo que por estos días se ha instaurado al interior de la institución, más aun cuando la causa penal que se sigue en contra de los siete consejeros podría incluso concluir con la remoción de estos. Esta idea surge debido a que la propia ley orgánica del organismo establece una incompatibilidad para tener ese cargo si es que el Ministerio Público avanza en una indagatoria y presenta una acusación en su contra previo a un juicio.