Demanda de Javiera Blanco en contra del Estado: Peribonio admite presiones mediáticas y afirma que presidenta del CDE no tenía facultad para pedir renuncia

En septiembre de 2022, la exministra del Trabajo y de Justicia, Javiera Blanco, en una acción judicial inédita demandó al CDE, a quien acusó por falta de servicio al haber permitido que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que ella califica como “abusivas” y que generaron una presión indebida e ilegal para obligarla a renunciar como consejera del CDE en octubre de 2018, menos de dos años de haber sido designada en el codiciado puesto por la expresidenta Michelle Bachelet.

Desde la interposición del libelo, poco había avanzado el juicio civil, hasta esta semana, cuando se activó en tribunales dar inicio a la etapa probatoria. Hasta el Cuarto Juzgado Civil de Santiago tuvieron que comparecer testigos de ambas partes. Por el lado de Blanco, fue su íntimo amigo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y los abogados Johanna Heskia y Alejandro Espinoza, quienes la representaron en las causas penales que debió enfrentar en el pasado y que -actualmente- todas están cerradas o sobreseídas. La presencia de ellos fue para dar cuenta de cómo vivió emocionalmente esa etapa y la afectación que tuvo en su entorno familiar y laboral lo ocurrido en el CDE.

Otros de los convocados fueron los consejeros del CDE Juan Peribonio y Mariana Valenzuela, quien en la época de Blanco era abogada jefa de litigación.

Los principales argumentos de la demanda son las presiones consideradas indebidas por parte de Manaud. En el libelo, patrocinado por el abogado Andrés Astudillo, la exsecretaria de Estado acusa que “la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado desempeñó sus funciones sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio”.

Agrega que “la animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo, y que de haber actuado con sujeción a ellas, no habría presionado injustamente a la demandante para obtener su renuncia, pues sus obligaciones como jefatura limitaban su actuación a pedir explicaciones por las imputaciones que se formulaban a mi representada y a ordenarle formular descargos públicos”.

El abogado Astudillo explicó a La Tercera que “la demanda reprocha el comportamiento del CDE, que es el órgano llamado a hacer valer el cumplimiento de la ley y de las garantías procesales, como lo son el principio de inocencia, y el trato justo y digno a sus propios miembros. En el caso de Javiera Blanco, tales garantías y protección no se cumplieron, vulnerándose el derecho a la estabilidad en el empleo, siendo víctima de una verdadera destitución irregular”.

Junto con esto y tras la primera semana de testificación, sostuvo que “en relación al trato dado por el CDE a Javiera Blanco, nos llama poderosamente la atención la incidencia de los medios de comunicación en la adopción por parte de dicho órgano de medidas internas relevantes contra ella. Eso pone dudas sobre la independencia y capacidad de la entidad, para resolver situaciones complejas en base a sus reales méritos”.

Uno de los puntos que debió contestar Peribonio, quien también ejerció como presidente del CDE, es si ese cargo permitía solicitar la renuncia de otro consejero. Al respecto, el abogado respondió que “como ya me referí anteriormente, el presidente del CDE no tiene facultad alguna ni de control ni de supervisión respecto de los consejeros, estamos en un plano de igualdad con el presidente, quien solo asume temporalmente y en un periodo acotado de tres años, como jefe de servicio para efectos administrativo internos”.

Blanco alega que Manaud se apartó del principio de probidad administrativa, ya que no tuvo -a su juicio- una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto como les exige la ley a los jefes de servicio. “Esta infracción se materializó en definitiva mediante la actuación de la presidenta, quien presionó ilegítimamente a la demandante para que renunciara a su cargo, y a los consejeros para que, por su lado, también la presionaran en el mismo sentido”, se consigna en la demanda.

Juan Peribonio expresó además que “los consejeros tienen lo que denominamos la inamovilidad y permanecemos en el cargo hasta los 75 años y cesan en este por las causales que están en el estatuto administrativo y por petición del Presidente de la República, quien debe recurrir al acuerdo del Senado, en consecuencia, el presidente del CDE no tiene facultad y nunca la ha tenido para pedir la renuncia del cargo de algún consejero”.

Sobre la carta que la expresidenta del CDE envió a Blanco, Peribonio dijo que no sabía de su existencia hasta que la consejera renunció y dio a conocer dicha misiva a través de una entrevista. “Puedo señalar que se trataba de una carta que manda la presidenta Manaud en un contexto estrictamente personal, en la cual le manifiesta su opinión respecto a estos sucesos que rodeaban a estas imputaciones penales y lo que significada también para el CDE toda vez que estas imputaciones penales podían estar dentro de la órbita de la competencia como legitimando activo para perseguir la responsabilidad penal de los partícipes de dichas conductas en donde también se encontraba la consejera Blanco”, dice.

Junto con esto, Peribonio expresa que en el documento Manaud hace ver “su preocupación personal por la imagen de una institución centenaria como es el consejo” y hace alusión a presiones mediáticas de la prensa. A esta situación, dice, se sumaba “de alguna manera también mucha tensión a los funcionarios, porque incluso recuerdo que durante largas jornadas grupos de periodistas se apostaban en las inmediaciones del consejo con cámaras de televisión grabando a los que entraban y salían del edificio”.

Pese a admitir esto, el consejero sostuvo que a él no le parecía que la carta “constituyera presión ilegítima, simplemente fue la forma de transmitir la opinión personal sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, puesto que de manera alguna el presidente puede obtener la renuncia de un consejero, el que puede pedir la renuncia de un consejero es el Presidente con acuerdo del Senado. Me da la impresión que fue una carta dirigida más bien con el ánimo de reflexionar de lo que estaba sucediendo, dejándole enteramente a decisión de la consejera su futuro en el consejo, para que ella lo meditara”.

El alcalde Carter, que mantiene una amistad de 33 años con Blanco, a quien conoció en Derecho UC, manifestó ante el tribunal el daño que él mismo presenció que tuvo la abogada durante la época en que asegura fue presionada a dimitir.

“Fui testigo directo del nivel de angustia que ella vivió en el periodo en que allí se desempeñó”, sostuvo. Junto con esto, agregó que “las presiones son las que Javiera me comentaba, referidas a su entorno profesional, a sus colegas en el Consejo, que la hacían sentir una profunda incomodidad por su presencia en la institución. Esto era precisamente lo que le provocaba angustia y decepción, porque no se lo espera por el nivel profesional de sus colegas. Y el periodo, esto debe haber sido el segundo semestre del 2018, por ahí, fue antes del estallido social”, declaró.

Junto con esto, dijo ante el tribunal que “Javiera Blanco llevaba muchos años sufriendo un acoso comunicacional y judicial y para más de alguien era muy incómodo que ella estuviera en el Consejo. Además es que era un hecho público y notorio que la forma en que se generan los nombramientos, tiene una clara connotación política y dicho sistema ha sido cuestionado en el último tiempo. Eso implica, desde luego, una situación controvertida por el Consejo, en cuanto a su nombramiento y funcionamiento y en ese contexto, Javiera Blanco se había convertido, y así lo sentía ella, en un chivo expiatorio mucho más profundo”.

Finalmente, el jefe comunal expresó que él creía que en Chile los procesos penales se ganaban en la arena mediática y que eso ocurrió en el caso de su amiga Javiera, ya que recibió una serie de querellas que abrieron procesos penales pero que no tuvieron futuro más allá del menoscabo. “Como he señalado precedentemente, nunca en 30 años de conocimiento recíproco había visto tan afectada a Javiera en términos humanos. Nos hemos acompañado en duelos familiares, en pérdidas personales que han implicado pena para ambos, pero nunca había visto tanta decepción y sensación de injusticia como en esta ocasión”, sostuvo.

La próxima semana continuarán los testimonios de ambas partes, en un contragolpe de la exconsejera que pide al Fisco ser indemnizada, considerando el daño moral provocado, pero también el económico al haber dimitido a un cargo que le reportaría una remuneración permanente hasta los 75 años. En el libelo, al que accedió La Tercera, la exministra pide una compensación económica de $ 387.733.776, o -en subsidio- lo que la justicia determine procedente conforme a derecho.