Grupo Pentzke, a través de las sociedades: Comercial de Alimentos S.A. (Alicopsa) y Consorcio Lonquimay SpA, presentó dos demandas de incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En las acciones, que se tramitan en el 1º y 14º Juzgado Civil de Santiago, ambas compañías acusan a la institución dependiente del Ministerio de Educación de haberles entregado información errada respecto del número efectivo de raciones de alimento que debían suministrar en cada una de las unidades territoriales adjudicadas.

Comercial de Alimentos S.A. exigió el pago de $ 9.581.307.314. Mientras que Consorcio Lonquimay SpA solicitó una indemnización de $ 4.566.325.652. En total, los perjuicios de ambas firman suman: $ 14.147.632.966.

Ambas empresas apuntaron a complicaciones en los contratos adjudicados entre los años 2015 y 2016. Los acuerdos permitían proveer suministros de los Programas de Alimentación Escolar y de Alimentación de Párvulos (PAE).

En el caso de Alicopsa, se adjudicó el servicio PAE para las unidades territoriales, de la Región de Valparaíso y de la Región Metropolitana. El contrato entre Alicopsa y la Junaeb se suscribió con fecha 24 de febrero de 2015, con una vigencia de tres años.

Mientras que Consorcio Lonquimay se adjudicó el servicio PAE para las unidades territoriales 1311 y 1314 de la Región Metropolitana. El contrato entre Consorcio Lonquimay y la Junaeb se suscribió con fecha 18 de febrero de 2016, con una vigencia de tres años.

Ambas compañías son representadas por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés e Ignacio Naudón, socios de Baker McKenzie, quienes ya obtuvieron un resultado favorable en tribunales en un litigio de similares características.

Se trata de la demanda de incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios que presentó Alimentación y Servicios Ferbas S.A. en contra de Junaeb. En efecto, el 21 de diciembre de 2020, la Corte Suprema falló a favor de la empresa y ordenó el pagó de $ 895.155.961.

En su sentencia, dictada por la Tercera Sala del máximo tribunal, confirmó que “el año 2013 las raciones efectivamente servidas fueron inferiores al 85% de las asignadas”. Es decir, Junaeb solicitaba un mayor número de alimentos que los que finalmente se consumían en los recintos educacionales.

A mediados de 2014, la Junaeb lanzó la licitación pública (ID 85-10-LP14), con el propósito de adjudicar la contratación de los servicios de suministro de raciones alimenticias, correspondientes a desayunos, onces, almuerzos, cenas, colaciones, tercer servicio, raciones de emergencia y servicios pre-preparados para los beneficiarios.

Las raciones alimenticias licitadas no estaban destinadas a cubrir sólo las necesidades de los establecimientos a cargo de dicha institución. El contrato también comprendía el suministro de raciones a los establecimientos a cargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra.

El problema es que -según la empresa- Junaeb comenzó a entregar información errada. Durante la vigencia del contrato, desde febrero de 2015 hasta febrero de 2018, y por medio de los informes de Raciones Mensuales Asignadas, la Junaeb informó y exigió a Alicopsa que debía suministrar (y por ende costear) 20.861.119 raciones más que aquellas que en la realidad fueron efectivamente requeridas y servidas.

Mientras que en el caso de Consorcio Lonquimay SpA, el contrato (ID 85-37-LP15) se extendió desde enero de 2016 hasta febrero de 2019 y, según expuso en su demanda, Junaeb también le proporcionó información errada y, por lo tanto, debió suministrar 10.722.830 de raciones extras de las que fueron requeridas.

“Solo como ejemplo, en muchos meses el número de raciones que la contraria obligó a mi representada tener disponible -y costear- no llegó ni al 70% de las raciones que efectivamente fueron necesarias servir y le fueron pagadas. Incluso, hubo meses en que dicha proporción fue menor al 50% y 40%”, consignó la demanda.

“De rechazarse esta demanda y validarse la conducta de la Junaeb, se estaría dando una verdadera carta blanca a la administración para actuar con grave negligencia, incluso desprecio, en relación a los particulares, justificando perjuicios económicos gigantescos en su contra”, concluyó.

El pasado 29 de octubre, Junaeb contestó la demanda de Consorcio Lonquimay asegurando que no existe ninguna vulneración al contrato, por lo que no corresponde una indemnización.

En conversación con La Tercera PM, el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, sostuvo que “el monto de las demandas puede parecer alto, pero son contratos antiguos en los que estamos en la recta final para poder liquidar con las empresas. Es una mochila antigua de contratos que no se liquidaron oportunamente. Hemos hecho un trabajo por parte nuestra y con las empresas para poder ir cerrando estos contratos. Los montos que ellos presentan son altos, pero también hay un monto alto e importante que estas empresas no han pagado”.

La autoridad agregó que “en algunos casos los montos de las multas son mayores a lo que Junaeb les debe y se está haciendo un análisis detallado de los contratos. Lamentamos que las empresas judicialicen esto, porque se ha transformado en una práctica que se judicialicen las licitaciones y la administración de los contratos; hubiésemos preferido tener un proceso más normal de liquidación de contratos, pero vamos a atenernos a lo que diga la justicia”.

Finalmente, sostuvo que “no corresponde cuando tú debes multas y no las has pagado exigir que se te pague a ti, antes que eso ocurra. Nosotros vamos a cobrar las multas y después pagaremos. Tenemos la certeza absoluta de que vamos a ganar esos juicios, porque no hay ninguna justificación para que no paguen multas de los incumplimientos que tuvieron esos contratos”.