Diego Ancalao, primer “caído” en caso Convenios: “Con esta persecución en mi contra la Fiscalía busca proteger al FA y al Presidente Boric”

Diego Ancalao, otrora precandidato presidencial e imputado en el marco del caso Convenios -arista vinculada a la Corporación Kimün-, lleva menos de 48 horas fuera de la cárcel de Puerto Montt y en su cabeza hay una idea que se mantiene constante: el Estado de Chile se debe hacer responsable de la prisión preventiva injusta a la que fue sometido por 18 meses.

Y es que tras salir del penal, Ancalao no deja de repetir que fue encarcelado en base a pruebas falsas y que la Fiscalía actuó con sesgo y prejuicios.

La tarde del lunes, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt accedió a su petición y decretó la rebaja de las medidas cautelares que pesaban en su contra. Tras el pago de una fianza de $10 millones, el exdirigente estudiantil, aún imputado por lavado de activos, salió de prisión preventiva y ahora advierte que está evaluando qué caminos judiciales seguir para condenar al Estado chileno.

Accede a la rebaja de la medida cautelar que pesaba en su contra recién después de un año y medio en prisión y tras el pago de una fianza. ¿Cómo asume esto?

Para mí estar hoy día en libertad es un principio de justicia, porque yo estuve un año seis meses privado de libertad, en prisión, por delitos que yo no cometí, con acusaciones, imputaciones y pruebas falsas por parte del Ministerio Público. Entonces claro que me encuentro contento, porque fue una prisión injusta. Me encarcelaron acusándome de delitos que después el propio Ministerio Público, en reformalización, me levantó. Solo se me mantuvo la imputación por lavado de activo por 44 millones de pesos y me mantuvieron en prisión preventiva, pese a que actores políticos que no son indígenas, que pertenecen a partidos políticos y que están imputados por 10 delitos, están en su casa. Yo por un solo delito, preso un año y medio. Eso deja a la vista, claramente, una desigualdad procesal, una desigualdad ante la ley.

Pero Fiscalía ha insistido en su responsabilidad y en el riesgo que implicaría su libertad, y solo bajo fianza logra el cometido. ¿Insiste en que todas las pruebas son falsas?

Esta fianza o caución es la consecuencia de la oposición del Ministerio Público a la sustitución de prisión preventiva por otra menos gravosa como el arresto domiciliario parcial. Y el Ministerio Público se opone a este cambio porque por mi condición de indígena yo podría darme a la fuga de una comunidad mapuche a otra comunidad donde el Estado no llega y no se puede acreditar que yo pueda participar frente a un requerimiento de la justicia. Y todo eso es grave.

En ninguna parte del ordenamiento jurídico chileno se menciona que la condición de indígena sea una agravante, y ese fue el argumento que utilizó el Ministerio Público. Un argumento racista y prejuicioso. Con esto, además, el Ministerio Público reconoce que en Chile no funciona el Estado de Derecho, y que el Estado no llega a todas partes.

Usted fue encausado por delitos de corrupción y económicos, y estuvo un año y medio sin percibir ingresos, ¿cómo consigue el dinero de esta fianza?

Ahora estoy imputado por lavado de activos por 44 millones, en la cual se me acusa de haber cobrado dos cheques. Pero en su declaración judicial, el imputado principal del caso, el presidente de esa corporación, confesó que él utilizó esos fondos, no yo, que yo no participé en ese hecho. El resto del dinero que es cuestionado y que recibí, era por mi sueldo.

Pero es cierto, estuve un año y medio sin ingresos, y para obtener esta caución mi familia junto con mi defensa consiguieron los recursos. Pero además, luego de mi declaración judicial y de diversas publicaciones, muchos presos y sus familias hicieron una colecta y aportaron a cubrir los fondos que faltaban para la fianza, que era como un millón y medio.

¿Presos que estaban en otros penales o conocidos de usted?

De la cárcel en la que estuve en Puerto Montt, en la cárcel de alta seguridad. La gente que en esa cárcel me conoció, tomó conocimiento que yo estaba en una prisión política y una persecución política sin argumentos, y ellos, mutuo proprio, manifestaron su voluntad con sus familias de aportar económicamente para que yo pudiera salir en libertad, porque hasta los propios presos consideran injusta mi prisión.

Usted recalca que es víctima de una persecución. ¿Cómo sustenta eso?

Lo de la persecución racial y política yo creo que está completamente acreditado en los primeros elementos que le entregué, porque el argumento de utilizar mi condición de indígena como peligro de fuga es un elemento que no se encuentra en ningún ordenamiento jurídico ni en la Constitución. Eso no es posible sostenerlo en un debate técnico y judicial porque es un argumento subjetivo y prejuicioso. Ahí se acredita la cuestión racista

Lo segundo es que efectivamente hay elementos políticos, porque en Chile hay más de 1.600.000 personas imputadas, algunos actores políticos encausados por hasta 10 delitos vinculados a fraude al Fisco y por un montón de otras cosas más, como el caso Recoleta, están en su casa. Pero resulta que al señor Ancalao, con ese argumento prejuicioso, lo tienen preso. No hay igualdad ante la ley, para ciertos sectores políticos de gobierno hay permeabilidad y subjetividad, pero para otros sectores sociales de independientes, indígenas y pobres, gente de barrio, se les aplica la máxima pena de la ley. Pareciera que cada partido tiene su propio fiscal y su propio juez. En Chile estamos funcionando de una manera desigual, poco ética, esto yo siempre lo había estado denunciando, pero ahora me han metido preso a mí y me han hecho pagar todo, todo lo que ellos han querido, y eso no puede ser.

¿Qué razones tendría el Ministerio Público para actuar capturado por estos intereses políticos?

Claramente el Frente Amplio tiene que ver en esto, la gente se lo pregunta y se menciona en la cárcel también. Por qué no hay un fiscal nacional, por ejemplo, que llame a declarar al Presidente de la República por las miles de firmas que reunió en 24 horas para inscribirse como candidato y nadie lo investigó. Y resulta que reciben una denuncia de una mujer y tampoco pasa nada. ¿Quién nombra fiscal nacional en definitiva? Los partidos políticos que están en el Congreso, una casta que es culpable de la desigualdad procesal y económica y de un montón de desigualdades.

A su juicio, ¿a quién entonces buscaría proteger la Fiscalía?

Es absolutamente evidente que mediante esta persecución en mi contra se busca proteger al Frente Amplio y al Presidente Gabriel Boric. No pasa nada si el gobierno quiere comprarle una casa a funcionarios públicos con plata de todos los chilenos, pero Diego Ancalao preso por 44 millones que ni siquiera tocó. Se me toma como chivo expiatorio para que pague los pecados de otros. Es claro que el fiscal Ángel Valencia obedece a intereses de ciertos grupos políticos para que gocen de impunidad. Eso es completamente visible.

¿Qué elementos ha podido tener a la vista para afirmar que se presentaron pruebas falsas en su contra?

Para sostener lo del lavado, se presenta un informe de la PDI donde se suma dos veces mi sueldo, suman dos veces un mismo cheque para aumentar el valor. Eso es una prueba falsa. Eso se llama perjurio. Conmigo pasa lo mismo que pasó en el caso Huracán, donde metieron en prisión preventiva a ocho comuneros mapuche con pruebas falsas y qué pasó con el fiscal de esa causa, nada.

Usted arrastra la causa referente a la presentación de firmas falsas en su intención por llegar a La Moneda y ahí también acusó que hubo antecedentes creados artificialmente. ¿Cree que todo está conectado?

Por eso mismo yo menciono lo de las firmas que presentó Gabriel Boric. A él no se le investigó y a mí sí, pese a que no inscribí mi candidatura. Igual se me persiguió pese a que no infringí la ley. No digo que acá haya un culpable individualizado, pero los procesos deben ser iguales para todos, una debida investigación.

¿Está evaluando acciones para que se persigan responsabilidades?

Mi abogado, Miguel Narváez, está trabajando arduamente en revisar la jurisprudencia internacional respecto a este tipo de violaciones por la cual el Estado de Chile ha sido condenado anteriormente, por desigualdad procesal, y mapuche que han estado presos con vulneración a sus derechos fundamentales, que es lo que me ha ocurrido a mí. Entonces él está concentrado en eso, pero además en la Nación Unida mi caso también fue presentado y hay informes sobre eso. En paralelo, mis abogados están trabajando y estudiando esta situación para evaluar todos los caminos.