Dos días después: oposición reacciona y se abre a apoyar acusación contra altos magistrados

A pesar de que las bancadas de la Cámara de Diputados pretendían zanjar después de fiestas patrias su decisión de embarcarse en una acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema -implicados en las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla-, las últimas revelaciones de Ciper Chile, que exponen a la ministra Ángela Vivanco, obligaron a adelantar los planes.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), y los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes son querellantes en el caso Hermosilla, han liderado los contactos para aglutinar al oficialismo.

Si bien Vivanco, quien fue suspendida de sus funciones por el propio pleno de la Suprema, es la primera candidata a ser acusada, desde el oficialismo han planteado que el ministro del máximo tribunal Jean Pierre Matus y el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, también deben ser incluidos en el libelo.

El anuncio de la acusación, sin embargo, dejó en una posición incómoda a la oposición, cuyos principales voceros reaccionaron con cautela ante la inminente presentación.

Si bien desde la derecha sostienen que Hermosilla también tenía redes enraizadas en el actual oficialismo, hay dos factores que obligan a los legisladores opositores a dar pasos con precaución. Uno de ellos es el conocido lazo de amistad del abogado penalista, hoy en prisión preventiva, con el exministro Andrés Chadwick (UDI) y el otro es el hecho de que Vivanco militó en el pasado en RN. En todo caso, en privado, legisladores opositores señalan que no habrá defensas corporativas y agregan que difícilmente alguien podrá ofrecer resistencia ante una ofensiva constitucional.

En la oposición, adicionalmente, hay un factor de contexto que ha generado una suerte de inhibición a la hora de embarcarse en estas acciones constitucionales. Desde 2022 las distintas fuerzas de derecha suman cinco libelos fallidos en contra de ministros de Estado (Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Marco Antonio Ávila y Carlos Montes), derrotas que ha generado un clima de tensiones y recriminaciones en el sector.

La gravedad de los hechos revelados, sin embargo, está llevando a las bancadas opositoras a reconsiderar su cautela inicial. De hecho, este lunes en la tarde diputados de la UDI, de RN, de Evópoli, del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, además de sus independientes asociados, pretenden reunirse para evaluar si se suman a esta ofensiva de acusaciones contra altos magistrados.

El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, dijo que su grupo parlamentario está abierto a estudiar esta presentación. Sin embargo, pidió incluir en el paquete acusatorio al ministro Sergio Muñoz, que -si bien no ha salido salpicado por las filtraciones de audios y chats de Hermosilla- está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija fallo que incidía en la compra de departamentos.

“La UDI no se cierra a analizar y eventualmente apoyar, conforme a su mérito, una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema que están cuestionados, como son la ministra Vivanco, el ministro Matus y el ministro Sergio Muñoz. Ello puede ser una oportunidad para que desde el Congreso podamos ir devolviéndole a la ciudadanía la confianza en el Poder Judicial”, expresó Benavente.

Si bien esta tarde RN afinará su postura, la jefa de bancada de los diputados de ese partido, Ximena Ossandón, expresó que “habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional, pero lo que me llama la atención es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales. Siento que no es momento para estar ni felices ni viendo oportunidades para dar cuñas. Es el minuto para demostrar que somos políticos responsables”.

En la misma línea, el diputado José Miguel Castro (RN) dijo que “en el caso de Hermosilla, la justicia no ha terminado de actuar, por lo tanto, creo yo que es apresurado tomar una decisión como esa independiente de que tengamos la facultad. Aquí lo que hay que dejar es que los poderes del Estado actúen de forma independiente”.