El abogado aymara y defensor de la plurinacionalidad que Boric designará en el INDH tras fallido arribo de historiador mapuche

A un mes y veinte días del fallido arribo del historiador mapuche Fernando Pairican como integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), La Moneda ya tiene un nuevo nombre para el cupo que le corresponde designar al Presidente de la República Gabriel Boric. Se trata del abogado aymara Juan Carlos Cayo Rivera (37), quien hasta el 4 de julio se desempeñó como asesor jurídico de la exconvencional Isabel Godoy (cercana al PC), representante del escaño reservado al pueblo Colla en la Convención. A diferencia del profesor de la UC, el profesional cumple con el requisito que es no residir en la Región Metropolitana y con ello se visaría su llegada al organismo.

Su nominación aún no ha ingresado a trámite en Contraloría, pero ya se sabe al interior del INDH que él es el elegido y personeros de Gobierno confirmaron también su nombre al ser consultados por La Tercera PM. Es cosa de tiempo, dicen en La Moneda, que se haga oficial su designación. Antes están afinando todos los detalles para que no vuelva a suceder lo que ocurrió con Pairican, que pese a cumplir con casi todas las exigencias de la ley, quedó fuera del INDH debido a que reside en la misma región que el otro cupo presidencial que en este caso es el consejero Sebastián Donoso, quien llegó ahí durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

En Palacio dicen que se está a la espera de que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia emita el decreto correspondiente y lo ingrese al ente fiscalizador para que este a su vez “tome razón”, trámite que en el caso de Pairican no alcanzaron a concretar, puesto que en la previa se percataron del detalle administrativo que no habrían advertido antes del anuncio que luego quedó trunco.

Consultado por este tema Cayo si bien confirmó haber sido contactado por representantes de La Moneda, quienes le preguntaron respecto de su disponibilidad para asumir como consejero, declinó entregar más detalles ni tampoco adelantar si era él el elegido o no. Aunque se sinceró ante esta posibilidad: “uno siempre tiene que estar disponible”.

Es oriundo de Arica y tiene 37 años. Estudió Derecho en la Universidad de Tarapacá y luego cursó un máster en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho en la Universidad de Sevilla, España. En la elección de convencionales se postuló en dupla con Marcela Gómez Mamani, obteniendo 1.076 votos, pero ninguno de los dos resultó electo en escaños reservados.

En el ejercicio de su profesión, en 2018, representó a la Comunidad Indígena Atacameña de San Francisco de Chiu-Chiu ante el Segundo Tribunal Ambiental, por una reclamación referente a un proyecto de Codelco en la Región de Antofagasta. Asimismo, y entre otras labores, en 2020 patrocinó acciones a favor de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, entidad que en su momento recurrió contra la Dirección General de Aguas por permisos otorgados para la exploración de aguas subterráneas.

Desde su rol como asesor jurídico de Isabel Godoy, en tanto, fue crítico de la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera llevó el proceso constituyente. En entrevista con el medio “Barricada TV”, en junio de 2021, aseguró que durante la instalación de la Convención, hubo “negligencias” que catalogó como un “intento por obstaculizar el proceso inédito político” que estaba iniciando el país.

En la instancia, además, fue enfático en que la propuesta de nueva Constitución que el órgano debía elaborar, tenía que tener como eje la plurinacionalidad, lo que a su juicio debía incluir el “reconocimiento de la autonomía, del territorio, y de la libre interpretación” de los pueblos originarios.

Asimismo, en una columna redactada junto a la abogada Constanza Montecinos para la página Debates Indígenas en marzo de este año, Cayo Rivera hizo presente que “en un debate (constitucional) con altura debería primar el respeto por los derechos humanos y una nueva forma de relación colectiva, plural y armónica entre las naciones que conviven en un mismo Estado. El reconocimiento profundo de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios nos llevarán a un cambio significativo en la forma de concebir el Estado chileno y su modelo de desarrollo”.

“La nueva Constitución no debe establecer solamente un concepto de plurinacionalidad, sino que debe proporcionar elementos que nos permitan seguir avanzando hacia mayores espacios de participación y desarrollo; y una debida autonomía, en el marco de naciones que buscan un destino común, en armonía y en paz”, agregaron en esa oportunidad ambos profesional.