El arribo de Alberto Espina al Comité Penal del CDE y los casos en que se deberá inhabilitar por su militancia en RN

Este jueves sesionó, como es habitual, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual tenía un nuevo integrante: el consejero Alberto Espina. El exministro de Defensa llegó a la institución el 2020, tras ser nombrado por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

Su arribo a la instancia que estudia los casos criminales en que interviene el CDE se decidió en el seno del organismo la semana pasada. Esto luego de que Juan Peribonio, quien hasta entonces era el presidente del consejo, dejara de integrar dicho comité. Ahí surgió la voluntad del propio Espina que en privado le había manifestado a sus cercanos su intención de trasladarse desde el Comité Laboral y Medioambiental al que es presidido por la penalista María Inés Horvitz y que integra desde hace varios años Daniel Martorell. Ante el resto del organismo colegiado se socializó el cambio que no tuvo oposición.

Cercanos al extitular de Defensa aseguran que el actual presidente del CDE, Raúl Letelier, le pidió a Espina que asumiera dicho rol debido a su experiencia y así despejar el cupo para Peribionio en el Comité Laboral Medioambiental.

Consultado el presidente del Consejo, Raúl Letelier, este señaló que “la integración de los cuatro comités del Consejo se define conforme con la especialidad y experiencia jurídica de los consejeros y consejeras, razón por la cual se determinó que el consejero Alberto Espina pase a integrar el Comité Penal de nuestro organismo”.

Hay un tema que ronda al interior del CDE y es que si bien Alberto Espina es abogado de la Universidad de Chile, gran parte de su carrera la ha desarrollado en el ámbito político y no litigando en tribunales. Como tiene militancia en RN tendrá que ser, dicen desde su entorno, especialmente riguroso a la hora de inhabilitarse de conocer un caso penal. Y es que los consejeros que integran esa instancia conocen antecedentes secretos de las causas en que son investigados por hechos de corrupción tanto funcionarios públicos como altas autoridades políticas.

Para evitar vicios y suspicacias de quienes finalmente sean querellados por el CDE es que el exministro ya manifestó a sus pares que se inhabilitará en casos en que sienta que pueda existir algún conflicto de interés por su pasado en la arena política.

Un ejemplo es lo que ya ocurrió en la sesión del 27 de diciembre, cuando debido a su cercanía con Raúl Torrealba, se inhabilitó de votar sobre la querella contra el exalcalde de Vitacura. Algo que, aseguran, hará cada vez que tenga que ver una acción judicial vinculada a la política.

Al llegar al CDE, Espina se integró al Comité Laboral Medioambiental. En esa instancia, La Tercera dio a conocer una serie de causas en las cuales se inhabilitó. De estas, la gran mayoría de ellas era en casos que revisó el consejo relacionadas, de una u otra forma, a las Fuerzas Armadas. El exministro de la cartera se restó de revisar causas como aquellas que vinculaban a funcionarios militares, así como también en la investigación del fraude en el Ejército. Esto lo tendrá que seguir haciendo ya que el CDE es querellante en todas las causas abiertas contra excomandantes en jefe de la institución castrense y en particular es el Comité Penal el que revisa los avances de las causas y decisiones tales como pedir procesamientos, presentar acusaciones, etc.

La exautoridad estuvo ligado al trabajo del derecho procesal o constitucional en sus inicios, y durante 17 años ha enseñando derecho penal en la Escuela de Carabineros. Profesionalmente, Espina también trabajó en el estudio jurídico Otero, el que dejó en 1990 cuando se integró a la “primera línea” de la política. Tres años después de aquello comenzó a ser parte y socio del estudio Espina, Hinzpeter, Zepeda y compañía, donde estuvo hasta el 2013.

El 9 de noviembre del 2020, el entonces Presidente Sebastián Piñera nombró como consejero del CDE a su exministro de Defensa Alberto Espina. El abogado de la Universidad de Chile llegaba luego de su paso por el gabinete del Mandatario, el cual integró desde el 2018 a julio del ese año, estando a cargo de las Fuerza Armadas durante el estallido social de 2019. Sin embargo, tras el cambio de gabinete de 2020, salió del Ejecutivo y fue reemplazado por Mario Desbordes.

Meses después de dejar el gobierno de Piñera, su arribo al consejo no sería bien visto al interior de la institución. Y es que la Asociación Nacional de Abogados del CDE y la Asociación Nacional de Funcionarios mostraron su “preocupación y desazón” con su nombramiento. A juicio de las agrupaciones, la designación del Mandatario había desconocido los criterios técnicos y la carrera funcionaria para ocupar dicho cargo.

A través de un comunicado, las asociaciones sostuvieron que “durante los últimos años, hemos visto cómo se ha cuestionado públicamente la designación de funcionarios de alto rango de este Servicio, que tienen a su cargo la importante misión de defender de los intereses del Estado/Fisco -principalmente ante los tribunales de justicia- por sobre los intereses de la administración que los escoja”.

Además de eso, agregaron en aquel entonces que el CDE “es un servicio netamente técnico. En esta línea los abogados consejeros, atendida sus tareas y perfil de cargo, deben estar capacitados para asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el Estado y Fisco de Chile. La Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, exige que los Abogados Consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos”.

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