El exguardaespaldas que hoy sume a Macron en su mayor crisis política

El Gobierno y el gabinete de Macron se explican hoy sobre el "caso Benalla"

La semana pasada, el diario Le Monde divulgó un video en el que se ve a un exjefe de seguridad del Presidente francés golpeando a manifestantes durante la marcha del 1 de mayo en París. El Parlamento instaló una comisión de investigación para interrogar a los distintos responsables.


Se trata de la más grave crisis política a la que se ha tenido que enfrentar el Presidente francés, Emmanuel Macron, desde que asumió su mandato, en mayo de 2017. El exjefe de seguridad de la Presidencia y exguardaespaldas de confianza de Macron, Alexandre Benalla, ha sido blanco de críticas y de acusaciones, luego que la semana pasada el diario Le Monde identificara a Benalla en un video donde aparece -con un casco de policía- golpeando a manifestantes en la marcha del 1 de mayo en París. Posteriormente se diría que Benalla había pedido permiso para asistir a la marcha al jefe de gabinete de Macron, Patrick Strzoda, quien se lo concedió pero solo en calidad de observador.

Tras la difusión del video, la Fiscalía de París abrió una investigación por "violencia cometida por una persona encargada de una misión de servicio público, la usurpación de funciones y la usurpación de las insignias reservadas a la autoridad pública". En ese momento, las autoridades del Elíseo sostuvieron que Benalla había recibido sanciones por sus actos, ya que fue temporalmente suspendido entre el 4 al 19 de mayo y su salario fue congelado. Luego de la suspensión fue oficialmente removido de su puesto como "agente de seguridad de viaje de la República" para centrarse únicamente en los eventos organizados en el palacio presidencial. Pero la justicia francesa nunca fue informada del caso.

Según destaca la prensa gala, lo que llamaba la atención era el silencio que había adoptado Macron frente al escándalo. De hecho, los medios sugerían que el mandatario había cancelado el viaje que tenía previsto para este miércoles a una de las etapas del Tour de France precisamente para evitar el acoso de los periodistas.

Sin embargo, Macron decidió hoy referirse al caso. "Si están buscando un responsable, el único responsable soy yo y solo yo. Yo confié en Alexandre Benalla. Yo confirmé la sanción. Esta no es la república de los fusibles, la república del odio", dijo en una reunión con diputados de su partido, La República En Marcha. "Lo que sucedió el 1 de mayo es grave y serio. Y para mí fue una decepción, una traición", añadió el jefe de Estado francés.

Pese a las explicaciones de Macron, una comisión de investigación en la Asamblea Nacional ya decidió interrogar a los miembros del gobierno. El lunes, la comisión parlamentaria entrevistó al ministro del Interior, Gérard Collomb; al jefe de la policía de París, Michel Delpuech, y a Alain Gibelin, director de orden público y de circulación en la sede de la policía de París. Y hoy fue el turno del primer ministro Édouard Philippe y del jefe de gabinete de la presidencia, Patrick Strzoda. Los parlamentarios intentan obtener respuestas sobre una serie de dudas, como quién le dio el permiso a Benalla para asistir a la marcha, quién le entregó un casco, un brazalete y una radio de la policía, quién fue informado y cuándo de la existencia del video en el que se lo ve golpeando a los manifestantes.

El primer ministro ya señaló que entiende las dudas sobre la "proporcionalidad" de la sanción a Benalla. Sin embargo, hizo hincapié en la rapidez con la que el Ejecutivo contuvo el caso, puesto que recordó que ya hay cinco imputados: el propio Benalla, Vincent Crase, responsable de seguridad del partido de Macron, y otros tres policías.

En tanto, el opositor partido de Los Republicanos anunció hoy que presentará una moción de censura contra la administración de Macron. "El gobierno ha fallado y debe hacerse responsable ante el Parlamento", dijo el líder de la colectividad en la Cámara Baja, Christian Jacob.

Benalla, por su parte, rompió el silencio el lunes a través de un comunicado divulgado por sus abogados, donde denuncia un "uso mediático y político" de sus actos. Además, sostuvo que "esta iniciativa personal", como calificó su intervención para disipar la manifestación, "sirve ahora para intentar socavar a la presidencia".

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