El gallito de los jueces con el Gobierno para realizar controles de detención en comisarías

“El modelo de comisaría”. Así le llaman los jueces de garantía a un mecanismo que encontraron para realizar los controles de detención de presos en medio de la pandemia, evitando que los imputados, una vez arrestados, sean trasladados al Centro de Justicia. La iniciativa busca que en las audiencias que se realizan por videoconferencia los imputados estén en el recinto policial y no pasen por los calabozos de tribunales, donde los tiempos de espera para la resolución de su caso pueden exceder las 24 horas, generando así un riesgo de contagio de coronavirus por el roce con otros imputados en las zonas de tránsito de este recinto.

A mediados de marzo, los jueces de garantía acordaron funcionar de esta forma, acogiendo los llamados de la Corte Suprema y del propio Gobierno para que se implementaran medidas que redujeran las amenazas de infección del Covid-19 en lugares con tanto tráfico de gente como lo son los tribunales. Algunos tribunales alcanzaron a estar sólo 10 días funcionando con el “modelo comisaría”. Ello, pues el 1 de abril, en una reunión de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, los subsecretarios de Interior, Juan Francisco Galli, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestaron al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, sus aprensiones respecto del “modelo comisaría” por distraer de sus funciones a Carabineros.

En la cita, Silva se manifestó de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo y se comprometió a revisar el funcionamiento de los controles de detención, lo que generó que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera retrotraer el mecanismo. En definitiva, se definió volver al procedimiento habitual en que los imputados son trasladados desde las comisarías al Centro de Justicia, donde esperan a que se “abran las salas virtuales” y que los jueces, a petición de fiscales y defensores -todos por videollamada- resuelvan el caso en cuestión. Los magistrados que empujaron el “modelo comisaría” señalan que, de los imputados trasladados, un número muy ínfimo queda en prisión preventiva, por lo que todo ese periplo sólo aumentaría el riesgo de contagio y no jugaría a favor de las medidas impulsadas por el Ejecutivo a causa del Covid-19.

Por ello, en una arremetida inédita, los jueces de garantía realizaron esta semana una presentación a la Corte Suprema para que respalde y defienda ante el Ejecutivo su modelo de control de detención en comisaría.

Ayer, el pleno del máximo tribunal trató la petición de los magistrados y decidió pedir un informe para que en 48 horas diversos organismos den cuenta de cómo se ha estado funcionando respecto de esta materia durante la emergencia. “Solicítese al Ministerio de Justicia, Fiscalía Nacional de Ministerio Público, Fiscalías Regionales Centro Norte, Oriente, Sur y Occidente de la Región Metropolitana, Defensoría Penal Pública Nacional, Defensoría Regional Metropolitana; Gendarmería de Chile, Director General de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, a Sename (unidad de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) que informen acerca de la forma de funcionamiento de sus respectivas instituciones durante la emergencia sanitaria, en la realización de las audiencias de control de detención que han sido procedentes, sea bajo la modalidad de pool de jueces o de acuerdo a sus respectivas competencias territoriales; dificultades y avances”, dice la resolución de la Suprema.

A esto se sumó una carta que el Colegio de Abogados hizo llegar ayer al Ministro de Justicia en que apoyan la iniciativa de los jueces de garantía. “El Colegio de Abogados solicitó al Ministerio de Justicia analizar la posibilidad de efectuar los controles de detención, vía remota, desde las comisarías, para así evitar los traslados al Centro de Justicia de los detenidos, pues ello pone en riesgo no solamente a los imputados, sino también a los funcionarios policiales, de Gendarmería, y demás personas que intervienen en el procedimiento”, dijeron desde el gremio a La Tercera PM.

Desde el Gobierno explican que el problema que suscita el modelo creado por los jueces es que Carabineros no tiene como función los controles de detención y, ante la emergencia sanitaria, se requiere aún más a este contingente en las calles haciendo labores de fiscalización y prevención de delitos. Junto con eso, recalcan, han bajado un 25% los controles de detención, lo que se explica porque la Fiscalía sólo está pasando ante tribunales delitos graves que requieren la intervención de un juez que dicte medidas cautelares. El sistema penal en su conjunto -dicen desde el Ejecutivo- se está concentrando en los casos más graves de delitos cometidos, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y los casos por delitos menores sólo quedan citados.

Al haber menos detenidos, entonces, el Ejecutivo propuso -y todos los actores del sistema estuvieron de acuerdo el 1 de abril, señalan las mismas fuentes- redoblar las medidas de seguridad y aislamiento de cada imputado que es detenido y trasladado al Centro de Justicia. E ir evaluando distintas formas de asegurar el funcionamiento de los tribunales.

A la distracción de funciones de la policía, dicen fuentes de Interior, se suma que Carabineros no cuenta hoy con tecnología para realizar estas videollamadas y que en la actualidad lo están haciendo de forma artesanal ocupando sus propios celulares, porque muchos no cuentan con teléfonos institucionales, con todo lo que ello significa en cuanto a problemas de conexión. “No cuentan con la capacidad, ni tecnología y tampoco carabineros está capacitado para estas funciones que son propias de tribunales”, señalan desde el Ejecutivo.

La jueza Francisca Zapata, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, que -junto a sus colegas- escaló la pugna hasta la Corte Suprema, explica por qué defienden esta forma de funcionamiento. “Lo que nos motiva es salvar vidas y asegurar la salud pública. Es un error pensar que queremos ‘proteger a los delincuentes’. Todos saben que cualquier persona puede ser detenida y ahí caben culpables e inocentes. Pero proteger al detenido, siendo prioritario, no es el único objetivo. Queremos evitar que los detenidos pasen hasta el día siguiente detenidos, haciendo a la brevedad las audiencias para despejar quiénes se irán a su casa y quiénes a la cárcel. Así los policías tendrán un flujo de detenidos, y no a un grupo numeroso que pase la noche en la unidad para ser llevado al día siguiente al Centro de Justicia”.

A su vez, dice la magistrada, “los gendarmes no recibirán a estos detenidos diariamente en la zona de tránsito del Centro de Justicia, exponiéndose a la carga viral que implica custodiar a unas 60 o 70 personas. Hacer las audiencias en el Centro de Justicia cobrará vidas”.

Zapata -que destacó la actitud de la policía mientras aplicaron el modelo- sostuvo que si la Corte Suprema respalda este mecanismo, todos los jueces de la Región Metropolitana se unirán tras este modelo.