Universidades en la mira: superintendente revela casos críticos a comisión investigadora creada por sueldo de Cubillos

En medio de la polémica desatada luego de conocerse el millonario sueldo que percibió Marcela Cubillos en su época de docente en la Universidad San Sebastián, el 7 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de 64 miembros para crear una Comisión Especial Investigadora, la cual tiene por objeto reunir antecedentes “en relación con el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos, financiamiento, cumplimiento de la normativa educacional vigente y funcionamiento general de las universidades”. Dicha comisión deberá entregar un informe en un plazo no superior a sesenta días.

Con ese mandato este miércoles se realizó una sesión de la que participó el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y el superintendente de Educación Superior (SES), José Miguel Salazar. Fue en esa instancia donde esta última autoridad reveló los nombres de las instituciones a las que el ente fiscalizador que comanda les tiene un ojo encima, ya sea por su estado financiero u otro tipo de situaciones. Y no son pocas.

“Hay instituciones con desafíos financieros, tanto estatales como privadas”, dijo en la instancia en la que también explicó que en los próximos días la superintendencia que dirige estará presentando un informe de salud financiera del sector, el que, aseguró, deja de manifiesto que “la gestión del gasto va de la mano con estos recursos que las instituciones están recibiendo”.

El superintendente le enumeró a los diputados todos y cada uno de los casos más serios. Y ahí partió mencionando a la Universidad Austral, cuyos estados financieros proyectaban hasta hace poco 21 mil millones de pesos de déficit. Esta institución ya lleva seis meses desde que se implementó el plan de recuperación, el que, dijo Salazar, supondrá un ahorro y producción de ingresos. Acto seguido mencionó a la Universidad SEK, de la que describió problemas de sustentabilidad “significativos” y que actualmente presentó un plan de recuperación que la SES está evaluando si aprobar o avanzar en alternativas.

La estatal Universidad de Aysén también es objeto de preocupación para la superintendencia. De hecho, a esta institución le fue asignado un administrador provisional debido a su crítica situación y, acorde a la autoridad educativa, tras un primer ciclo, ya se comienzan a ver resultados exitosos de gestión.

Pero si de estatales se trata, la SES mira de cerca, según transparentó Salazar, los casos de la universidades de Antofagasta y de Magallanes, organizaciones a las que se han pesquisado problemas de gestión financiera que, si bien no han llegado a situaciones críticas aún, están siendo monitoreadas.

Recientemente, además, se ha ido conociendo una crisis importante en la también estatal Universidad de la Frontera, donde la SES ya está encima y hace poco le aprobó un plan de ajuste presupuestario. Pero a la frágil situación financiera que incluso obligó a desvincular esta semana a 298 funcionarios, hace poco sumaron otra polémica al conocerse altos sueldos para algunos trabajadores.

Hay, además, otros dos casos no por estados financieros críticos, sino otro tipo de situaciones: la Universidad Mayor fue multada a inicios de noviembre por la SES con casi $ 500 millones por operaciones contra la normativa que sanciona el lucro en el sector. Ese caso sigue abierto, toda vez que esta semana la casa de estudios interpuso una reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar el pago.

Asimismo, la SES abrió a comienzos de octubre una investigación a la Universidad San Sebastián luego de conocerse el millonario sueldo de Cubillos, situación que a su vez había originado la creación de esta comisión investigadora. La superintendencia busca esclarecer interrogantes en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, “lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad”, según se argumentó.

En la sesión del miércoles el superintendente también hizo mención al IP-CFT Los Lagos, que, según Salazar, “se desintegró de la noche a la mañana”, dejando a sus estudiantes desamparados. Cabe recordar que esta institución, cuyo dueño era la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que tiene entre sus directores y representantes legales a Diego Ancalao, el primer detenido por los líos de platas derivados de los convenios entre distintas instituciones del Estado y algunas fundaciones, fue objeto de cuestionamientos por incumplir sus acuerdos económicos y académicos, y ver deteriorada su situación financiera. Por esto se nombraron administradores de cierre.

Si bien son casos menos graves, este año la SES ya ha aplicado sanciones a otras instituciones de educación superior según se observa en su página web. A saber: 80 UTM al CFT de Atacama, amonestación y multa al CFT de Magallanes, amonestación al IP Británico de Cultura, amonestación al IP Escuela de Cine, amonestación al IP Arcos, amonestación al CFT Biobío, 60 UTM al CFT de O’Higgins, amonestación a la Universidad Bolivariana (que ya estaba en la mira por su situación financiera), amonestación a la Universidad de Playa Ancha, amonestación al CFT del Medioambiente, multa de 600 UTM al IP Providencia, amonestación a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y multa de 350 UTM a la Universidad de Aconcagua.

Y aunque no fue mencionada por Salazar, la Universidad La República también ha sido objeto de preocupación de la SES durante el último tiempo, ya que desde 2021 vive una crisis que no la ha dejado. Incluso la superintendencia ya ordenó su cierre y para eso designó un administrador provisional, pero un fallo de la Corte Suprema revirtió la decisión. La Ulare, eso sí, no consiguió su acreditación institucional y hasta 2026 está bajo el tutelaje del Consejo Nacional de Educación, tiempo en el cual debe lograr acreditarse. Caso contrario otra vez quedará en riesgo de cierre.

Por el contrario, Salazar le comentó a los diputados presentes de dos planes de recuperación que resultaron exitosos para instituciones que vivieron situaciones financieras críticas similares: la Universidad del Alba y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de quienes dijo que ya lograron recuperar totalmente su autonomía tras sanear sus estados.

La mentada comisión investigadora quedó conformada por Juan Santana (PS), quien la preside, Sergio Bobadilla (UDI), Sara Concha (PSC), Eduardo Cornejo (UDI), Jorge Durán (RN), Harry Jürgensen (Ind.), Cosme Mellado (PR), Javiera Morales (FA), Camila Musante (PPD), Érika Olivera (Demócratas), Jorge Rathgeb (RN), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC).