Fiscales y exministros: quiénes han desfilado ante la “implacable” Comisión de Ética de la Corte Suprema

Más de un mes ha transcurrido desde que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, informó que había determinado convocar a la Comisión de Ética del máximo tribunal para que analizara el caso de presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales, donde estarían implicados al menos cuatro ministros del organismo.

“Este presidente en uso de sus facultades decidió convocar a la Comisión de Ética para conocer de los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocimiento”, aseguró Blanco flanqueado por 10 de los jueces titulares y dos suplentes, el pasado 24 de junio.

Y desde esa fecha, la instancia -que es presidida por él mismo e integrada para este caso por las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz- ha desplegado una serie de acciones, a pesar de que dos de los magistrados indagados, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, han hecho presente duros cuestionamientos.

No sólo se solicitó sin existo al Ministerio Público que entregara las conversaciones de WhatsApp que habrían dado origen al caso y que son pesquisadas a propósito de la causa en que está involucrado el abogado Luis Hermosilla, sino que también han convocado a una serie de personeros a fin de recoger sus testimonios.

Así fue como invitaron el lunes pasado a los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, por su rol en la Comisión Investigadora del caso audios y porque son querellantes en la misma arista, pero también durante la semana recibieron a dos representantes de la Fiscalía.

Según antecedentes recabados por La Tercera, durante la mañana del miércoles 24 de julio llegó hasta el Palacio de Tribunales el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la jornada del viernes 26 hizo lo propio José Morales, jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte.

Asimismo, como pudo constatar este medio, la misma semana concurrieron dos abogados que son más que conocidos en el edificio de Compañía de Jesús 1140. Se trata del exministro de la Suprema Haroldo Brito, y de la exfiscal judicial de la misma instancia, Lya Cabello.

Ambos se posicionaron como sujetos de interés para el caso, de acuerdo con lo mencionado por conocedores de la diligencia, porque asistieron a una comida que organizó la ministra Ángela Vivanco en 2022 y donde asistió el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

¿Y por qué esa cena vuelve a ser importante? Porque precisamente la magistrada está involucrada en la indagación de la comisión por supuestos mensajes que habría enviado su pareja, Gonzalo Migueles, al persecutor de la onceava región.

Pese a que el acta que regula el funcionamiento de la Comisión de Ética no establece la forma e que deben realizarse las pesquisas, lo cierto es que, hasta ahora, han quedado a la vista ciertos elementos que resultarían claves.

Todo se trata con máxima reserva y las invitaciones a declarar las hace llegar el secretario de la instancia, el prosecretario del máximo tribunal Marcelo Doering Carrasco.

Según han mencionado quienes han participado de las indagaciones, además, los ministros graban el testimonio del asistente, el cual se va conformando, además de la exposición que el invitado hace, de una serie de consultas sobre antecedentes vinculados a cada uno de los jueces.

Es parte de las interrogantes además, lo referente a los reportajes publicados por Ciper y El Mostrador, los cuales han ido dando cuenta de las presuntas irregularidades que rodean a los titulares de la última instancia judicial.

Quienes han asistido dicen que muchas preguntas tiene bastante de opinión y que se ha solicitado corregir, principalmente, a las dos magistradas Chevesich y Muñoz que dan por hecho, situaciones que son abordadas en reportajes periodísticos. Las magistradas, además, han sido especialmente inquisidoras en esclarecer qué ocurrió en la cena realizada en la cas a de su par, la ministra Vivanco y a la que asistió el fiscal Carlos Palma y otros integrantes del máximo tribunal. “Operan como un tribunal penal, y tienen un tono de querer ser implacables”, refiere uno de los que tuvo que desfilar ante la instancia.

En el auto acordado que aborda el funcionamiento de la instancia, no se establece plazo para realizar las indagaciones, aunque sí hace presente que en caso de probarse alguna falta, el ministro en cuestión podrá hacer sus descargos.

“Finalizada la labor de la comisión respecto de un asunto determinado se acordará el informe sobre hechos investigados que evacuará al Tribunal Pleno de la Corte Suprema, si el asunto se hubiere originado allí. En los demás casos podrá disponer se emita el mismo informe, se remitan los antecedentes a quien corresponda resolver el asunto o se archiven los mismos”, se complementa en el documento.