Fiscalía afirma que diputado Ojeda integró una “cofradía” que defraudó al Fisco y pide el primer desafuero del caso líos de platas

Poco menos de 30 minutos fue el tiempo que tomó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, para fundamentar la solicitud del Ministerio Público para pedir el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (ind.-exrepublicano) ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Esto, porque el ente persecutor busca formalizar al parlamentario por haber participado -según describieron- en una agrupación que defraudó al Fisco.

El diputado, exintegrante de la bancada del Partido Republicano, es indagado en el marco del denominado caso lío de platas en la Región de La Araucanía, específicamente en la arista “manicure”, donde se pesquisan dos convenios por $700 millones entre las fundaciones Folab y Educ con el Gobierno Regional.

Y precisamente fueron los antecedentes de esa arista los que expuso el fiscal Garrido este martes ante el pleno de la Corte de Temuco, poniendo énfasis en aquellas acciones en las que habría participado Ojeda, para así argumentar la solicitud de desafuero. Buscan encausarlo al igual que al resto de los implicados en esta indagatoria sobre capacitaciones estéticas irregulares.

A juicio de la Fiscalía Regional de La Araucanía, el parlamentario por esa región intervino en que se materializara el presunto delito de fraude al Fisco, toda vez que -detallaron- desplegó acciones para contactar a las partes, entregó y recibió recurso de la operación, además de haber participado directamente en la tramitación de estos convenios. Antecedentes que el tribunal de alzada deberá revisar y -según dispuso- entregar un pronunciamiento dentro de 10 días.

En su exposición, el fiscal Garrido comenzó a detallar, en primer punto, el rol que a juicio del ente persecutor habría tenido el congresista. Así, según señaló, el parlamentario fue el encargado de contactar a las fundaciones encabezadas por Rinete Ortiz con Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

Tanto Ortiz como Lepín, principales implicados en esta causa, habrían coordinado y planeado la formalización de los proyectos gracias al contacto de Ojeda, quien era amigo de la dueña de las fundaciones y cercana al funcionario del Gore, quien planteó que los convenios debían dividirse en dos con el fin de no requerir la aprobación del Consejo Regional.

“Nada de esto habría ocurrido sin la intervención del honorable diputado Ojeda Rebolledo. No estaríamos hoy día conversando de estos temas si no hubiese sido por las acciones que él desplegó”, señaló el fiscal Garrido, quien además aseguró que el diputado recibió los convenios para revisarlos antes de que estos fueran ingresados al Gore.

El Ministerio Público, en la misma línea, también hizo presente que la funcionaria del Gobierno Regional Claudia Macaya también era conocida de Ojeda y tuvo participación en el proceso de elaboración de los convenios de Folab y Educ.

Una de las pruebas para fundamentar aquello, expuso el fiscal Garrido, es una conversación de la propia Rinete Ortiz, quien le señala a un trabajador de la fundación que conversó con Ojeda, advirtiendo que este le dijo que Macaya trabajaba en dicha repartición con Lepín y que “ambos son de confianza”.

Ante esta prueba, el fiscal regional aseguró que con estos antecedentes “podemos darnos cuenta de la existencia de una verdadera cofradía” en este caso, ya que el diputado Ojeda “conoce al señor Lepín, a la señora Macaya y todos van a ayudar a Educ y Folab para que postule a los fondos del Gobierno Regional”.

Pero no solo la labor de contactar es la que tuvo el diputado Ojeda, a juicio de la Fiscalía. Y es que según lo expuso el persecutor regional, el parlamentario también entregó dinero propio -cerca de $45 millones- a las fundaciones de su amiga, las cuales se encontraban en una compleja situación económica.

El aporte se devolvería con intereses, y de acuerdo con los detalles expuestos por el fiscal eso hizo que el rol de Ojeda cambiara. “Se transformó luego no simplemente en alguien que facilita ciertas gestiones, sino que directamente en un inversor, el invierte en las fundaciones Folab y Educ”, dijo.

En esa línea, Garrido agregó que esto genera “interés patrimonial directo” del diputado en los fondos de las organizaciones, incluso contactando a otra persona para que aporte en las ONG y él dando fe de que se devolverían los dineros una vez que el Gore otorgara los convenios.

El fiscal también expuso, durante el debate para solicitar el desafuero, que una vez que se otorgaron los convenios a finales del 2022, y que se materializaron los depósitos a las fundaciones, dichas organizaciones “vaciaron sus cuentas” y comenzaron a hacer diversas transferencias. “¿A dónde van esos dineros?”, señaló Garrido, respondiendo: “Esos dineros van a diferentes cuentas de los propios administradores y van también a las cuentas del diputado Ojeda, pero no se le devuelve exactamente los 45 millones, se le devuelve un saldo superior porque él cobra un 3% de interés mensual por el dinero que le prestó a la fundación”.

Es precisamente ese porcentaje el que lleva al fiscal Garrido a concluir que Ojeda no solo facilitó ese dinero, sino que entregó dichos recursos como “un inversor”.

A juicio de la Fiscalía, el diputado que integraba la bancada de republicanos “tiene una plena conciencia de la ilicitud de su conducta”, ya que, según explicó, en agosto del 2023 el parlamentario se reunió con Lepín y le expresó “que está preocupado porque él recibió fondos fiscales” y le pidió colaborar “para evitar que se configure el delito de fraude al Fisco”.

Además de eso, el fiscal también expuso las acciones que realizó el parlamentario para intentar eliminar evidencia, como es la presunta destrucción de su teléfono y las recomendaciones que hizo al resto de los implicados en el caso. “Los testigos son muy insistentes en señalar que la principal preocupación del diputado era el teléfono de la coimputada en este caso (Ortiz)”, señaló Garrido ante la Corte.

Concluyendo su exposición, el persecutor regional reiteró su solicitud de desafuero para poder formalizar a Ojeda por el delito de fraude al Fisco, ya que los hechos -señaló- son constitutivos de delito, reiterando que “sin la participación del honorable diputado no hay contacto telefónico con Rinet Ortiz, no hay postulación de Folab y Educ a los fondos del Gore, no hay contacto con el señor Lepín, con Claudia Macaya, no hay apoyo para la formulación de estos proyectos, no hay devolución del dinero que él mismo aporta y que consigo impide la ejecución de estos programas”.