“Fue víctima de acoso y hostigamiento”: Justicia condena al Fisco a pagar indemnización por funcionaria desvinculada del Minvu en 2021

Una carta acusando falta de conocimientos, excluida de reuniones y relegada a funciones menores. Esos son parte de los hechos por los cuales la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes el fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo Santiago, el que condenó al Estado a pagar una millonaria indemnización a una exfuncionaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El caso surgió el 2019, cuando Gabriella de Angelis, una doctora en arquitectura proveniente de Italia se unió al equipo de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción del Minvu, organismo que -entre otras cosas- coordina las acciones a nivel nacional como la normativa de edificaciones, crea estrategias de resiliencia de infraestructuras, entre otras acciones.

Funciones que desempeñó con un contrato de honorarios hasta diciembre de 2021, fecha en la que fue desvinculada. El tipo de relación laboral fue el primer argumento por el cual De Angelis demandó al Estado, para que se reconociera la relación laboral. Sin embargo, y tras su salida del ministerio, la doctora y especialista en desastres naturales también acusa una serie de hechos, por los cuales demandó ante la justicia para solicitar una indeminización.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió el recurso a favor de la funcionaria, comprobando que existió acoso y hostigamiento hacia ella.

La demanda laboral acogida por la justicia sostiene que tras poco más de un año de trabajo, la arquitecta reemplazó por posnatal a quien entonces se desempeñaba como la encargada nacional de la comisión, Bernardita Paul Ossandón, hija de la diputada Ximena Ossandón (RN), sobrina del senador Manuel José Ossandón (RN) y exconcejala de Puente Alto.

Sin embargo, tras su regreso al trabajo, según la demanda “comenzaron a ocurrir ciertas situaciones que se fueron haciendo más evidentes y reiteradas con el correr del tiempo, de a poco su superior comenzó a retirarla de trabajos que hacía en forma habitual, la excluía de ciertas reuniones, se ignoraba su presencia en reuniones que se hacían en la oficina contigua, incluso en más de una ocasión su superior le indicó que se pondría término anticipado a su contrato de trabajo sin justificación alguna”.

Aquello, a juicio de la demandante, y que fue acogido por el tribunal, se convirtió derechamente en acoso luego que en septiembre de 2021, Paul Ossandón le comunicó que sería desvinculada. Pese a eso, la funcionaria se negó y dijo que quería cumplir su contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

Ante eso, Bernardita Paul Ossandón, quien tras dejar el Minvu postularía como candidata de consejera constituyente, le envió un correo dando dos opciones para resolver la situación. La primera era aceptar la desvinculación en octubre o bien cumplir otras funciones en proyectos determinados. Todas estas situaciones generaron, según señaló en su demanda, que De Angelis sufriera situaciones de estrés, ansiedad, angustia, problemas para dormir y dificultades para respirar.

Pero no fue lo único. En noviembre, la funcionaria recibió una carta de quien fuera su jefa indicando que las razones para no seguir en el Minvu durante el 2022 eran bajo las razones de “falta de conocimiento técnico en torno a la reducción del riesgo de desastres”. Sin embargo, el tribunal descartó aquel argumento ya que es “arquitecta con master en arquitectura de emergencia e intervención post catástrofe, posee un doctorado en arquitectura y desastre socio naturales y un post doctorado en adaptación al cambio climático y análisis de riesgos ambientales”. Además de una amplia experiencia laboral.

Para la abogada de De Angelis, María Victoria León -de la oficina jurídica Ciudadanía Legal- aseguró que “Chile se está perdiendo una excelente profesional para trabajar para el Estado. Gabriella se fue del país y hoy está trabajando en Washington DC, en el Banco Interamericano de Desarrollo”. La abogada añadió que “nos encontramos con casos como lo ocurrido con los edificios de Concón por no contar con profesionales idóneos y de experiencia. Tuvimos la oportunidad de contar con alguien de renombre internacional, y perdimos la oportunidad”.

Durante el proceso judicial, una testigo declaró a favor del Minvu, sosteniendo que la experta italiana nunca había recibido malos tratos de parte de su jefa directa, con quien incluso tenía afinidad. Además, sostuvo que fueron los miembros del equipo quienes reclamaron a Paul Ossandón por el desempeño de De Angelis, ya que criticaban su desempeño, y “su falta de retroalimentación técnica, su inactividad en las reuniones con otros ministerios, su falta de conducción y representación del equipo y su falta de liderazgo y, en base a ello, solicitaban que se adoptaran medidas”.

A pesar de aquello, el tribunal consideró que “sucedieron hechos atentatorios a sus condiciones de trabajo, que nacen de una carta enviada por su equipo de profesionales a cargo que criticaba la conducción que ella tenía del equipo y sus labores y, sin que la jefatura investigara las críticas formuladas”. Aquello la condicionó a ser “relegada a cumplir labores menores para las cuales no había sido contratada y que no guardaban relación con sus competencias técnicas, y todo ello desde su domicilio, ya que se le impuso el trabajo a distancia y asimismo, se le prohibió de interactuar con su equipo de trabajo”.

Pese a que el tribunal no acogió la demanda por tutela laboral ni el reclamo de despido injustificado, el tribunal sostiene que “no es menos cierto que durante varios meses antes del término del plazo establecido en el último contrato a honorarios, la denunciante fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de la jefatura (...) que afectaron las garantías o derechos de la demandante a la integridad física y psíquica y al honor o dignidad”.

A raíz de todo lo anterior, el tribunal condenó al Fisco a pagar $ 33 millones de indeminización más $ 1.458.323 por 87,5 horas extras. Fallo que fue rectificado el 31 de octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que rechazó el recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y consigo dio curso a la condena.