IP Los Lagos presenta querella por cuestionada venta del instituto a la Corporación Kimüm vinculada a Diego Ancalao

Casi 40 páginas tiene la querella ingresada por el Instituto Profesional (IP) Los Lagos ante el Juzgado de Garantía de Osorno por fraude al Fisco. La acción judicial del centro educacional, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial, busca que se investiguen presuntos delitos en la venta de la institución a la Corporación Kimüm, la cual está siendo actualmente investigada en el denominado caso líos de platas.

La querella del IP Los Lagos fue ingresada por su liquidador, José Ramón Aboitiz, quien se ha hecho cargo del proceso de cobros y pagos del centro educacional y apunta a quienes resulten responsable. El IP Profesional Los Lagos hoy enfrenta una crisis económica debido -en parte- a la venta irregular que se habría realizado a la corporación integrada por el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo Diego Ancalao, quien actualmente está en prisión preventiva por presuntos delitos de fraude al Fisco.

Tanto Ancalao como los dirigentes de la organización se encuentran con diferentes medidas cautelares por presunto fraude al Fisco. Se investiga el eventual desvío de recursos de un convenio entre Kimün con el Gobierno Regional de Los Lagos, para la administración del recinto educacional adquirido a la Universidad de Los Lagos el 2020.

Pese a aquello, el fiscal Marcos Muñoz, quien investiga el presunto desvío de recursos y el denominado caso líos de platas en la región, ha sostenido que el proceso de venta del IP y del CFT, por ahora, no forman parte de dicha arista. Sin embargo, desde la Fiscalía Regional de Los Lagos, consultados al respecto, sostuvieron que el proceso de venta actualmente es investigado por el fiscal Matías Montero, de la Fiscalía de Osorno, precisamente a raíz de la reciente querella ingresada.

La querella presentada por Aboitiz bajo los delitos de fraude al Fisco y violación de secreto público, comienza explicando la propiedad tanto del CFT como del IP, quienes hasta el 2020 pertenecían a la universidad pública de la región. Sin embargo, en el mismo texto se acusa que dicha institución habría realizado un proceso que perjudicó a ambas casas de estudio técnicas.

Lo anterior, porque se realizaron dos “operaciones” para llevar a cabo la venta por parte de la universidad. La primera corresponde a la división de la sociedad propietaria del IP Los Lagos, generando una nueva donde se transfirieron los principales activos del instituto, específicamente dos edificios con los que contaba.

Hecho aquello, sostiene la querella, la Universidad de Los Lagos llevó adelante -al ser una institución pública- una licitación para enajenar conjuntamente su participación tanto en el CFT como en el IP, proceso adjudicado a Kimün.

En dicha operación, según la acción judicial, se “evitó la transferencia de sus pasivos, de modo tal que actualmente el IP Los Lagos es una sociedad que carga casi exclusivamente con deudas. Lo anterior es de extrema gravedad, puesto que desmejoró enormemente a los acreedores del IP Los Lagos, lo cual contribuyó a que actualmente el IP Los Lagos se encuentre sometido al procedimiento de liquidación forzosa”.

Consultado por La Tercera respecto a esto, José Ramón Aboitiz explica que se trató de un “proceso maleado, mediante el cual, después de vaciar las sociedades, se traspasaron a través de una licitación irregular, a una institución que claramente no era capaz ni tenía la voluntad de desarrollar el proyecto educativo con responsabilidad. El resultado de todo esto fue dejar alumnos desamparados y defraudados que habían confiado en el Instituto Profesional y CFT por el prestigio de la Universidad Los Lagos. Esto además perjudicó gravemente a los acreedores que represento”.

Otro de los puntos abordados por la querella ingresada por el IP Los Lagos busca que se investiguen presuntos delitos en el segundo proceso, la licitación pública en que participó la Corporación Kimün, quien pagó un precio muy bajo por el CFT y el IP.

“Resulta sospechoso el bajo valor determinado en las bases y, a la postre, por el cual se vendieron las dos sociedades. El IP Los Lagos, incluso después de desprenderse de sus inmuebles, tenía un patrimonio neto de aproximadamente 600 millones de pesos, pero se le valorizó, al momento de su venta, en $20 millones”, sostiene la querella.

Además de eso, se acusa que la venta realizada el 2020 fue “atada” para las dos instituciones, lo que habría generado un desmedro en el proceso, el cual a juicio del querellante “podrían ser condiciones establecidas con el fin de privilegiar a algún ofertante en particular”.

La misma acción judicial sostiene que los integrantes de Kimün, a la hora de participar en el proceso, tenían información sobre si existían o no otros ofertantes, algo que a su juicio vendría de parte de funcionarios de la Universidad de Los Lagos, por lo mismo la medida judicial es por el delito de “violación de secreto público”.

A lo largo de la querella el Instituto Profesional Los Lagos apunta a la universidad que era propietaria del recinto. “El plan ejecutado por la Universidad de Los Lagos montó el escenario perfecto para la insolvencia del instituto y la imposibilidad de responder frente a sus acreedores, ya que traspasó sus únicos inmuebles a una nueva sociedad y evitó el traspaso de pasivos a esta última”, sostienen.

Además de eso, agrega que el plan implementado por la universidad “no fue una simple decisión de negocios, sino que tenía como fin sacar el máximo provecho posible al IP Los Lagos y luego deshacerse del mismo. Lo anterior se explica debido a que, como evidencian los estados financieros del Instituto, al tiempo de la división societaria la situación financiera del IP Los Lagos ya evidenciaba importantes pérdidas económicas, y en definitiva, con la división societaria se terminó de liquidar la sociedad originaria creando una nueva sociedad completamente saneada en términos patrimoniales”.

Aboitiz explica que los antecedentes aportados en la querella “dan cuenta de que gran parte de los hechos ilícitos denunciados fueron cometidos por funcionarios de la Universidad Los Lagos, en concierto con funcionarios de Kimün”.

Pese a aquello, a través de un comunicado, la Universidad de Los Lagos aclaró que la venta del IP y el CFT se produjo el 2020, mientras que “el caso de los 1.200 millones traspasados por el GORE de Los Lagos a la Corporación Kimun ocurrió dos años después. Con esto se demuestra la total desvinculación de la Universidad de Los Lagos con el caso convenios”.

En la misma declaración realizada por una publicación del diario local El Llanquihue respecto a la querella del IP, la universidad concluyó que “persistir en buscar vinculaciones entre ambas situaciones resulta irresponsable, puesto que daña la imagen de una comunidad universitaria que no tiene relación alguna con el caso convenios. La Universidad de Los Lagos evaluará acciones judiciales por los daños a la imagen institucional que ha sido provocada”.