Juezas llegan hasta la Comisión Interamericana de DD.HH. por acoso validado por la Suprema

La batalla que han dado por dos años tres magistradas integrantes del Juzgado de Familia de La Serena en contra de su superior de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, llegó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La acción, como explica la abogada Karinna Fernández, que representa a las profesionales -Leticia María Quezada Núñez, María Patricia Rodríguez Aspillaga y Pamela Cristina Pérez Jiménez-, se funda en que han experimentado una serie de vulneraciones que afectan sus derechos a la integridad personal, libertad de expresión, acceso a la justicia, inamovilidad del cargo e independencia judicial.

Todo partió en abril de 2023, cuando el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena y ministro visitador del Juzgado de Familia de esa ciudad, Felipe Pulgar Bravo, impartió un instructivo de trabajo, a pesar de que para las denunciantes este no tenía facultades para ello.

Como se detalla en la denuncia ante la mencionada instancia internacional, el citado instructivo “pretendía imponerles la adopción de una serie de medidas al administrar justicia, tales como alterar el peso de la prueba, regular la cantidad de pruebas que podía ser presentada por partes y radicar el conocimiento de la audiencia de juicio en un juez determinado, en casos no previsto por la ley, entre otras medidas”.

Todo eso, según se especifica, “vulneraba la independencia judicial y el acceso a la justicia de los usuarios, resultándoles tanto en su forma como exigencias de implementación una medida poco convencional, que en su naturaleza y efectos vulneraba los derechos fundamentales de quienes buscaban acceder a la justicia en materias de derecho de familia”.

Considerando la medida y la ponderación que hacían las hoy peticionarias sobre la misma, las magistradas decidieron impugnar el instructivo en instancia disciplinaria. Pero desde ahí, sostiene la abogada Fernández, sus representadas comenzaron a ser hostigadas por parte de Pulgar y de otros ministro del tribunal de alzada. De hecho, les abrieron cuatro sumarios administrativos, donde finalmente resultaron absueltas.

Por lo mismo, decidieron seguir firmes en su denuncia. Aseguran que también se afectó su inamovilidad, ya que en su calidad de juezas, después de interponer la denuncia referida, a dos de ellas se les bajaron sus calificaciones sin fundamento alguno, quedando en lista satisfactoria, no obstante que en todos los años de su carrera judicial -dos de las recurrentes 24 años y una de ellas 30 años- siempre habían sido calificadas en lista sobresaliente.

En medio de la denuncia ante la CIDH, las peticionarias también hacen presente que existió criminalización por sus actuaciones judiciales, toda vez que a la jueza Quezada, luego de 24 años con las más altas calificaciones y sin ningún tipo de investigación o amonestación, a tan solo 20 días de notificada la denuncia, se le aperturó un sumario administrativo y se le imputó la comisión de delito, en el sumario y en otras gestiones realizadas por la Corte de Apelaciones ante el órgano de salud laboral competente, para revertir la caracterización del ministro Pulgar como el factor de riesgo causante de las enfermedades de las juezas Pérez y Rodríguez.

Y si bien los hechos fueron declarados injustificados y se le absolvió, la causa fue reabierta. En este contexto, las tres peticionarias fueron diagnosticadas y declaradas con enfermedad profesional por sobrecarga laboral y liderazgo disfuncional por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). A esto hay que sumar, además, que en medio de todo este proceso, durante febrero, falleció una de ellas, la jueza María Patricia Rodríguez Aspillaga.

Pese a todo, han decidido continuar con la batalla en contra de Pulgar, siempre con el caso cuesta arriba, pues siempre ante la vista de la denuncia que presentaron en su contra dicen haber estado en desventaja. La denuncia la conoció el pleno que él presidia, se designó al fiscal judicial de la misma causa como instructor de la denuncia y como relatora a la misma relatora del pleno. Esto, a juicio de ellas, infringiendo los requisitos básicos de estar ante un tribunal independiente e imparcial.

Y el resultado que tuvieron ahí sería prueba de eso, pues aseguran que el tribunal de alzada rápidamente declaró su inhabilidad y remitió el conocimiento de la denuncia a su par de Valparaíso, pero con el mismo fiscal judicial como instructor.

“La falta de un tribunal imparcial queda de manifiesto, toda vez que los ministros que formaron parte del tribunal, después de su inhabilidad fueron presentados por el denunciado como testigos y declararon en juicio, de igual forma declara como testigo del denunciado la relatora de la causa en dos oportunidades, siendo posteriormente promovida a un cargo al que postula, con el voto favorable del mismo ministro”, aseguran.

Con todo, Pulgar fue hallado responsable de acoso laboral por parte de la Corte de Valparaíso, instancia que también ordenó dejar sin efecto el instructivo que originó todo el caso. Eso sí, posteriormente la Suprema decidió absolver al ministro, en agosto de 2024-

“La Excelentísima Corte Suprema, junto con absolver al superior jerárquico de las peticionarias no adoptó ninguna medida para protegerlas del acoso que afecta su integridad física y síquica, considerando que las tres juezas comparecientes fueron diagnosticadas y declaradas con enfermedad profesional por sobrecarga laboral y liderazgo disfuncional por el seguro de salud laboral encargado, Asociación Chilena de Seguridad”, se lee en la nueva denuncia.

Dada la decisión con la que han actuado en contra de Pulgar, aseguran, actualmente están enfrentando nuevas situaciones complejas. “Las víctimas sufren una actitud hostil de algunos ministros, quienes teniendo la posibilidad de mantener a una de las suscritas (Jueza Quezada) en otro tribunal de la jurisdicción que presenta mejores condiciones laborales, realizando suplencias o como jueza destinada, votan por mantenerla en el tribunal de origen aludiendo precisamente a la sobrecarga laboral que ese tribunal demanda”, advierten, destacando que eso infringe disposiciones.

“Todas estas situaciones relatadas generan angustia y temor a ser nuevamente objeto de represalias como las ya indicadas u otras, y en atención a que no existe un mecanismo apropiado frente al acoso laboral de quienes defendieron el control de convencionalidad oponiéndose a realizar aplicación de resoluciones administrativas opuestas a la ley y los derechos fundamentales de la ciudadanía, ninguno de sus superiores jerárquicos adoptó medidas de resguardo a su favor”, se releva en la denuncia.

En medio de las reflexiones que hace en ese sentido la abogadas Fernández, además, se incluye el hecho de que “en Chile no existe para los jueces ninguna acción específica interna respecto de la afectación a la independencia judicial, mientras el acoso laboral se regía a la fecha de los hechos por el protocolo de acoso laboral Versión II de las políticas de clima laboral dictado por la Corte Suprema, que es muy deficiente en la protección de los derechos de la víctima denunciante”.