El Juzgado de Policía Local de La Cisterna acogió la denuncia interpuesta por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA en contra de Inmobiliaria e Inversiones Proyección SpA, conocida también como Royal Rent SpA -ligada a Franco Parisi y Mauricio Lizana- y el comité del administración del denominado “edificio sin ley”, ubicado en calle Sergio Ceppi Nº 0839, comuna de La Cisterna.

En su sentencia, el juez Jaime Villarroel ordenó “entregar en forma inmediata la administración del condominio”. “Rendir cuentas y entregar libros contables y financieros de la comunidad. Además de entregar la nómina de trabajadores, certificado de cotizaciones provisionales al día de sus empleados. También el listado de cada uno de los subarrendatarios”, consignó el fallo al que tuvo acceso La Tercera.

Asimismo, la sentencia solicitó a Royal Rent SpA entregar los registros de video, llaves y controles de portería y acceso del inmueble. Así como también los antecedentes que acrediten que los consumos se encuentran al día o el estado actual de las deudas. En su fallo, el magistrado también ordenó la entrega de la nómina de gastos comunes efectuados por los arrendatarios del edificio desde febrero de 2020 a la fecha e información de número de cuentas corrientes en que se recusaron dichos fondos.

Se trata de la primera resolución de la justicia en la arremetida que lleva adelante MBI Inversiones -matriz de la demandante- que busca la restitución del inmueble en una trama que en paralelo es investigada por el Ministerio Público por la presunta comisión de diversos delitos económicos. Esto, luego de que el 24 de abril de 2021, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA presentara una querella acusando a Franco Parisi -hoy activo promotor del Partido de la Gente (PDG) y eventual candidato presidencial suyo- de cometer los delitos de estafa y lavado de dinero. La acción va dirigida también en contra de su primo Luis Moraga Parisi y su socio Mauricio Lizana.

En la disputa, MBI Inversiones acusa a Royal SpA de crear “una falsa imagen de la realidad” y el perjuicio ocasionado asciende a $ 12.520 millones. Mientras, sigue avanzando en sede arbitral el conflicto entre ambas sociedades.

Frente al revés, la Inmobiliaria Royal SpA presentó un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El 20 de julio, en representación de dicha sociedad, la abogada Tania González Orellana solicitó al tribunal de alzada conceder alegatos en la causa y declinó responder las consultas planteadas a través de un correo electrónico enviado el pasado 3 de agosto.

A modo de respuesta, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -representada por la abogada Macarena Iturra, counsel de DLA Piper- solicitó el pasado 22 de julio que la corte declarara “desierto” el recurso de Royal SpA por incumplir una serie de formalidades de la Ley N° 18.287 que establece cómo se deben realizar este tipo de procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. “Es un hecho indesmentible que la recurrente no ha cumplido con la carga procesal de hacerse parte en segunda instancia dentro del plazo legal, por lo cual solicito a este ilustrísimo tribunal, se sirva declarar desierto el presente recurso de apelación”, solicitó en su presentación Iturra.

A la fecha el tribunal de alzada aún no escucha los alegatos de la causa.

El fallo del Juzgado de Policía Local de La Cisterna viene a ser la primera victoria para MBI Inversiones, luego de que 25 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel declarara inadmisible un recurso de protección en contra de Royal SpA. En su presentación el fondo alegaba la imposibilidad de poder acceder al edificio, lo que constituiría una transgresión grave de su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de La República (CPR).

En paralelo, la disputa entre MBI Inversiones y Royal SpA se ventila en sede arbitral. Esto, luego de que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago designara al abogado Jorge Granic como juez árbitro y cuya sentencia se debería conocer en los próximos meses. El abogado es socio del estudio Larraín y Asociados, bufete que fundó Carlos Larraín Peña.

En tanto, en sede penal, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente habría agrupado las ocho querellas que se presentaron hace un año, y el trabajo de investigación fue encomendado a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec).

Esto, luego de que Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA presentara una querella en la que acusa que Parisi y Lizana idearon un “ardid” para convencer a la administradora de fondos de sumarse al negocio. La sociedad afirma que comenzaron entablando una relación de cercanía y cordialidad con ambos ejecutivos que serían clave para el visto bueno final. La aprobación del acuerdo era fundamental, ya que Royal SpA había suscrito con “Inmobiliaria Habitage Ceppi SpA un contrato para la compra del inmueble, pero no tenía los fondos necesarios. En sencillo, el negocio consistía en que Royal SpA cedería este contrato a Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA, por lo que debería comprar la totalidad del edificio y luego esta última se lo devolvería a la primera en arriendo por 50 meses, con una opción de compra al final”.

¿Por qué MBI Inversiones llevó adelante el negocio con Royal? La acción penal -patrocinada por el abogado Eduardo Riquelme- sostuvo que tres fueron los factores que impulsaron el acuerdo con Royal SpA. El primero es que Parisi había sido candidato presidencial en la elección del año 2013, transformándose en un actor público relevante. Además, desarrolló una carrera académica, alcanzando el grado de doctor en Administración en la Universidad de Georgia, EE.UU., llegó a ser vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile. En ese ámbito académico, fue profesor en las cátedras de Finanzas I y II en la Universidad de Chile, cursos en los que tuvo como ayudante a Jorge del Puerto Vergara, director de MBI Inversiones. Por otro lado, la primera reunión que se realizó, en la oficina de Royal, ubicada en Av. Apoquindo Nº 3910, piso 2, comuna de Las Condes, dio cuenta de una empresa operativa, con mucha gente trabajando.

Si bien Franco Parisi no es accionista de Inmobiliaria Royal participó activamente en la firma del contrato entre dicha sociedad con Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA. Tanto así que hoy su primo Luis Moraga Parisi está a cargo de la administración del edificio Riga. Desde el punto de vista de la presunta estafa, la propiedad de la compañía pasa a segundo plano, ya que es en contra de personas individuales y quienes fueron artífices del engaño, explicó un conocedor del proceso.

De hecho, en la querella de Cerro Colorado, se explicó que una de las razones que llevaron a MBI Inversiones a firmar el contrato radica en que uno de sus directores había sido ayudante de uno de los cursos impartidos por el ex candidato presidencial en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Luego que se cierra el contrato, Franco Parisi no vuelve a tomar contacto con los directivos de MBI Inversiones.

En paralelo, la defensa de Royal SpA presentó una querella en contra de Assetplan Asesores de Inversión S.A. y en particular en contra de sus socios: por el delito de apropiación indebida de dinero, previsto y sancionado en el artículo 470 Nº 1 del Código Penal. La acción es dirigida en contra de José Ignacio Torretti, José Ignacio García y Gonzalo Cabezas.

“Al momento de recaudar los dineros de las diferentes unidades, la nueva administración procede a solicitar el pago de las rentas de arrendamiento, difundiendo de forma deliberada información errada en el edificio indicando que los pagos deben efectuarse a ellos y no al titular de los contratos de subarrendamiento, a saber Royal SpA”, consignó la acción penal.

“A la fecha los querellados, según hemos tomado conocimiento, se han apropiado de un número indeterminado de rentas de diferentes departamentos del edificio, cuestión que nos consta, ya que a lo menos uno de los subarrendatarios nos mostró comprobante del depósito efectuado, así al haberse apropiado indebidamente el querellado”, agregó.

“En el presente caso, el perjuicio consiste en la apropiación de parte del querellado de la suma aproximada de $ 221.288.636, consistente en los arrendamientos no pagados a Royal SpA, y que presumiblemente por los actos fraudulentos de Assetplan Asesores de Inversión S.A., han sido depositados a sus cuentas”, remató.