La Cámara de Diputados acusó recibó.

El recurso lo presentó la abogada Ana María Watkins en contra de los diputados que aprobaron la acusación constitucional en contra del exmagistrado de la Corte Suprema Sergio Muñoz, la cual iba amarrada a la que se formuló en contra de Ángela Vivanco, diseño que concretaron desde las bancadas de Chile Vamos, que fueron los impulsores de este libelo.

Watkins sustentó el recurso de protección por haberse vulnerado, según su análisis, la afectación del debido proceso y el derecho a la legítima defensa de Muñoz en la tramitación que se dio en la Cámara de Diputados, particularmente por haber convocado una sola cuestión previa cuando eran dos acusados.

Desde la mesa de la Cámara, el vicepresidente segundo de la corporación, Eric Aedo (DC), aseguró que “nosotros actuamos en el marco de las facultades que nos entrega la Constitución, en eso hay absoluta tranquilidad”, agregando que la respuesta que se está redactando desde la mesa -y que será entregada a cada uno de los diputados que aprobaron la acusación- será en esa línea.

“Esto no es novedoso, es algo que se esperaba; es la misma situación en que el exsupremo Cereceda recurrió a la Corte de Apelaciones y es probable que esté en vista de recurrir a tribunales internacionales”, aseguró Aedo.

El integrante de la bancada del PPD Jaime Araya (ind.-PPD) indicó que desde ese bloque están “analizando la posibilidad de hacer un informe de la bancada, pues todos votamos a favor, y desde ese punto de vista centrarnos en defender la legalidad de lo tramitado, en particular por haberse discutido y votado en el Senado, separadamente cada uno de los capítulos”.

Y añadió: “La verdad es que siempre debemos responder ante lo requerimientos de la justicia, pero no deja de llamar la atención que este recurso procesal no tiene vinculo aparente con la defensa del señor Muñoz, sin perjuicio de que estimamos que es totalmente improcedente”.

En la derecha también hay tranquilidad respecto de la ofensiva judicial. De hecho, según confidencian, en algunas bancadas del sector aún no ha sido tema.

En la de republicanos, por ejemplo, tienen a una de las protagonistas, pues la diputada Sofía Cid fue la presidenta de la comisión revisora del libelo.

Consultada por este medio, Cid aseguró que “el procedimiento y tramitación de la acusación constitucional fue público y transparente, muy distinto a la tramitación de la acusación contra la ministra Tohá”. “No quiero pensar que toda esa rapidez para que se votara tenía que ver con lo que se venía con Monsalve, pero sería bueno que las autoridades lo explicaran”, planteó la diputada republicana.

El subjefe de la bancada de RN, Hugo Rey, señaló que están revisando los antecedentes, “pero creo que actos de connotación política como este no debiesen ser revisados por el Poder Judicial”.

En las fuerzas de centro también están atentos al recurso de protección. La jefa de bancada de los diputados Demócratas, Amarillos e independientes, Joanna Pérez, calificó la acción judicial de “barbaridad constitucional y no debió siquiera ser admitida por la Corte de Valparaíso”.

“Lo que se reclama es el rechazo de la cuestión previa, y eso es una decisión colegiada de la Cámara como corporación y no de los diputados individualmente. En segundo lugar, las votaciones de los parlamentarios en uso de sus facultades está amparado y protegido por la Constitución”.

“Nos defenderemos como corporación y por cierto también como Demócratas”, sentenció Pérez.

“Dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva” y todos los “perniciosos efectos” que de ella se derivaron, es lo que busca un recurso de protección presentado por una abogada particular en contra de los diputados que visaron la acusación constitucional contra el destituido juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Se trata de un recurso de protección presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso por la abogada Ana María Watkins Sepúlveda -y que fue declarado admisible durante la tarde- contra 99 diputados, tanto oficialistas como de oposición, que rechazaron la “cuestión previa” del libelo que terminó sellando el destino del influyente magistrado, quien presidía la Tercera Sala del máximo tribunal.

Eso sí, el abogado que representó a Muñoz en el Congreso, Jorge Correa Sutil, explicó a La Tercera que el recurso fue interpuesto “sin consentimiento ni conocimiento de Sergio Muñoz”. Muñoz se habría enterado luego de que el recurso fuera ingresado, por lo que también insistió en que “se interpuso sin mi conocimiento”.

En el recurso se señala que se vieron varios derechos constitucionales de Muñoz afectados. Entre ellos, la afectación del debido proceso y el derecho a la legítima defensa. “La Cámara de Diputados no respetó las reglas y dedujo una sola acusación constitucional en contra de dos personas distintas, por hechos diversos ocurridos en diferentes épocas, lo cual colocó en una situación de indefensión al ministro Muñoz Gajardo”.

“Una sola acusación constitucional contra dos autoridades distintas por hechos distintos, forzó a tramitar la acusación en términos inusuales”, se añade.

“Esta situación constituye una aberración jurídica, pues se acusa en un mismo libelo a dos personas por conductas distintas, lo cual viola los derechos humanos de quienes son acusados”, se agrega en otra parte.