“La decisión del gobierno revictimiza”: fundaciones y exusuarios cuestionan a miembros de la Comisión de Reparación del Sename

Lo que era un gran anuncio para el gobierno se ha ido transformando en un dolor de cabeza. Y es que diversas voces de víctimas del Servicio Nacional de Menores (Sename) o instituciones que trabajan con ellos se han comenzado a alzar luego de que el Presidente Gabriel Boric diera a conocer la conformación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del Sename. Las críticas apuntan a la composición de la comisión, pero también a la exclusión de sobrevivientes en la toma de decisiones.

“El gobierno no le avisó a ningún sobreviviente sobre el anuncio de los integrantes de la comisión”, asegura Edison Gallardo, director ejecutivo de la Fundación Ynes y víctima directa de las vulneraciones sufridas por miles de niños, niñas y adolescentes (NNA), mientras estuvo bajo la tutela del Estado.

Pero no es el único que critica. “Cuando se nombra dentro de la comisión a personas cuestionadas históricamente por su paso por organismos como Sename, la decisión del gobierno daña y revictimiza a las víctimas”, apunta Helmut Kramer, fundador de la Red Sobrevivientes, la cual brinda apoyo legal y psicológico a mujeres, niñez y adolescencia.

La molestia ya era evidente desde la semana pasada. Así lo hacía ver la Defensoría de la Niñez, encabezada por Anuar Quesille, quien, sin entrar en detalles, sí expresó su disconformidad, develando que algo ocurría. “Abogaremos por los puntos que planteamos como institución”, subrayó Quesille, apuntando a la falta de participación de las víctimas en la definición de los integrantes y la elaboración de la hoja de ruta de la comisión.

Son al menos tres fundaciones las que ya han levantado la voz sobre la falta de integración y la elección de algunos integrantes. De hecho, en una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, que entregarán en La Moneda este martes, criticanel hecho de que la comisión está compuesta por personas “vinculadas a los mismos organismos que tanto daño han causado”.

Por lo mismo, consultados al respecto, desde Fundación Ynes Gallardo señalan que “lo que el gobierno está haciendo no solo es una falta de respeto, sino que transgrede nuestros derechos como víctimas”, subrayando lo que señalan es una “desconexión” entre las autoridades y quienes sufrieron los abusos.

Asimismo, Matías Orellana, director ejecutivo de Fundación ECAM, integrada por egresados de residencias y hogares de menores del Sename en Chile, ha trabajado durante 37 años en la protección y defensa de la infancia vulnerada e institucionalizada, manifesta su “profunda” preocupación por la conformación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del Sename.

“El enfoque actual excluye a quienes vivieron directamente las vulneraciones, cuestionando la falta de experiencia práctica de los integrantes y la preeminencia de una mirada meramente académica”, indica Orellana. Además, dice que “para ECAM, abordar la verdad y la reparación implica incluir a sobrevivientes que comprendan el dolor desde la experiencia” y cierra, señalando que “la exclusión perpetúa los errores de un sistema que ha vulnerado a miles de niños y adolescentes bajo la tutela del Estado”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, tanto Gallardo como Kramer indican que están dispuestos a colaborar, siempre y cuando haya transparencia y se otorgue un espacio real de participación. “Queremos un espacio con voz y capacidad de incidencia en la comisión”. Además, explican que, si bien no fueron incluidos dentro de los integrantes, esperan ser asesores principales en las instancias de diálogo que se generen.

Esto, dicen desde las fundaciones, ha sido transmitido a la Defensoría a cargo de Quesille en más de una ocasión. En su respuesta, señalan desde las organizaciones, siempre han mantenido a pie firme ejercer presión sobre el gobierno para resolver esta deuda que mantiene el Estado.

Como sea, la comisión, que tendrá una duración de al menos un año y será conformada por siete comisionados designados por el Presidente de la República, con apoyo administrativo de una secretaría ejecutiva para su funcionamiento, presentó a múltiples profesionales en psicología, derecho, educación y psicoanálisis.

Entre ellos, Soledad Larraín, exfuncionaria de Univef, quien preside la instancia; Miguel Cillero, abogado experto en derechos de la niñez; Carmen Domínguez, académica de la Universidad Católica, y Matías Marchant, psicólogo especializado en infancia. También participan Estela Ortiz Rojas, consultora en políticas públicas de infancia; Judith Schonsteiner, abogada en derechos humanos, y Sebastián Valenzuela, exsubsecretario de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, tras tener su primera sesión a mediados de la semana pasada, ya arranca bajo una intensa presión pública.

Y es que si bien a los integrantes de la comisión no se les discuten sus credenciales profesionales, es su selección, que deja fuera a quienes vivieron directamente las vulneraciones que se busca esclarecer, lo que comienza a hacer ruido.