La última contienda del general del “Nunca más”: Suprema revisa recurso con que Cheyre busca anular condena por “Caravana de la Muerte”

Hace dos décadas protagonizó uno de los gestos más recordados en democracia por parte del Ejército al admitir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura (1973-1990). Fue ahí cuando el entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre se convirtió en el “general del nunca más”. A pesar de ello 20 años después, el 9 de noviembre de 2018, el ya retirado uniformado fue condenado como encubridor de crímenes de lesa humanidad, específicamente en el episodio La Serena del emblemático caso “Caravana de la muerte”.

Su causa estaba en espera de ser revisada por la última instancia judicial en Chile, la Corte Suprema, pero al encontrarse número 25 en la tabla no se esperaba que la resolución de su caso fuera este año. Sin embargo, algo sucedió. Un cambio en la lista puso la vista de esta causa en el número 1 de la sala penal y debido a esto está contemplado que este viernes 20 se realicen los alegatos en que querellantes buscarán ratificar su condena, y por su parte, su defensa, encabezada por el penalista Jorge Bofill, librará la última batalla para lograr una rotunda absolución de Cheyre.

En pasillos del Palacio de Tribunales comentan que es probable que el cambio de prioridades en la sala y este salto del número 25 al 1 se deba -en parte- a que el próximo mes debe abandonar el Poder Judicial uno de los emblemáticos jueces de la sala penal: el ministro Haroldo Brito. Al mes siguiente, en diciembre, lo hará otro de los magistrados vinculados históricamente a esta sala, el ministro Jorge Dahm. A eso se suma que hace pocas semanas se conmemoraron 50 años del Golpe de Estado y esta sería una de las causas de mayor relevancia en espera de ser revisada. Tanto querellantes como defensa han suspendido la vista por lo que este viernes se realizarán los alegatos con sala titular completa. A los ya mencionados jueces se suma Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier.

En el proceso está acreditado que la Caravana de la Muerte fue encargada por Augusto Pinochet al general Arellano con el objetivo de “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia a los prisioneros”. Su transporte se hizo en helicópteros oficiales del Ejército y todos los asesinatos, así como el ocultamiento de los cuerpos, se hicieron al margen de las autoridades locales, con la autoridad de facto que le otorgaba el régimen.

En un inicio quienes emprendieron acciones judiciales en tribunales contra Juan Emilio Cheyre pedían que se le condenara como autor por los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte dirigida por Sergio Arellano Stark en su paso por el regimiento de La Serena. En esa época el uniformado tenía 25 años y no se logró probar, en el proceso instruido en primera instancia por el ministro Mario Carroza, que en ese año tuviera mando en la tropa. Se estableció que era ayudante del comandante del regimiento, coronel Ariosto Lapostol, y su calidad entonces en los hechos habría sido de encubridor, esto basado en que habría permitido dar cobertura al general Arellano y a su comitiva para huir de la nortina ciudad.

En la sentencia de primera instancia se detalla que “se advierte que Juan Emilio Cheyre Espinosa, al momento en que ocurren los hechos de esta causa, cumplía funciones como ayudante del Comandante del Regimiento Anca de La Serena, Ariosto Lapostol, autor mediato de los homicidios, y aunque no tenía mando de unidades, si tenía la necesidad por su labor de conocer la finalidad de la comitiva que llegaba a la ciudad, más aun cuando no le era desconocida la labor que cumplía la sección segunda de inteligencia, ya que el Suboficial Vallejos, a quien todos sindican como el Jefe preeminente de la sección de inteligencia en la zona en ese momento, ha explicitado que era a él a quien le entregaba toda las informaciones que obtenían”.

La defensa, que también está integrada por Bárbara Yévenes y Sebastián Contreras, alegará que el rol del entonces teniente Cheyre, de 25 años, era ser ayudante del comandante Lapostol, lo cual es una función que está reglamentada en el Ejército y que implica mantenerse a prudente distancia del comandante de la unidad y estar a sus órdenes. Cheyre, según sus abogados, no tenía ninguna posición de mando y que llevar un documento, “el bando”, desde el regimiento al diario local era parte de las tareas habituales de un ayudante.

Desde su entorno aseguran que es inocente y que se ganó la enemistad de antiguos integrantes del Ejército, justamente por su llamado a que “nunca más” se repitan estas situaciones. En primera y segunda instancia recibió una pena de 3 años y 1 día.

La apuesta ahora del equipo jurídico de Cheyre es la absolución y para ello, según el recurso presentado, buscarán demostrar que el retirado comandante en Jefe fue condenado en base a presunciones judiciales y que no se construyó una prueba completa de los hechos que se le acusan.