Las irregularidades detectadas en Isla de Maipo por $226 millones en pagos sin respaldo

En medio de la serie de irregularidades presentadas en diversos municipios del país, esta vez los ojos de la Contraloría General de la República (CGR) se pusieron sobre la gestión de contratos a honorarios del municipio de Isla de Maipo: un documento emanado desde la entidad que dirige la contralora (s), Dorothy Pérez, en abril de este año llegó a la oficina del alcalde de dicho municipio, Juan Pablo Olave (ind.), cuestionando una serie de montos no rendidos durante su administración.

El “Informe Final” emitido por el ente contralor data irregularidades en torno a contrataciones a honorarios sin el respaldo suficiente, con montos cuestionados que ascienden a los $226 millones y una significativa discrepancia en la conciliación bancaria de la entidad edilicia que alcanza los $363 millones en una de sus cuentas. Todo esto ya fue derivado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que sea evaluado dentro de sus competencias.

Cabe recordar que dicho municipio ya había tenido una serie de problemas durante la administración pasada a cargo del exalcalde Carlos Adasme (DC), que culminó en una querella de Olave por fraude al Fisco por casi $4 mil millones.

Pero ahora el ente fiscalizador dio cuenta de irregularidades durante la administración del actual edil, que para llegar al sillón municipal fue apoyado por Chile Vamos y que ahora va por la reelección. En total, el monto que cuestiona el Informe N° 36/2024 de la CGR es de $226.607.468, y para la entidad levanta alertas “en mérito de los antecedentes que se han tenido a la vista, los que no dan cuenta efectiva de la ejecución de las labores encomendadas”.

El desglose de los cuestionamientos tienen como monto más elevado el pago de $213.523.353, efectuado a 56 prestadores de servicio, que según esgrime el escrito de 86 páginas “presentaron informes que no resultaron suficientes para acreditar fehacientemente el trabajo desarrollado, solo se enumeran actividades genéricas sin acompañar antecedentes”. Además se detectaron 19 pagos por un total de $12.480.665 sin la documentación suficiente para acreditar la ejecución de las labores.

Adicionalmente, se encontró la omisión de la suscripción de contratos a honorarios y del acto administrativo de aprobación para 12 prestadores de servicios del programa de “Reparación de Mobiliario de Áreas Verdes y Vía Pública”. Ante esto Contraloría ordenó que “la municipalidad deberá formalizar estos acuerdos y remitir una copia del decreto alcaldicio que ordena instruir un procedimiento sumarial para determinar posibles responsabilidades administrativas”.

Finalmente, el documento da cuenta de una diferencia significativa en una de las cuentas corrientes del municipio liderado por Olave. En específico, se constató la diferencia de $363.630.416 entre los saldos de la conciliación bancaría, es decir, el registro contable del municipio, con los montos utilizados hasta el 31 de agosto de 2023. En ese sentido, el ente de control puso un deadline para corregir tal cifra: “Se ha requerido que el municipio aclare esta discrepancia y realice los ajustes necesarios dentro de un plazo de 60 días hábiles”, dice el escrito.

El alcalde de la comuna respondió a La Tercera sobre los altos montos objetados indicando que “debimos haber entregado una respuesta más contundente a las observaciones de Contraloría en primera instancia, nos confiamos ya que en nuestra municipalidad no existen contratos fantasmas, nunca antes Contraloría remitió antecedentes al Ministerio Público y al CDE por estos asuntos; lo que ocurre es que hubo un cambio de criterio de parte de CGR después de los sucesivos escándalos de corrupción en los municipios”, señala.

Asimismo, explica que se solicitó una reconsideración a la CGR “porque nos consta que se trata de funcionarios que han ejecutado las tareas de sus contratos, existen fotos, correos, documentos, actas y otros instrumentos que lo demuestran”. Respecto a la diferencia bancaria que supera los $363 millones, el edil afirma que no es dinero faltante y que “en su mayoría se trata de dineros que han sido transferidos a nuestra Corporación de Salud y Educación, sin efectuar los registros contables requeridos por Contraloría”, cierra.