Libertades condicionales: La guerra parlamentaria que ahora se libra en el TC

Dos semanas después de que los diputados de la UDI y RN ingresarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie respecto del proyecto de ley que reforma el sistema de libertad condicional para las personas privadas de libertad, los diputados socialistas se sumaron a la agrupaciones de derechos humanos al presentar hoy un escrito ante el mismo tribunal que refuta los argumentos oficialistas.

La UDI y RN planteron al TC que el proyecto de libertades condicionales vulnera el artículo 19 números 2 y 6 de la Constitución, al imponer discriminación arbitraria y condiciones "imposibles de cumplir" para obtener el beneficio de libertad condicional. Esto debido a que la oposición impuso la condición de que solo puedan acceder al beneficio quienes hayan cumplido al menos dos tercios de la pena y puedan demostrar colaboración sustancial y arrepentimiento por los crímenes.

El escrito presentado esta mañana por los 19 diputados del PS, incluyendo al diputado Leonardo Soto que integró la comisión mixta que afinó el proyecto, sostiene que "no existe un tratamiento desigual entre quienes se encuentran en la misma condición (los penados), porque existe una diferencia elemental entre criminalidad común y criminalidad del Estado. Se trata de una forma de criminalidad que durante las circunstancia fácticas del ejercicio del poder, gozó de impunidad de facto, y que con el advenimiento del restablecimiento del régimen democrático, paulatinamente se crearon condiciones materiales para el juzgamiento de estos graves hechos delictivos".

El texto al que tuvo acceso La Tercera PM ahonda en que "la desigualdad planteada por los requirentes en el tratamiento penal en el caso de ejecución de penas, incurre en una falacia, pues como con razón, se ha sostenido que "la pena al genocidio no se distingue del resto del ejercicio del poder punitivo: es tanto o más selectiva que las restantes penas" (...)  Para el avance de la justicia se requiere una real cooperación democrática con los organismos encargados de investigar,

juzgar y sancionar a los responsables, y no presiones para instalar la impunidad de los

violadores de los derechos humanos".

"A mayor abundamiento, no reconocer valor jurídico a disposiciones de ésta índole,

no es otra cosa que restablecer el principio de igualdad quebrantada bajo estas supuestas

"garantías", que no buscan sino otra cosa privilegiar a un grupo bien determinado por las

fechorías cometidas y procurar su impunidad", añade el texto.

El escrito de siete páginas, presentado por el abogado Enrique Aldunate, termina solicitando una audiencia pública para ser escuchados por el tribunal.