Lío de platas no suelta a La Moneda: aumenta presión sobre Crispi para que responda como jefe de asesores de Boric

Antes de tomar el acuerdo para citar por tercera vez al jefe de asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi, el diputado José Miguel Castro (RN) -quien preside la comisión investigadora por el lío de platas públicas asignadas a fundaciones- reconoció un error formal que había cometido en las últimas semanas.

Incluso, hasta hoy en la mañana se seguía refiriendo a Crispi como “Miguel Ángel”, en circunstancias que el principal consejero político del Presidente Gabriel Boric se llama en realidad “Miguel Ernesto”.

“¡Quizás por eso (no venía)! ¡Lo citábamos mal! ¡Es Ernesto!”, comentó con humor Castro, en vista de que el asesor presidencial rehusó en dos ocasiones comparecer ante la instancia fiscalizadora y solo envió una respuesta por escrito.

La resistencia de Crispi, sin embargo, cambió la semana pasada, luego de que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, señalara ante la misma comisión que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, y esbozó que el personal a honorarios de la administración estatal debería tener el mismo trato que cualquier funcionario público.

En una manifestación del giro del gobierno, el jefe del llamado “Segundo Piso” de La Moneda envió un correo electrónico a la Cámara expresando su voluntad de concurrir, deslizando que lo haría en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Ello le daba un margen de maniobra al Ejecutivo para suavizar este cambio de discurso y tratar de proteger la información y las deliberaciones que se han dado en el círculo más cercano al Presidente, a raíz del escándalo de las fundaciones. Una de las dudas que aún no está despejada es cuándo se enteró el entorno del Presidente Boric del caso.

De hecho, hasta la semana pasada, el gobierno defendía una tesis jurídica, elaborada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, de que los asesores presidenciales tenían un estatuto especial, precisamente para cuidar la figura del Primer Mandatario. Esa interpretación, sin embargo, se cayó por las explicaciones del propio contralor.

Incluso, el escenario empeoró aun más porque la comisión investigadora no acogió esa velada exigencia para comparecer como exsubsecretario y resolvió por unanimidad -con la venía de los cuatro legisladores oficialistas- citar a Crispi en su calidad de jefe de asesores para el 6 de noviembre.

“Si ya no llega a venir este caballero, perdónenme. Va a ser otro el trato”, advirtió el diputado Castro tras recabar el acuerdo.

La semana pasada, el mismo presidente de la comisión había deslizado que la fórmula para convocar a Crispi por tercera vez sería esa. “No voy a citar a Crispi en otra condición que no sea como jefe del Segundo Piso”, dijo a La Tercera el viernes pasado.

Incluso, el diputado de RN hoy despejó otra confusión que los días previos había acompañado esta polémica y precisó que en las dos ocasiones anteriores se citó con carácter obligatorio a Crispi como asesor presidencial. En caso de que hubiera sido convocado como exsubdere, se le debía “invitar” al no estar ejerciendo esa responsabilidad administrativa.

Aquella versión fue corroborada por el secretario de la comisión investigadora, Juan Carlos Herrera. “(A Miguel Crispi) se le citó en dos oportunidades y las dos veces como jefe de asesores de la Presidencia de la República, calidad que nadie cuestionó en su oportunidad. De manera que si hubiera sido objeto de objeción, se habría tenido que poner en votación y no fue necesario”, dijo el abogado de la Cámara, que actúa como ministro de fe en estas situaciones.

El carácter de la nueva citación no era el único elemento complejo para La Moneda, que no ha podido cerrar el capítulo de Crispi.

La nueva convocatoria quedó para dos semanas más, por lo que perfectamente en ese plazo la Contraloría podría tomar una decisión de iniciar o no un proceso sancionatorio contra Crispi, que fue requerido por la comisión investigadora, en virtud del artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso, que contempla sancionar con el descuento de un mes de remuneración al funcionario público que se resista a concurrir al Parlamento.

En los días previos, el mismo contralor Bermúdez había deslizado que si Crispi comparecía, perdía oportunidad su pronunciamiento, pues el hecho en cuestión quedaba subsanado.

No obstante, ayer en la misma comisión investigadora discreparon de esa lectura del contralor y sus integrantes coincidieron en que igualmente debía haber una resolución del ente administrativo.

Además de la sanción, que dejaría a Crispi en un mal pie político, en el gobierno veían con preocupación que un dictamen de la Contraloría sobre las obligaciones y responsabilidades del personal a honorarios de la Presidencia podría generar una jurisprudencia delicada en la futura relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.