Marcado por crimen de Ojeda: el plan de La Moneda para enfrentar el nuevo período con Venezuela
Hoy, en la práctica, la relación política entre ambos países no existe y el intercambio es solo formal, por medio de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz. Eso sí, dicen en el Ejecutivo, si se comprueba la tesis del fiscal Barros -sobre el caso Ojeda- se abrirá un nuevo escenario, en el cual podrían recurrir a algún organismo internacional.
Atentos. Así están en La Moneda respecto del avance de la audiencia -aún no programada- de los nuevos detenidos del Tren de Aragua, en particular de la célula “Los Piratas”, vinculados al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado, hace casi un año, en una toma de Camino a Melipilla.
La expectativa está puesta, principalmente, en que, durante el proceso judicial, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, pueda comprobar su tesis que apunta a una conexión entre la dictadura de Nicolás Madura y el crimen de Ronald Ojeda.
La Moneda se ha puesto detrás del trabajo de Barros y sus planteamientos, lo que fue reafirmado este miércoles por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); y el subsecretario de la misma cartera, Luis Cordero. Al respecto, la jefa del gabinete afirmó que “si ha hecho los planteamientos que ha hecho, es porque la propia investigación ha ido descartando otras hipótesis y ha ido reforzando algunas. Y creo que lo importante es que a este punto, cuando ya están prontas las formalizaciones y se van a conocer muchos más elementos que en toda esta etapa eran reservados, esos antecedentes van a empezar a ser públicos también”.
En Palacio hay expectación respecto de los detalles que se entreguen en las formalizaciones de las que habló Tohá, pues, de comprobarse la “tesis Barros”, se puede marcar un nuevo punto de inflexión en la ya dañada relación que tiene Chile con el régimen de Maduro.
Tras no reconocer el triunfo electoral del sucesor de Hugo Chávez, Maduro expulsó del país a todo el cuerpo diplomático chileno de Venezuela, lo que derivó en que el pasado 6 de enero, Cancillería diera cuenta del cese de funciones diplomáticas del embajador destinado a Caracas, Jaime Gazmuri.
Hoy, en la práctica, la relación política está suspendida, pero técnicamente, señalan en Palacio, no hay ruptura. Esto porque Chile aún tiene abiertas las oficinas de sus dos consulados -Caracas y Puerto Ordaz- en Venezuela, espacio de atención al público chileno y venezolano.
Por ejemplo, hasta esos lugares se dirigen chilenos a realizar trámites o venezolanos que quieran viajar a Chile o enviar poderes.
Más allá de esto, ambas cancillerías no tienen relación y como anécdota se recuerda que la oficina de la embajada en Caracas sigue bajo propiedad chilena.
La operatividad de ambos consulados chilenos es la principal razón por la que Chile no ha impulsado la ruptura total de relaciones diplomáticas, ya que en el Ejecutivo plantean que no se puede ignorar la presencia de chilenos, y sus necesidades, en el país de Maduro. Además, también se considera que hay cerca de 800 mil venezolanos en Chile.
Nuevo escenario
En caso de que la justicia confirme la tesis del fiscal Barros, transversalmente se ha planteado que se abre un nuevo escenario.
Ante ese caso, el canciller del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, afirmó a La Tercera que “las relaciones entre Chile y Venezuela están rotas de facto. La consolidación de la tesis que involucra al régimen de Maduro en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda solo confirma el quiebre de los vínculos bilaterales y la absoluta falta de cooperación del régimen dictatorial”.
En la misma línea, planteó que “se ahonda el escenario negativo. Chile debería pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue con efectividad los crímenes de lesa humanidad de los cuales se acusa a Maduro”.
En el Ejecutivo comentan que, en caso de comprobarse la tesis Barros, justamente, acudir a un ente internacional -como la Corte Penal Internacional- es una de las opciones que tendrán que analizarse.
Consultada al respecto, la exministra de Relaciones Exteriores del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Antonia Urrejola, afirmó que “me parece que más allá de las declaraciones del fiscal, hay que esperar que, como decía el Presidente (Ricardo) Lagos, las instituciones funcionen. Es gravísimo lo que ha dicho el fiscal y por lo mismo creo que hay que esperar cómo sigue la investigación y qué van resolviendo los tribunales de justicia. En un tema tan delicado, es la justicia la que debe determinar responsabilidades. Esperemos que ello ocurra con celeridad”.
PC, un flanco habitual
Una vez más el Ejecutivo debió salir a responder por la postura del Partido Comunista en materia internacional.
Esto, luego de que el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, cuestionara este martes al fiscal Barros. “Lo primero que me llama la atención y lo digo porque antes era intocable el Ministerio Público por su seriedad, por su rigor, mesura, por su prudencia, por cómo procedían a las cosas, hoy ya estamos exhibiendo tesis”, dijo el exdiputado PC.
“Desde el punto de vista político no me corresponde meterme en lo que es el tema jurídico, porque ese es otro espacio. Pero le reclaman que funcionen las instituciones, ¿cómo yo lo voy a decir a un fiscal que funcionan las instituciones? Le digo que tenga rigor, que no nos vayamos de tesis, porque esto no es un tema de tesis, ni de hipótesis. Ya habrán tiempos para que alguien se haga famoso, pero ahora hagamos la tarea que le corresponde a Fiscalía; investigar, mostrar pruebas y hacer que esto circule en el espacio del Poder Judicial”, agregó en la misma línea el timonel comunista.
Consultada al respecto, la ministra Tohá dijo este miércoles desde La Moneda que “las investigaciones penales, las responsabilidades penales no pueden entrar en el terreno de la opinología”.
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