Megatoma de San Antonio: gobierno alcanza 35 cooperativas constituidas que aportarían 640 millones de pesos iniciales para compra de terrenos

A pocos días del desalojo de la megatoma de San Antonio, y antes de la negociación que llevará a cabo el gobierno con los dueños del terreno a través del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, el Minvu busca acelerar la formalización de cooperativas habitacionales que presenten una propuesta de compra del paño de 247 hectáreas ubicadas en el cerro Centinela.

Es la alternativa a la que apuesta el Ejecutivo para las 10.251 personas que habitan en 4.136 viviendas dentro del asentamiento, quienes arriesgan ser desalojadas con la fuerza pública si no se logra un acuerdo. La fórmula hasta ahora no ha sido acogida formalmente por los dueños del paño, lo que abre un incierto escenario de cara a la cita clave que se realizará el lunes.

Con el tiempo en contra, la delegada de Minvu, Gloria Maira, este jueves en la tarde encabezó una de las tantas reuniones que los pobladores han sostenido con miras a constituir las cooperativas recomendadas por el Ejecutivo. El conteo hasta ayer era de 3.200 familias inscritas en 35 cooperativas, que fluctúan entre las 400 y 200 familias cada una. En el Minvu advierten que es un número móvil porque siguen las conversaciones y esperan que suba la cantidad de inscritos.

Tal como consta en uno de los documentos de trabajo que el Minvu ha presentado a los pobladores, el modelo considera que cada una de las familias con disposición a integrar las cooperativas haga un aporte inicial de 200 mil pesos, que marcaría la intención de ahorro para la adquisición del crédito solicitado al banco para adquirir el terreno. Luego se establecería un dividendo por un plazo que debe ser acordado si se logra un entendimiento con los dueños.

Bajo esa lógica, hasta ahora las 3.200 familias inscritas podrían hacer un aporte inicial de 640 millones de pesos. Tal como reconocen en el Minvu, la cifra se aleja de los 52 millones de dólares que inicialmente han solicitado los propietarios del terreno, pero señalan que el monto de venta final es parte de las negociaciones.

Esta estrategia contempla un proceso formal de inscripción, escrituración y financiamiento colectivo, con el objetivo de facilitar el acceso a una solución habitacional organizada para las familias que serán desalojadas en poco días más.

El proceso de conformación de estas cooperativas considera distintos pasos administrativos, que incluyen la realización de Juntas Generales Constitutivas, la escrituración de estatutos, la publicación legal en el Diario Oficial, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y en el Ministerio de Economía, así como la apertura de cuentas bancarias que permitirán el manejo de fondos y la administración de recursos para la postulación a programas de vivienda.

El modelo estipula que solo podrán integrarse familias previamente catastradas que aportarían el capital inicial de 200 mil pesos. Los costos asociados a la inscripción notarial y al Conservador de Bienes Raíces, que alcanzan los 200 mil pesos, podrán ser financiados a partir del capital inicial. En la Junta General de Constitución de cada cooperativa se elegirá una directiva provisoria conformada por cinco personas y una Junta de Vigilancia con tres miembros, encargados de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la administración de los recursos.

Las autoridades han definido un cronograma que contempla reuniones constitutivas como la que se realizó este jueves y que continuarán hasta marzo, con el fin de agilizar la inscripción formal de las cooperativas antes de que las familias pierdan sus viviendas.

Todo es una apuesta, porque recién el lunes los propietarios vinculados a la inmobiliaria San Antonio manifestarán su disposición de aceptar la fórmula que ofrece el Ejecutivo. De no ser así, el jueves a las 10 horas se deberá llevar a cabo el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Un operativo que deberá ser coordinado por la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial de Valparaíso y Carabineros. Según la resolución judicial, el desalojo se llevará a cabo en etapas, aplicando un sistema de división cuadricular que permitirá su desarrollo de manera paulatina y razonable.