Oficial PDI baleada y atropellada durante el estallido social: tribunal pide a fiscal nacional revisar causa, pero Valencia fue defensor en el caso… ¿Qué pasará?

Una serie de instancias judiciales son las que ha debido sortear la causa en la que se investiga el incidente en que la detective de la PDI Danitza Araya resultó herida de gravedad. La funcionaria, quien recibió un disparo y fue atropellada durante el saqueo de un supermercado en el estallido social, quedó en silla de ruedas debido a la gravedad de sus heridas.

La última de estas etapas, dictada recientemente, recae en el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego de que el Primer Juzgado de Santiago lo oficiara para que explique las razones respecto a la decisión del Ministerio Público de no formalizar la investigación y de, incluso, solicitar no perseverar en la causa que se inició el 2021 con una querella de la detective Araya en contra de su colega Daniel Jofré. Este es acusado como el autor del disparo que dejó en situación de discapacidad a la funcionaria que minutos antes había sido atropellada por Cristián Cayupán, condenado a 15 años de cárcel en marzo del 2021 por este hecho. Cayupán, en diciembre del 2022 fue parte de los 13 indultados por el Presidente Gabriel Boric.

El requerimiento al fiscal Valencia surge luego de que el 26 de enero pasado el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de Cofré, a solicitud de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien fundó la petición en que no se habrían reunido antecedentes suficientes para imputarlo. Sin embargo, la detective -a través de su abogado, Pedro Díaz- recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que revirtió la decisión del tribunal y reabrió la causa.

Pese a la decisión del tribunal, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó al tribunal que se fijara una audiencia para discutir, nuevamente, el cierre de la causa al presentar una solicitud de no perseverar.

El pasado 3 de mayo, en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, finalmente se llevó a cabo la nueva audiencia para discutir si es que la causa, en la cual los querellantes dicen que existen antecedentes para imputar a Jofré, debía cerrarse o no. En esa instancia, en la cual la Fiscalía solicitó el cierre definitivo de la causa, el abogado querellante por su parte pidió el “forzamiento de la acusación”, es decir, que sea el querellante el que lleve a juicio al imputado ante el desistimiento del Ministerio Público.

Ante aquello, y considerando lo fallado por la Corte que señaló que el posible sobreseimiento de Jofré debía ser visto en un juicio, el tribunal resolvió revisar la solicitud de forzamiento de la acusación, lo que requiere -según el artículo 258 del Código Procesal Penal- previamente que debe ser el fiscal regional el que debe revisar el actuar del fiscal adjunto que esté solicitando el sobreseimiento pese a la oposición de los querellantes, como en el caso de la detective Araya.

Sin embargo, y según el mismo magistrado, Clemente Winn, en esta causa “estamos en una situación bastante peculiar, porque quien dirige la investigación es justamente la fiscal regional”. En ese sentido, según el resultado de la audiencia “en este caso dicha revisión por un superior jerárquico no se realiza, toda vez que, como se señaló, la persona que dirige la investigación es la misma fiscal regional”, aquello pese a que el artículo 258 establece que un superior jerárquico debe revisar la decisión del fiscal que investigó.

Ante ese escenario, el juez Winn resolvió que “se deberán remitir los antecedentes por parte del Ministerio Público al fiscal nacional, para que sean revisados, debido a la curiosidad de que esta causa está siendo dirigida por un fiscal regional se van a remitir los antecedentes para que se revise la decisión de no perseverar de la Fiscalía o el superior jerárquico, en este caso, no queda más que el fiscal nacional”.

Consultados al respecto, desde la Fiscalía Nacional sostuvieron que el oficio hasta ahora no ha llegado al organismo.

En la causa iniciada el 2021 figuran como querellantes la detective Araya y el propio condenado -y posteriormente indultado-, Cristián Cayupán, quien se querelló en contra del fiscal de su causa, Rodrigo Garrido, y la PDI, acusando de los delitos de obstrucción a la justicia, ya que según los querellantes fue el disparo presuntamente de Jofré el que generó las heridas de la detective y no el atropello de Cayupán.

En ese contexto, en diciembre de ese año el fiscal Garrido confirió patrocinio y poder a Ángel Valencia, por aquel entonces abogado privado. Sin embargo, el ahora fiscal nacional permaneció como abogado defensor del persecutor hasta febrero pasado, cuando se retiraron ante el tribunal los poderes de representación que le había conferido el querellado.

El fiscal Garrido fue sobreseído de esta causa, lo cual fue ratificado en marzo por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que solo reabrió la investigación por el presunto homicidio frustrado en contra de la detective y no la causa de Cayupán en contra del persecutor en que era representado por el actual fiscal nacional.

Para el abogado Díaz “la decisión del tribunal quizás es la correcta y se hizo para utilizar lo que dispone el legislador”, sin embargo, y considerando la historia de la causa, para el abogado querellante “el fiscal nacional debería abstenerse de resolver ya que fue parte de la causa como abogado defensor del fiscal querellado”.

En esa línea, agrega que esperan que se dé lugar al forzamiento de la acusación “toda vez que están todos lo antecedentes para que resuelva un tribunal oral en lo penal si es homicidio frustrado o cuasidelito no sostener lo que dice la Fiscalía que hay exención de responsabilidad”.

Pese a aquello, y sin bien fue advertido en la audiencia, ahora se espera que el fiscal nacional responda al oficio solicitado por el tribunal, el cual posterior a eso deberá resolver si acoge la solicitud de los querellantes de llevar a un juicio al detective Jofré y cerrar definitivamente la causa.