Otro dolor de cabeza para Jadue: Contraloría declara ilegal convenio entre Recoleta y Estación Central y envía antecedentes a la Fiscalía

Una serie de cuestionamientos sumó, en agosto del 2021, un acuerdo de cooperación alcanzado entre las municipalidades de Recoleta y Estación, acuerdo impugnado este jueves 3 de octubre por parte de la Contraloría General de Recoleta. El “Convenio de Asociatividad, Colaboración y Cooperación Mutua” alcanzado por la administración del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue con la administración de Felipe Muñoz en Estación Central fue declarado ilegal.

La determinación del organismo fiscalizador, la que envió los resultados de su investigación a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), determinó que los términos del acuerdo alcanzado por el alcalde comunista y el independiente “no se ajustan al marco legal descrito”, ya que “toda vez que éstos se exponen de manera genérica”.

Y eso que, según expone el contundente informe al que tuvo acceso La Tercera, el documento firmado por las autoridades comunales tenía por objetivo colaborar “para alcanzar logros comunes y soluciones para sus municipalidades y vecinos”. Por lo mismo, concluyó que ambos municipios deberán dejar sin efecto el convenio alcanzo.

En el mismo escrito, además, la entidad encabezada de manera subrogante por Dorothy Pérez, expuso que Recoleta ya había sido advertida de las falencias de un convenio de similares características el 2011 pero con la Municipalidad de Mostazal. En ese sentido, y considerando que la comuna dirigida en aquel entonces por Jadue tendría similares acuerdos con otros municipios, “deberá abstenerse de continuar celebrando convenios como el de la especie bajo los términos expuestos, informando de las medidas adoptadas a esta”.

La investigación administrativa de la Contraloría inició luego de que un funcionario del municipio, así como también una inmobiliaria. Pero no es la única arista, ya que el exconcejal Mauricio Smok, el 26 de junio pasado le solicitó a la fiscal Giovanna Herrera, que investiga el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y que tiene al exalcalde Jadue en arresto domiciliario, que extendiera la indagatoria esta vez por estas nuevas presuntas irregularidades.

La denuncia de Smok ante el Ministerio Público, como la indagada por la Contraloría, apuntan en similares términos a que el ahora impugnado convenio derivó en irregularidades desde el punto de vista administrativo. Una de estas es que el funcionario de la Dirección de Obras (DOM) de Recoleta, Juan Hernández, fue enviado -bajo el convenio- en “comisión de servicio” a la misma DOM de Estación Central.

Subrogancia que a juicio de la Contraloría “no se ajustó a derecho, cumple con señalar que dicha comisión de servicio y la designación de director subrogante no resultaron procedente”. Esto, porque según lo establece la normativa, y citado por Contraloría en su resolución, para hacer una subrogancia se debe respetar el orden jerárquico ante la ausencia de un jefe DOM, algo que no ocurrió en este caso -y resuelve- porque se trajo a un profesional de otro municipio, lo que tampoco se ajustó ni siquiera a la regulación de aquello.

Por lo mismo, el ente fiscalizador concluyó que la contratación del funcionario “no se ajustó a derecho la contratación de don Juan Hernández Zepeda para desempeñar el cargo de Director de Obras Municipales”. Mismo funcionario que, según la denuncia, recibió doble sueldo, algo que a juicio de la Contraloría sí ocurrió pero que esta devolución no se pagó completamente, por lo cual ordena el reintegro de esa diferencia.

La denuncia de la inmobiliaria ante la Contraloría sostiene que el funcionario que llegó a la Municipalidad de Estación Central, proveniente del mismo organismo de Recoleta, habría concretado “resoluciones injustas” para dilatar de forma indebida el otorgamiento de permisos de proyectos inmobiliarios. Lo anterior, según la denuncia de Smok ante la Fiscalía, para presionar a que las empresas realizaran un pago extra.

Respecto a este aspecto, Contraloría no se refiere, pero sostiene que este tipo de investigaciones -y debido a las características de estas- deben ser realizadas por el Ministerio Público.

Por lo mismo, y considerando todo el informe, todos los antecedentes a la Fiscalía y al CDE “para los fines que estime pertinentes”.