Presidente Boric suprime cuatro fiscalías militares

El pasado jueves 26 de octubre el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, tomó razón de un decreto firmado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, donde puso fin a cuatro fiscalía militares.

Según expone el documento, al que tuvo acceso La Tercera, luego de que la Ley 20.477 reformó las competencias de los tribunales militares, quedando excluida la competencia de estos en causas en las cuales se vean involucrados civiles, ya sea en calidad de imputados o de víctimas, esto “ha significado una progresiva disminución en el ingreso de causas de competencia de algunos de estos tribunales”.

También se explica que “la citada reducción lleva a plantearse la necesidad de modificar la actual estructura orgánica de algunos juzgados militares, suprimiendo varias fiscalías militares, de modo tal que su territorio jurisdiccional pase a las competencias de otras fiscalías, optimizando de esta manera el uso de recursos humanos, de infraestructura y financieros”.

Desde algunos sectores litigantes, cuando se planteó la posibilidad del cierre de las fiscalías, sostuvieron reparos por temas como los traslados y gastos que se podrían generar para quienes, por ejemplo, deban declarar o firmar medidas cautelares. Según estos sectores, esto podría afectar el derecho a defensa o debido proceso.

En las fiscalías militares no solo se reciben causas relacionadas con violaciones a los DD.HH., también se investigan casos de acosos y abusos sexuales dentro del Ejército, la desaparición de armas y explosivos, o a funcionarios que se quedan con paquetes de droga incautada en los procedimientos que se llevan a cabo.

Parte del mundo progresista está en contra de estas fiscalías, porque supone una justicia paralela para los funcionarios de las diferentes instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Con todo, el decreto apunta a la necesidad de suprimir las fiscalías, formulando la reorganización para otras, “para una mejor optimización de recursos”, señala el texto.

De esta manera, la Fiscalía Militar de Los Andes, con competencias sobre las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, se suprime y pasará a ser conocimiento de la Fiscalía Militar de Valparaíso.

En tanto, la Fiscalía Militar de Rancagua, con competencias sobre las provincias de Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua y Curicó, se suprime y pasará a ser de conocimiento de la Fiscalía Militar de Talca.

A su vez, la Fiscalía Militar de Angol, con competencias sobre las provincias de Biobío y Malleco, se suprime y pasará a ser de conocimiento de la Fiscalía Militar de Temuco.

Finalmente, la Fiscalía Militar de Puerto Varas, con competencias sobre las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé se suprime, pasará a ser de conocimiento de la Fiscalía Militar de Valdivia.

El decreto presidencial ordena que el comandante en jefe del Ejército, mediante documentos ejecutivos internos, debe proceder a redistribuir y fijar las nuevas dependencias del personal y material de las fiscalías militares que se suprimen, respecto de las que se deben reorganizar.