Residencias sanitarias no registradas y compras de test a empresa cosmética: Transparencia acusa falta de claridad en compras por Covid

Solo 86 de las 138 residencias sanitarias informadas oficialmente por el Ministerio de Salud al 23 de junio de 2020, pudieron ser individualizadas por el Consejo Para la Transparencia (CPLT), a través de registros públicos que deben estar disponibles vía ley de Transparencia.

Ese es uno de los hallazgos realizados por ese organismo, tras los procesos de fiscalización centrados en compras asociadas a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Mediante la modalidad de usuario incógnito y a través del análisis de los antecedentes disponibles en Transparencia Activa, el organismo analizó el proceso de arriendo de residencias sanitarias y también de compra de test rápidos para detectar el Covid-19.

Tras la fiscalización, el organismo detectó problemas para acceder a información que permita caracterizar el gasto, dueños, localización y número de recintos privados arrendados por la autoridad sanitaria.

En los informes emanados por el CPLT a la Subsecretaría de Salud también acusan el incumplimiento de normas de transparencia en diversos servicios de salud; y eventuales vulneraciones a la Ley de Compras derivados de procesos cursados sin resolución aprobatoria a la fecha de cierre del proceso.

Para el análisis de compras de test rápidos de Covid, se revisó el sistema de compras públicas de la Subsecretaría de Salud Pública. Se analizaron 4.324 órdenes de compra emitidas entre el 2 de enero y el 13 de mayo de 2020. De ellas se identificaron 625 compras con mención expresa a Covid-19, Coronavirus, Pandemia o Alerta Sanitaria.

En total, el CPLT calculó un gasto cercano a los 12 mil 300 millones de pesos, asociado a siete compras por poco más de 1 millón 500 mil kits de detección de Covid-19 (1.500.010) vía trato directo e invocando la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto”.

Llamó especialmente la atención del CPLT la compra de 100 test a una comercializadora de productos cosméticos coreanos, proveedor no inscrito en el ISP. Se trata de la comercializadora Skinlab SpA, que el 30 de abril aparece con una orden de compra por $702.100.000.

“Considerando el rubro de los proveedores, se analizó en mayor profundidad la compra efectuada a a la empresa Skinlab SpA. En los antecedentes de la compra existe un único documento denominado “CDP SKINLAB.pdf”, que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestaria. Al revisar en detalle este documento, identificamos que existe una inconsistencia significativa entre el monto en números y en palabras. Mientras el monto establece los $702.100.000, en palabras indica “sesenta millones pesos”, dice el informe.

Más adelante el CPLT señala: “En relación a la inscripción del test COVID-19 vendido por la empresa a la Subsecretaría de Salud Pública, en su respuesta, el Instituto de Salud Pública informa que “el test COVID-19 de la empresa Skinlab SPA no ha sido registrado ni aprobado por el ISP, por tanto no existen resoluciones de aprobación para este producto”.

En las conclusiones del informe, el organismo afirma que “en general, las compras efectuadas por la Subsecretaría de Salud Pública para abastecerse de test rápidos de detección de COVID-19, que se encuentran disponibles en Transparencia Activa -y que fueron analizadas durante el proceso que dio lugar a este informe- no presentan las resoluciones aprobatorias en particular; sólo el Decreto Supremo del Ministerio de Salud Nº 4 de 2020, que establece el estado de alerta sanitaria en el país”.

También acusa “infracciones a las normas sobre Derecho de Acceso a la Información tanto en la Subsecretaría de Salud Pública como el Instituto de Salud Pública”. “En el caso de la Subsecretaría, el organismo no da respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información dentro del plazo legal -no registrándose a la fecha de emisión del presente informe alguna comunicación de la Subsecretaría al usuario simulado-, ya sea respondiendo a la solicitud fuera plazo o notificando una prórroga al plazo de la misma”, agrega el informe.

Para el informe sobre residencias sanitarias, el CPLT fiscalizó a la Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales, así como a 16 seremis de Salud y a 29 servicios de salud entre abril y julio.

El trabajo asociado a la fiscalización buscó reconstruir las 138 residencias sanitarias informadas como habilitadas por el Ministerio al 23 de junio, mediante el reporte diario comunicado el día 24 de junio de 2020; particularmente, el esfuerzo se dirigió hacia la individualización de cada uno de los recintos.

En vista de la imposibilidad de acceso a la información solicitada, el CPLT solo logró individualizar 86 de los 138 recintos informados por el ministerio públicamente, lo que constituye un 62.3% de las residencias.

¿Por qué? El organismo solo plantea supuestos que explican la falta de información, entre ellos que “la limitada información disponible y la falta de respuesta ante los requerimientos ingresados, ha requerido una reconstrucción de la información sin antecedentes previos sino que confirmando cifras agregadas, lo que podría suponer que algunas de las residencias identificadas vía Compra o vía fuentes externas, no correspondan a las que tuvo en consideración el Ministerio al momento de informar las 138 en su reporte diario del 23.06.2020″.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, acusa “poca claridad en los procesos de compra de bienes y servicios asociados a la puesta en marcha de residencias sanitarias e información limitada sobre este tipo de contrataciones como en las de los kits de detección rápida”.

Argumenta que la limitaciones de acceso a la información impidieron caracterizar bien la oferta e identificar estándares y/o mecanismos formales precisos en este tipo de adquisiciones. Más allá de evidenciar que todas son autorizadas vía trato directo aludiendo al estado de emergencia.

“El recordatorio para las autoridades es que el derecho de acceso a la información no está suspendido en el contexto de la crisis sanitaria y que no sólo deben cumplir con la ley, sino intentar ir más allá, porque donde hay transparencia hay confianza y la confianza es la única que dotará de legitimidad a las decisiones que se tomen”, agregó.