Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Como parte de su tercera semana territorial, los convencionales se desplegaron por sus respectivos territorios para realizar distintas actividades promotoras de la participación ciudadana. De esta forma, desde el lunes, y a lo largo de todo el país, se han realizado cuentas públicas, cabildos, reuniones y otras actividades de encuentro entre los convencionales y los ciudadanos.

Sin embargo, a solo días de la segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, parte de los convencionales se sumó a distintas actividades de campaña. Por ejemplo, Paulina Veloso (RN) Katerine Montealegre (UDI) y Cecilia Ubilla (IND-UDI) hicieron campaña por el candidato republicano. Ruth Hurtado, convencional y vocera de la campaña de Kast, incluso acompañó al candidato al debate Anatel realizado este lunes.

Por otro lado, Pedro Muñoz (PS), Benito Baranda (INN), Fernando Atria (FA), Alejandra Pérez (ex Lista del Pueblo) y Manuel Woldarsky (ex Lista del Pueblo) se sumaron a convocatorias para apoyar al candidato del Frente Amplio. También destacó la reunión de la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncon, con la jefa de campaña de Boric, la doctora Izkia Siches. Juntas participaron en un acto de apoyo al candidato en Valdivia.

Frente a la participación de Loncon en actividades de campaña de Boric, ayer el diputado Bernardo Berger (RN) presentó un oficio en que pide intervención de la Contraloría por eventual mal uso de recursos municipales para ejecutar sus actividades en Los Ríos. “El lunes 13 de diciembre se realizó un acto público convocado y organizado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, que correspondía a una actividad de la presidenta de la Convención (...). Esta y otras actividades (...) correspondieron a temáticas propias, no municipales, y a su participación en la campaña del candidato Gabriel Boric”, se menciona en el oficio.

Durante la tarde de ayer, a través de un video publicado en sus redes sociales, el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa (FA) dio a conocer que, “gracias a una gestión eficiente y muy austera de nuestro presupuesto”, la Convención Constitucional ha logrado ahorrar cerca de 970 millones de pesos durante este año.

Sobre este monto, el vicepresidente señaló que se destinará íntegramente los procesos de participación ciudadana y consulta indígena, “en un esfuerzo por potenciar la participación y abrir los canales de trabajo de la Convención Constitucional todavía más”.

Además, en su declaración, Bassa (FA) agregó que la ejecución de estos recursos se hará a través del CUECH (Consorcio de Universidades Estatales de Chile), para garantizar así transparencia y control.

El miércoles la Convención destacó que, desde el pasado 9 de diciembre, se han ingresado un total de 190 iniciativas de norma provenientes de la ciudadanía y organizaciones sociales. Cada una de ellas, más las nuevas que se sumen, deberán reunir un mínimo de 15 mil firmas, con plazo máximo hasta el 1 de febrero, para lograr ser discutidas en la Convención.

71 de ellas pretenden ser destinadas a la comisión de Derechos Fundamentales, 47 a Sistema Político, 24 a Forma de Estado, otras 24 a Medio Ambiente, 14 a Principios Constitucionales, cinco a Sistemas de Conocimiento y otras cinco a Sistemas de Justicia.

Bastián Labbé (IND), convencional coordinador de la comisión de Participación Popular, hizo un balance positivo sobre los primeros días de funcionamiento de la plataforma. “Tenemos una plataforma funcionando, con una cantidad importante de iniciativas que ya se han recibido, otra cantidad que ya están juntando una buena cantidad de firmas”, comentó.

Hasta el momento, la iniciativa que reúne más apoyo, con alrededor de 1.800 firmas, es la de la fundación Acción Educar, la cual tiene como objetivo “asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos”.

Tras un sorteo realizado durante el fin de semana pasado, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que ha recibido más de 1.700 solicitudes de audiencias públicas, creó una subcomisión encargada de definir los criterios para acotar la lista de invitados, pues, según argumentan, no tenían los plazos para recibir a todos los interesados. Esta subcomisión estableció como criterios que en las próximas audiencias se dará prioridad a actores históricamente excluidos y a la representación territorial, entre otros.

Finalmente, se acotó las audiencias a 280 personas u organizaciones, las que serán escuchadas por los convencionales hasta fines de enero de 2022. El listado final fue objeto de críticas, debido a que actores relevantes del sector, como la CPC y el Consejo Minero, además varias universidades y expertos en derecho tributario no podrán ser parte del debate.

Frente a la exclusión, el presidente de la CPC, Juan Sutil señaló a La Tercera: “Lamentamos que la comisión que tiene que redactar los temas económicos y ambientales fundamentales para el desarrollo futuro de Chile, no escuche ni incorpore la mirada del mundo de la empresa”. “El sector privado aporta más del 80% del empleo y del PIB nacional, por lo que vemos con mucha preocupación que se avance a espaldas de los gremios empresariales”, agregó.