El próximo miércoles 8 de marzo vence el plazo que la Corte Suprema dio a la Subsecretaría del Medio Ambiente, y a la seremi de dicha cartera en la Región de Valparaíso, para dar cuenta del “estado actual de tramitación de la solicitud relativa al reconocimiento del Humedal Urbano Borinquén”, presentada el 19 de octubre de 2022 por el municipio de Viña del Mar.

El informe es clave en la resolución del caso que enfrenta a la alcaldía liderada por Macarena Ripamonti (RD) con la inmobiliaria Los Silos III, que hasta el 22 de septiembre del año pasado construía en el sector de Agua Santa el Condominio Borinquén, un Proyecto de Integración Social y Territorial, conformado por 292 viviendas, de las cuales el 20% (59) serán adquiridas por familias vulnerables, y el 80% (233), por familias de sectores medios.

Por “daño ambiental” el municipio también denunció, en el Segundo Juzgado de Policía Local (junio de 2022), a la inmobiliaria Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. por no acatar una orden de ese tribunal que la obligaba a paralizar las faenas de corte de vegetación, durante la construcción del proyecto Terrazas de 1 Norte (456 viviendas sociales), producto de un requerimiento de la Conaf por tala ilegal de bosque nativo; medida que el Juzgado dejó sin efecto el pasado 4 de noviembre, por solicitud de la empresa, luego que esta presentara “los planes de manejo de corrección respectivos”, señaló la corporación.

Además, está por alegarse en la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad, presentado por vecinos en contra de la alcaldesa, por negarse a invalidar el permiso de edificación del mall de Agua Santa, que anunció dejaría sin efecto durante su campaña por no contar con una declaración de impacto ambiental.

Sobre el Condominio Borinquén y el proyecto Terrazas de 1 Norte, la alcaldesa comentó a La Tercera PM que “las últimas cuatro décadas Viña del Mar se convirtió en la ciudad con más campamentos del país, entre otras cosas, por la ausencia total de una política habitacional por parte del municipio”.

Ripamonti agregó que “hemos apoyado y ayudado la organización de comités de vivienda y apoyado a constructoras éticas y responsables. Se debe construir vivienda pública y evitar totalmente la creación de nuevos campamentos, pero estas viviendas no pueden construirse en sectores de alto valor ecológico o encima de zonas de riesgo. Insistir en eso supone una bomba de tiempo para la calidad de vida de todos los viñamarinos. Aquí se debe respetar el medio ambiente, el equilibrio urbano y la ley”.

El 19 de agosto de 2022 la alcaldía presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando paralizar la construcción de Condominio Borinquén, hasta obtener la aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El municipio planteó que la construcción del proyecto de calle Nueva n° 50, con movimientos de tierra y relleno, “ha afectado directamente el bosque y vegetación nativa existente en el sector y el curso de agua de la quebrada Borinquén” y que “el área afectada se encuentra dentro de un sistema de quebradas y afluentes los cuales responden a un conjunto de unidades territoriales que pertenecen a la subcuenca lago Peñuelas”, conocido como “humedal Borinquén”.

Asimismo, aseguró que “efectuada una visita técnica por personal del Departamento de Servicios del Ambiente de esta Municipalidad, se pudo verificar y establecer la existencia efectiva de un efectivo daño ambiental”, el cual -agrega- se encuentra “dentro del polígono de humedal urbano que esta municipalidad junto con organizaciones distintas socioambientales, buscan proteger mediante la declaración de Humedal Urbano Borinquén”. Y citó jurisprudencia, de la Contraloría y la Corte Suprema, que plantea el ingreso de este tipo de proyectos al SEIA, aún cuando la declaración de humedal esté en trámite.

Según plantea la abogada representante del municipio, María José Corvalán, el hecho planteado afecta y vulnera “gravemente” garantías constitucionales, como “la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, no solo de quienes viven en los sectores aledaños al área intervenida, sino que a los habitantes de toda la comuna”.

Pero el tribunal rechazó -con costas- el recurso, el pasado 13 de enero, argumentando que el recurso no alude a un sector en específico, tampoco “a personas determinadas que efectivamente pudieran estar sufriendo los efectos del supuesto actuar ilegal o arbitrario de la recurrida”, y destacó que “no puede dejar de observarse que la actora ha hecho dos intentos de obtener dicha declaración (de humedal urbano) de parte de la autoridad especializada, y aún no lo consigue por no haber acompañado la documentación necesaria, que permitiría la correcta evaluación de su solicitud; por lo que aparece, hasta el momento, desproporcionada la pretensión de detener la ejecución de obras destinadas a construir viviendas sociales, y para sectores medios, bajo supuestos jurídicos y fácticos que se advierten discutibles”.

El 19 de enero el municipio presentó un recurso de apelación, y el caso fue elevado a la Corte Suprema, donde la inmobiliaria recientemente informó que un perito judicial -que también trabaja para la Corte de Apelaciones- concluyó que “las mismas (obras) se encuentran fuera del área solicitada por la I. Municipalidad de Viña del Mar como humedal urbano Borinquén y, por dicha razón, no se aplican los supuestos establecidos en la letra s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 (Sobre Bases Generales del Medio Ambiente)”; que supone el ingreso del proyecto al SEIA.

En la apelación, la abogada del municipio aseguró, respecto de no individualizar a los supuestos afectados, que “la protección de esta clase de bienes no se deja en manos exclusivas de un individuo afectado, sino que pueden protegerse por una organización no gubernamental por ejemplo, y con mayor razón una entidad edilicia puesto que ambas se representan a través de interés colectivo, en beneficio de la comunidad toda”.

Y que, “en virtud de este principio precautorio es que no puede medirse el impacto de una supuesta ‘desproporción’ de la pretensión de detener la ejecución de las obras, ‘bajo la supuestos jurídicos y fácticos que se advierten discutibles’ como lo indica la sentencia”, en relación a la solicitud de declaración de humedal, en proceso.

Así lo confirmó el seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, quien señaló que en octubre el municipio volvió a presentar el requerimiento:

“En el caso de la solicitud para reconocimiento de Borinquén, se volvió a abrir el expediente con la entrega del documento de forma más completa. En ese sentido, está en trámite nuevamente. Cabe recordar que a raíz de la situación de catástrofe (incendio del 22 de diciembre), se congelaron los trámites por resolución del ministerio. Y, ahora que terminó la declaración de catástrofe, fueron retomados los procedimientos”.

El municipio había presentado una primera solicitud el 21 de abril de 2022, pero luego Ramírez informó a Ripamonti que archivaría el requerimiento porque estaba incompleto.

De esta forma, y en caso de ser declarado humedal urbano, la Suprema podría solicitar el ingreso del proyecto al SEIA, y la adquisición de viviendas se retrasaría, a lo menos, un año más.