“Suspensión por cuatro meses y mitad del sueldo”: coronel (R) Crespo arremete contra senadora Campillai por acusarlo de “violador de DD.HH.”

La pugna judicial entre Claudio Crespo -excarabinero acusado de dejar ciego al estudiante Gustavo Gatica durante las protestas del 18-O, en 2019- y la senadora Fabiola Campillai sumó un nuevo capítulo.

Fue el 25 de agosto que el coronel (R) interpuso un recurso de protección en contra de la senadora, quien también es víctima tras perder la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena durante el estallido social. El motivo de la acción son unas declaraciones de la parlamentaria en que lo acusó de “violador de derechos humanos” y lo vinculó con la empresa Full Clean, la cual se adjudicó un contrato con el Estado por cerca de $40 millones.

En su escrito argumenta que la empresa “no me pertenece” y que hay una “manifestación inequívoca de la intención dolosa de la recurrida de achacarme el dominio de dicha entidad comercial de la cual soy empleado”. También añade que la vinculación que hizo la senadora Campillai le valió una serie de amenazas, tanto a él como a su familia, y que ha debido iniciar un tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

En una primera instancia, la Corte rechazó el recurso del uniformado en retiro; sin embargo, este elevó su reclamación a la Corte Suprema y esta lo declaró admisible y ordenó su tramitación. Luego de eso, el tribunal de alzada solicitó un informe a la senadora Campillai para que diera cuenta de sus dichos.

Pero esa respuesta no llegó y, a partir de eso, Crepo inició otra ofensiva judicial. En esta oportunidad a través de una solicitud de sanción para la parlamentaria presentada en la Corte de Apelaciones.

“Tomando en consideración que la recurrida es miembro de un órgano del Estado, y que por dicho motivo la naturaleza de su incumplimiento a la orden dada por esta Corte supone un nivel de gravedad mayor por el manifiesto desprecio a la institucionalidad y a esta Alta Judicatura, es que venimos en solicitar se aplique la máxima sanción”, se lee en el escrito.

El castigo que pidió el excoronel, a través de esta acción judicial, tiene que ver con “suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual la funcionaria gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas”.

Sin embargo, desde el entorno de Campillai aseguran que la petición del informe nunca les llegó, pues, creen, el mail al que se envió la notificación no era el de la parlamentaria.

En el registro de la causa, el reporte le fue solicitado el 2 de octubre al correo fcampillay@senado.cl : “Se ordena informe al recurrido, quien deberá evacuarlo en el término de cinco días, remitiendo a esta Ilma. Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el N°15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, se lee.

Pero la casilla electrónica de la parlamentaria no es a la que se envió el correo, argumentan desde el círculo de la senadora, pues su apellido no está escrito correctamente.

Será la Corte, nuevamente, la que deberá zanjar la otra disputa judicial que tiene enfrentados a Crespo y Campillai, todo, a cuatro años de un estallido social que se sigue tramitando en tribunales.