Tribunal Constitucional: Lluvia de iniciativas parlamentarias para restar facultades

El debate respecto del rol y las facultades que tiene el Tribunal Constitucional (TC) llegó para quedarse y el nuevo Congreso no podrá eludir la discusión de una modificación constitucional que impida a ese tribunal seguir haciendo uso del control preventivo que le ha permitido en el último tiempo incidir en emblemáticos proyectos de la administración de Michelle Bachelet, como lo fue la inconstitucionalidad de artículos clave en la Ley de Educación Superior y la legislación que dotaba de facultades sancionatorias al Sernac.

Hoy y en espera que el TC emita una declaración, según consignó El Mercurio, dos iniciativas parlamentarias de modificación de la Carta Fundamental ingresaron al Senado y la Cámara de Diputados para que se abra debate sobre la eliminación del control preventivo de leyes que en la actualidad ha empoderado a los miembros del TC y la ha transformado –según lo ha planteado algunos sectores de la clase política- en una "tercera Cámara", pudiendo desechar la tramitación legislativa.

Los diputados Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS), y, en paralelo, un grupo de senadores encabezados por Felipe Harboe, presentaron modificaciones constitucionales que apuntan a eliminar la obligatoriedad del control preventivo, pero además disminuir la cantidad de ministros que lo integran (actualmente son 10) y –asimismo- apuntan una seria crítica a la capacidad intelectual de sus integrantes, exigiendo que no sólo sean abogados, sino además expertos en materias constitucionales y de Derecho Público.

En ambas iniciativas se pide al Congreso legislar para acotar el poder que actualmente tiene el TC para "echar abajo" el trabajo legislativo en importantes materias cuya discusión a veces ha durado años. "En cuanto a sus atribuciones, se limitan las competencias del Tribunal, eliminando el control preventivo de constitucionalidad vía requerimiento, manteniendo el de leyes interpretativas, orgánicas y de los tratados internacionales, en cuyo caso se debe acordar la inconstitucionalidad por las cuatro quintas partes de sus miembros, siguiendo las propuestas de otros proyectos en trámite. Se refuerza el control represivo (inaplicabilidad por inconstitucionalidad), además de la facultad de resolver conflictos de competencias entre órganos del Estado; resolver inhabilidades e incompatibilidades de parlamentarios, etc. Cabe señalar que, al igual que en el caso alemán, el Tribunal siempre actuará a requerimiento de parte, y no de oficio como ocurre en algunos casos dispuestos en el actual artículo 93 de nuestra Constitución", dice el proyecto de Walker y Soto.

En esa misma línea, la iniciativa ingresada por Harboe en conjunto con los senadores DC Carolina Goic y Francisco Huenchumilla, el PS José Miguel Insulza y la PPD Adriana Muñoz, detalla que "se elimina, en el numeral 1 del art 93, el carácter obligatorio del control preventivo de constitucionalidad en los casos que se indica, pasando a una legitimidad activa que radica exclusivamente en el Congreso, pudiendo solo conocer el TC, a requerimiento de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros".

Para Harboe, es importante esta modificación pues "se pretende evitar que el órgano constitucional actúe antes de que la ley entre en vigencia, formando parte del procedimiento legislativo, de forma improcedente. Junto a lo anterior, se propone reducir la competencia del Tribunal Constitucional, a aquellos casos en que la calificación como orgánica constitucional que se efectúe respecto de una ley, haya sido declarada por ambas mesas del Congreso Nacional, durante la tramitación legislativa. Con ello, se busca asegurar la coherencia jurídica y política en la decisión de requerir la intervención del Tribunal, circunscribiendo el eventual debate a temáticas que ya hayan sido discutidas, planteadas y advertidas en el trámite legislativo correspondiente, a fin de evitar la instrumentalización de un órgano llamado a velar por la supremacía constitucional".

Walker y Soto plantean reducir a nueve la cantidad de integrantes del TC y que ahora sean nueve, así –dicen los diputados- "siempre operará la simple mayoría para la toma de acuerdos, ya sea que el Tribunal deba funcionar en pleno o dividido en salas, y la mayoría cualificada según corresponda". Hoy por hoy cuando empatan el presidente de la instancia tiene un rol dirimente, con el que se buscaría restar poder a esta facultad.

Respecto a la conformación del TC, los diputados plantean que tres de sus ministros sean nombrados por el Presidente de la República, y que otros tres lo sean escogidos por el Congreso Nacional incluyendo entonces la voz de la Cámara de Diputados, ya que hoy sólo es resorte del Senado estos cupos. "Serán electos por el voto de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Se modifica completamente la actual forma de nombramiento por parte de este poder del Estado, donde el Senado tiene un rol más preponderante que la Cámara de Diputados y así existirá una necesaria e implícita obligación para todos los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, de llevar a cabo un debate amplio e inclusivo y en igualdad de condiciones sobre el nombramiento o las propuestas, en su caso".

Y se mantendrán los tres cupos de designación de la Corte Suprema.

En contrapunto, el proyecto de los senadores propone transparentar los procesos del sistema de nombramientos. "Se propone un procedimiento que asegure una instancia de postulación de carácter público, donde los aspirantes al cargo que cumplan con los requisitos establecidos puedan optar al legítimo derecho de ser considerados. Se contempla, además, la participación en el proceso tanto del presidente de la República, como de la Corte Suprema y ambas Cámaras. Se propone, además, introducir instancias de transparencia y acceso a la información, mediante el carácter especial y público de la sesión en que el candidato deberá formular una exposición de su postulación al cargo", dice el texto.

Para Walker y Soto es necesario además limitar la duración de 9 a 6 años y que la renovación sea de todos los ministros y no parcial como ha ocurrido estos años.

Otro factor importante –para ambos proyectos- es la idoneidad de quienes ocupan este cargo. Cabe recordar que nombramientos como el del ex diputado UDI Cristian Letelier como ministro del TC generaron críticas del mundo académico por no haber tenido experiencia en materias constitucionales al momento de asumir.

En la iniciativa de los diputados DC y PS la idea es elevar los requisitos para integrar este TC debiendo los postulantes acreditar 15 años de ejercicio profesional y junto a esto haber destacado en actividades académicas vinculadas a ámbito del derecho público durante 10 años en una universidad acreditada.

Para el senador Harboe, en tanto, "se considera necesario establecer normas más exigentes a la hora de regular el nombramiento y los requisitos que deben cumplir los aspirantes a tan alta magistratura. Así las cosas, parece insuficiente la genérica y poco clara exigencia de cumplir con el requisito de haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública".

En ese sentido el ideal –para el legislador- es que se iguale a las exigencias que se hacen a los integrantes de los tribunales ambientales. "Se debe acreditar especialización en el área que analizan de manera exclusiva, parece no solo necesario sino imperativo, el exigir que quienes deberán dirimir sobre cuestiones de carácter constitucional, con eventuales repercusiones en el general de la sociedad, demuestren no solo vastos conocimientos en la materia, sino que cuenten con un grado académico superior al que se posee por el solo hecho de ser abogado", sostuvo.

En el caso del proyecto de los senadores, hay un factor adicional: Huenchumilla es presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, y pondrá en tabla la discusión de proyectos vinculados al tema. Entre ellos, el aprobado en la Cámara Baja, y que en su momento tuvo los votos a favor de los actuales ministros RN Cristián y Nicolás Monckeberg; el de los senadores PS Isabel Allende y Alfonso de Urresti, y el del grupo de senadores liderados por Harboe.